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Siete votos progresistas frente a cuatro conservadores. Es el resultado de la votación del Pleno del Tribunal Constitucional sobre la primera gran sentencia debatida, la de la Ley de Plazos del Aborto, después de más de doce años en el el TC. Los magistrados de la mayoría han tumbado la ponencia del conservador Enrique Arnaldo que cuestionaba, por insuficiente, la información que se da a la mujer que desea interrumpir su embarazo. Enfrente, los cuatro conservadores, han apoyado a su compañero. Es decir, se han alineado por bloques, exactamente igual que lo hacían antes de la renovación, con la diferencia de que ahora la mayoría es progresista.
En aproximadamente un mes, la vicepresidenta del tribunal, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, emitirá una sentencia que avale la totalidad de la Ley de José Luis Rodríguez Zapatero, rechace el recurso del PP y ponga fin a más de una década de vida dormida de ese asunto.
"A ningún magistrado de ningún tribunal le gusta que le definan como progresista o conservador", aseguraba un miembro del TC a Nius hace unos días. Pero también admitía que la corte de garantías aborda asuntos políticos, y que en muchas ocasiones, la sensibilidad de los miembros del TC se retrata en las sentencias.
A veces, como ocurrió con el debate sobre el confinamiento del estado de alarma, los sectores se diluyen y los votos se cruzan. Pero cuando se habla de asuntos tan ideológicos como el aborto, los bloques responden como tales, aunque los debates sean técnicos. Es una cuestión del color del cristal con que se mira. El Pleno del nuevo Tribunal Constitucional acaba de echar a andar, pero la votación sobre la Ley del Aborto, da una idea de cómo van a ser las cosas, y en esto de la división, van a seguir siendo como en la última etapa de mayoría conservadora.
Desde el primer momento se vio que las distancias se iban a mantener. La elección de Cándido Conde Pumpido como presidente ya retrató el escenario. Conde Pumpido era el "candidato oficial de los progresistas", pero le salió una rival dentro de ese sector, Mª Luisa Balaguer. Los conservadores, que la preferían a ella por considerarla más alejada del Gobierno, decidieron votarla.
Finalmente, lo hicieron así, y los progresistas respondieron rompiendo la tradición de que presidente y vicepresidente fueran de distinto signo. Eligieron como Vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, en vez de al conservador Ricardo Enríquez.
A ese Pleno, el 11 de enero, se llegó tras un juego de estrategias de ambos sectores y de reuniones de los dos bloques por separado. Fuentes del tribunal confesaron a NIUS que en el sector conservador molestó, y mucho, la elección de Montalbán, no por ella, sino por la ruptura de la tracidición.
Esta semana tocaba un nuevo Pleno del TC y sus tres días han estado marcados por el debate alrededor del aborto. Desde el principio, de nuevo, se apuntó la división. En la primera decisión que hubo que tomar con respecto al recurso contra la Ley del Aborto, la abstención de Concepción Espejel, los magistrados votaron en dos bloques claramente diferenciados. La abstención fue rechazada por los siete votos de la mayoría progresista frente a los de los magistrados conservadores.
Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa (Espejel no votó) anunciaron votos particulares contra la decisión de la mayoría de rechazar la abstención de la magistrada, que esgrimió que cuando era vocal del CGPJ había vertido opiniones muy contrarias a la Ley de Plazos del Aborto. Los progresistas señalaron que esas opiniones se habían emitido hace ya más de 12 años y que es lógico que ocurra así, porque los magistrados del Constitucional tienen un pasado en el que muchas veces se han visto obligados a participar en dictámenes.
Aceptarla, habría supuesto dar munición para las recusaciones de otros tres magistrados -Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo, e Inmaculada Montalbán- por motivos similares. Y eso, habría desencadenado un bloqueo en el tribunal, porque no se podría haber conformado el Pleno al no estar el mínimo de los ocho magistrados necesarios.
Cuando al día siguiente se votaron esas recusaciones, fueron rechazadas por todo el pleno excepto por la propia Espejel. Ahí no hubo bloques, pero porque todos excepto ella estuvieron de acuerdo en que era técnicamente inviable. Eso es así porque los cinco exdiputados del PP que presentaron las recusaciones no están "legitimados" para hacerlo en nombre de los 71 miembros del Partido Popular que en su día llevaron al TC el recurso contra el aborto.
¿Qué habría pasado de entrar en el fondo de la cuestión? pues probablemente habríamos tenido otra división perfecta entre progresistas y conservadores, visto lo que había ocurrido el día anterior con la abstención de Espejel.
La división por bloques no es cosa de ahora. La propia renovación del Tribunal marcó el final de la etapa de Pedro González Trevijano como presidente.
El Gobierno, urgido por renovar el tribunal y darle una mayoría progresista que reflejara el arco parlamentario, hizo una reforma del sistema de elección de los miembros del tribunal. El PP la llevó a la propia corte de garantías justo antes de su votación en el Senado y la mayoría conservadora impuso algo insólito, paralizar un asunto en trámite parlamentario. De la misma forma, ese sector vetó las recusaciones de Unidas Podemos contra dos de los cuatro magistrados que tenían que ser sustituidos, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez.
Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial, que tenía que elegir a dos de los magistrados, desbloqueó la situación y la reforma "perdió urgencia". Pero a la renovación se llegó con dos bloques totalmente cerrados.
Si hasta ahora nos habíamos acostumbrado a ver votos particulares de María Luisa Balaguer o de Cándido Conde Pumpido, el cambio hacia una mayoría progresista hará que sean las tesis de esa sensibilidad las que se impongan en muchos casos, y que los votos discrepantes pasen a estar firmados por Arnaldo, Espejel, Enríquez y Tolosa. Porque haberlos -está claro- los va a haber.
Por delante, el tribunal tiene la tarea de analizar leyes como la del 'sólo sí es sí', la de educación de la exministra socialista Isabel Celáa, la reforma de la malversación y la derogación de la sedición, o la Eutanasia, todas ellas, leyes clave del Gobierno. Esas normas provocaron intensos debates en el Parlamento y tras ser aprobadas fueron recurridas ante el TC, que parece dispuesto a reproducir las discusiones del Hemiciclo.