Alberto Casero ha comunicado a la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que renuncia a su escaño en el Congreso "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido", según han informado fuentes de la cúpula de la formación. Horas antes, Casero había solicitado la suspensión de militancia después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación de caudales públicos.

En concreto, el magistrado instructor del alto tribunal Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

Fuentes de la formación de 'Génova' también han señalado que el hasta ahora diputado "ha adoptado esta decisión de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor".

El PP abrió en verano de 2022 un expediente informativo contra Casero. En septiembre de ese mismo año, después de que el magistrado propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra él por indicios de prevaricación, la portavoz del Grupo Popular dijo entonces que el partido tomaría más medidas si el juez decidía abrirle juicio oral. Al final, ha sido el propio Casero el que este viernes ha pedido esa baja del PP y después ha renunciado a su escaño.

Casero, diputado en la XIII y en la presente legislatura, fue responsable de Organización del PP cuando la formación estaba liderada por Pablo Casado. Dado que fue mano derecha del entonces secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, conoce bien los Estatutos del PP y sus normas disciplinarias.

Este diputado extremeño -fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019- saltó al foco mediático por su error en la votación de la reforma laboral en el Pleno del Congreso a primeros de febrero del año pasado, una equivocación que permitió al Ejecutivo salvar la norma en la Cámara Baja.

Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Así las cosas, cabe esperar que el procedimiento -que se dirige contra Casero por presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos cuando era alcalde de Trujillo- regrese a los juzgados de dicha localidad extremeña, donde se inició la investigación.