El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado claro sobre el aborto: "No es un derecho fundamental si nos atenemos a la convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", ha señalado intentando zanjar este miércoles el debate interno que se ha abierto estos días en el seno del partido sobre el aborto tras su respaldo público al sistema de plazos al conocer la decisión del Tribunal Constitucional que avala la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el PP recurrió al tribunal de garantías.

Sí ha señalado el líder del PP "el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país", matizando que "fuera de esa ley no puede producirse", pero siempre dejando claro que "no es un derecho fundamental". Feijóo ha afirmado pues que el aborto es un derecho de la mujer, a pesar de que su partido reiteró este lunes que la posición de la formación era la fijada en su última ponencia ideológica, de 2017, que sostenía que "el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".

Con esta respuesta Feijóo nada pues entre dos aguas pues ya ha reiterado su respaldo a la ley de plazos de 2010, que el TC considera constitucional y que mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy, con el argumento de que debe "formar parte del consenso" ante una cuestión, la del aborto, en la que influyen cuestiones éticas, morales, religiosas y de conciencia, pero que se debe "regular". Feijóo ha dado su apoyo a todas las mujeres que quieran abortar "siempre que lo hagan dentro de ley" y también ha apostado por apoyar y dar todos los medios necesarios a las mujeres que no quieran hacerlo.

El partido lleva varios días con debate interno por las declaraciones que realizó Feijóo el pasado viernes asegurando que una ley de plazos "bien construida", le parece "correcta" y va en línea con la legislación de otros países europeos. Sus palabras han provocado críticas en el sector más conservador del PP, como las del exministro Jorge Fernández Díaz o de la plataforma NEOS que abandera el exministro Jaime Mayor Oreja. Esta última ha señalado que "otorgar al aborto la consideración de derecho es un salto definitivo".

También varios firmantes del recurso del PP contra la ley del aborto consultados por Europa Press expresaron el viernes su "indignación" por ese respaldo público de Feijóo al sistema de plazos y le acusaron de hacer "seguidismo" de la izquierda, subrayando que esa posición se aleja de lo aprobado en el XVIII Congreso del PP, que señala que el aborto "no debe entenderse como un derecho".

Además, alertaron de que ese paso puede provocar una fuga de votos a Vox. A las críticas se han sumado voces como el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quién ha acusado al PP de "traición" a la causa de la vida de forma "total y absoluta" por aceptar la Ley del Aborto tras el fallo del Constitucional.

El aborto ha provocado siempre debate en las filas del PP y así se visualizó en ese XVIII Congreso del año 2017, al que se presentaron numerosas enmiendas. Al final, la ponencia social quedó aprobada en ese cónclave en estos términos: "El PP está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".

Ante el debate abierto, en la cúpula del PP han intentado cerrar la polémica. El coordinador general del PP y director de campaña del 28M, Elías Bendodo, aseguraba desde Santander que el PP "no es un partido monolítico" y "ensancha cada día su base social más". A su entender, "caben todas las opiniones".

De la misma manera, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, que admitía que en el PP, como en la sociedad española, hay "muchas sensibilidades" en relación al aborto y que son "tan respetables las de unos como las de los otros". Además, ha afirmado que la ley del aborto en vigor lleva más de una década en vigor y "asumida por la sociedad española" a pesar de que incluye algunas cuestiones que los populares no comparten.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba que la posición del PP respecto al aborto ya fue definida por el presidente del PP y ha negado a "dar carnaza a la izquierda para que siga alimentando una polémica estéril en un tema complicadísimo".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aprovechado hoy una pregunta de ERC en el Congreso para interpelar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si es el aborto un derecho de las mujeres y si su posición política la marca de nuevo "los elementos más ultras de la derecha española". Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bolaños no se ha ajustado a la pregunta de la diputada de ERC Carolina Telechea sobre la ley de Memoria Democrática y ha empezado su respuesta con una pregunta dirigida directamente al PP y a su presidente.

"Discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy, pero no he escuchado una pregunta que interesa y mucho a las mujeres españolas, una pregunta al Partido Popular y al señor Feijóo ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas?, si o no", ha señalado Bolaños. El ministro ha preguntado además al PP si vive en la España y en la Europa de 2023 "o quiere hacer retroceder 50 años en los derechos de las mujeres".

La diputada de ERC ha contestado, por su parte, a Bolaños que está muy bien que recrimine al PP su postura sobre la Ley del Aborto, pero le ha reprochado que intenten pactar con ellos la reforma de la ley del sólo sí es sí.

Los representantes de las principales confesiones religiosas en España, católicos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos y anglicanos, han firmado este miércoles una declaración interreligiosa en defensa de la vida, para mostrar su unión contra la ley del aborto, de la eutanasia y contra la postura del Tribunal Constitucional que va a avalar la ley del aborto de 2010, y piden a la sociedad y a los políticos que "reflexionen". Según han confirmado fuentes de la CEE, la declaración será entregada a los tres poderes del Estado --legislativo, ejecutivo y judicial--, es decir, al Gobierno, al Congreso y al Tribunal Supremo.