Sobre la mesa, el Tribunal Constitucional tiene esta semana el recurso contra la Ley de Plazos del Aborto, aprobada hace 13 años. Pero antes de entrar en el análisis del borrador, el Pleno tiene que decidir quien participa en el debate y quien no. Una magistrada conservadora, Concepción Espejel, había presentado su abstención porque cuando era vocal del CGPJ emitió una dura opinión contra la Ley. Sin embargo, sus compañeros han rechazado que se aparte porque esa opinión fue emitida "hace más de doce años", y es habitual que los magistrados del Tribunal Constitucional, juristas de reconocido prestigio, hayan participado en dictámenes o tomado decisiones a favor o en contra de normas.

Han sido los magistrados progresistas los que han parado la abstención, porque, más allá de argumentos jurídicos, aceptarla habría sido abrir la puerta a las otras tres recusaciones presentadas por cinco exdiputados del PP, incluido Federico Trillo. Esos exparlamentarios quieren que se aparte a la magistrada Inmaculada Montalbán, también vocal del CGPJ en la época en la que se aprobó la Ley; también recusan a Cándido Conde Pumpido, que como fiscal general del Estado mostró su acuerdo con la norma; y por último a Juan Carlos Campo, que entonces era secretario de Estado de Justicia.

De momento, el Pleno ha dejado para este miércoles el debate de las recusaciones, pero todo apunta a que se van a rechazar.

Si hubieran aceptado que Espejel se abstuviera, habrían valido los mismos argumentos para los otros magistrados. Y eso habría abocado al Pleno a una situación diabólica: no poder ejercer sus funciones por no tener el número mínimo de magistrados necesarios para conformarse. Sin Espejel y los otros tres, el Pleno se quedaría en siete, por lo que no estarían los ocho necesarios para el quorum requerido.

Después de más de doce años con el recurso en el cajón, y de pasar por las manos de dos magistrados diferentes, el recurso del Aborto volvería a entrar en una espera sine die que el Tribunal no está dispuesto a aceptar. "No podemos permitir que nos dejen sin nuestra jurisdicción", señalaban hace unos días fuentes del Tribunal a NIUS.

Más allá de la sentencia del Aborto, Vox, que visita frecuentemente el tribunal de garantías, ya puesto en marcha una estrategia para intentar dejarlo sin sus ocho magistrados mínimos. Lo ha hecho de cara al debate sobre la reforma de la Ley que elimina la sedición y modifica la malversación.

En ese caso, los de Abascal han recusado a Conde Pumpido, a Juan Carlos Campo, a Laura Díez y a Mª Luisa Segoviano. Pero la mayoría progresista está defendiendo ese quorum y todo apunta a que se van a rechazar de plano, al menos las cuatro a un tiempo.

Así que el rechazo de la abstención de Espejel, también deja claro que el tribunal no va a permitir que esa estrategia prospere.

En la larga sesión de este martes, el Tribunal Constitucional sí ha aceptado la abstención de Juan Carlos Campo en varios asuntos. En algunos, porque se cuestiona la actuación de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso y su pareja; en otros, por haber sido ministro de Justicia en las leyes que se analizan.

Las causas en las que no participará por su relación con Batet son las que se presentaron porque el Congreso avaló algunos juramentos para acatar la Constitución; el acuerdo por el que se rechazó la petición de dirigirse al Gobierno y solicitar todos los informes y documentos que integraban los expedientes de indulto correspondientes a los nueves presos condenados en el juicio del ‘procés; o el recurso de Alberto Rodríguez por la retirada de su escaño.

En cuanto a las que le afectan como exministro de Justicia, Campo se queda fuera de varios asuntos, algunos relacionados con la gestión del Gobierno durante la pandemia de coronavirus.

Además, el tribunal ha dado por buena la abstención de Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, para revisar el recurso por el decreto catalán que facilitaba evitar el 25% de castellano en la aulas, por su participación en la redacción del texto.

Lo que no ha salido adelante es la recusación de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo para intervenir en la discusión por el complejo "Isla de Valdecañas". El motivo era que emitió un voto particular, contra la admisión a trámite, en el que se mostraba partidario de la demolición, pero sus compañeros señalan que esa es parte de su función.

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