El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas hacía de conseguidor de contratos para la red desarticulada en el caso Mediador, ofrecía sus contactos en la Guardia Civil, en los países del Sahel donde había tenido mando e incluso con el empresario Eustasio López, responsable del grupo hotelero Lopesan, donde ofrecía un contrato para instalar paneles solares. “Vete pensando qué quieres por eso, porque eso sí que es dinero”, le decía en una de las conversaciones grabadas del caso Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario entre políticos y autoridades que da nombre al caso. 

En las grabaciones localizadas en los teléfonos de Navarro, el general, que fue durante años responsable de la Guardia Civil en Las Palmas, mantiene que el empresario Eustasio López es “amigo íntimo” suyo y por eso “vamos a poner las placas solares en los hoteles suyos”. Desde ese momento, la posibilidad de hacer negocios López, considerado uno de los hombres más ricos de Canarias, pasó a ser otro de los reclamos del conseguidor para conseguir dinero de los ganaderos. “Mañana tengo aquí a Eustasio López en Fuerteventura y terminamos una reunión con él para que le vendas todo el queso a Lopesan”. le aseguraba Navarro Tacoronte a otro productor ganadero, al que cobraba importantes mordidas para rebajar una sanción administrativa. Otro de los reclamos utilizados por la trama gracias al general de la Guardia Civil fue el de Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas.  

A este respecto, el intermediario declaraba lo siguiente en sede judicial el 12 de abril de 2022: “El General se enfada y corta las relaciones con Bautista (uno de los empresarios que presuntamente pagaron) y se encarga de que sus contratos con Lopesan, Ramírez y Eulen no prosperen. Que esto lo sabe por una conversación de Bautista hacia el declarante. Que ya se habían empezado reuniones con Lopesan y Ramírez, con Eulen no lo sabe. Que Ramírez era un proyecto de montar placas solares en la BMW y Lopesan en los hoteles de Costa Melonera. Que con Lopesan no llego a haber ningún contrato en curso. Que el General le dice por audio que ha truncado los contratos con Ramírez y Melosan”. 

El nombre de Eustasio López saltó a la vida pública no solo por su labor empresarial, si no por su presunta implicación en lo que para la Policía Nacional fue la Operación Vara, pero que pasó a la prensa como el caso “18 Lovas”, donde el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas investiga 24 presuntos delitos de prostitución de menores. El pasado verano, la Audiencia confirmó al empresario hotelero como uno de los seis procesados, acusado de contratar presuntamente dos servicios sexuales con menores. A principios de febrero la celebración del juicio se retrasó cuando el principal acusado rechazó su defensa.

Así, la cercanía del general a determinados empresarios e instituciones públicas le hizo parecer la puerta a una posible mina de oro para los investigados. Sobre el papel, era capaz de acercarles a contratos públicos y privados, de plantear un proyecto de 35 millones de euros para la instalación de placas solares en Mozambique o Cabo verde, de levantar un teléfono y presionar para que el Seprona se personase en la finca de algún ganadero que se negase a pagar el “impuesto revolucionario”, como el propio intermediario define en una de sus declaraciones ante el juez el cobro al que sometían a algunos profesionales ganaderos. 

Sin embargo, esa mina de oro tenía un precio: el 10% según las grabaciones de los investigados para proyectos como el de Mozambique y Cabo Verde, y una comisión en efectivo para otros negocios, además de que la amante con la que el general mantenía una relación desde hacía 20 años según los investigados, fuera contratada en una de las empresas con un sueldo de 3.000 euros al mes. “Así mientras trabaja no me pide dinero”, decía el general. “Para eso tiene que traer un negocio de un millón”, aseguraba en otro momento el empresario que debía contratarla, preocupado por el coste. 

Pero las peticiones no pararon ahí. El ex alto mando de la Guardia Civil quería además una tarjeta de gastos a nombre de un tercero, y una carta de invitación para poder viajar a Canarias desde Madrid con la excusa de impartir una conferencia. Su objetivo real, lejos de trabajar, era encontrarse en la isla con su amante. Por si eso fuera poco, el general jubilado en verano de 2021 pidió presuntamente, además de los costes del viaje y la carta que daba coartada a su viaje, una cantidad en efectivo. 2.000 o 3.000 euros. Su argumento, según los pagadores, fue todavía más complejo: si salía de viaje por trabajo, no podía llegar a casa sin dinero, ya que su mujer podría sospechar. “Pero vas a follar todo pago y te vamos a dar un dinero, ¿eh?”, decía el empresario que abonaba las facturas a modo de protesta.