Cinco meses después de que se aprobase en el Congreso la ley del ‘solo sí es sí’, el pasado 25 de agosto, continúa la polémica tras la rebaja de condena de más de 400 delincuentes sexuales.

Jueces y fiscales ven "un poco absurdo" que el PSOE proponga una reforma del 'solo sí es sí' que vuelve a las penas de la normativa anterior, al haber sido derogada esta por la norma impulsada por Igualdad, y han avisado de que no evitará que se produzcan más rebajas de penas.

En concreto, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha descartado valorar si la reforma propuesta por el PSOE supone un acierto, pero ha alertado de que esta reforma "solo podrá aplicarse a los hechos cometidos posteriormente a su entrada en vigor", por lo que podrán producirse rebajas de delitos anteriores a ello.

En la misma línea, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha advertido de que es "absolutamente incierto" que con esta propuesta de reforma se vayan a evitar las rebajas de penas, como han defendido los socialistas.

"Si la finalidad es endurecer las penas, lo van a conseguir. Si lo que se quiere es evitar rebajas de condenas, no lo van a evitar", ha reiterado. A su juicio, la propuesta de reformar la norma supone "quedar en la misma situación que antes", lo que resulta "incomprensible a menos que se esté asumiendo que no se quería aprobar lo que aprobaron".

Para Fernández Vaquero, esto demuestra "incompetencia" por parte del Gobierno ya que "bastaba con comparar" los números de las horquillas de penas de la ley para verificar que había rebajas de las penas mínimas. En este sentido, ha señalado que "no siempre la pena más dura es la más proporcional" y ha recordado que "voces del campo del derecho penal" advertían antes del 'solo sí es sí' que las penas para estos delitos "eran demasiado elevadas".

Por otro lado, ha manifestado su preocupación por el "uso pervertido" de la iniciativa legislativa, la vía por la que se ha presentado la propuesta del PSOE, y ha avisado de que estas proposiciones están pensadas para ser llevadas a cabo por grupos parlamentarios "por propia iniciativa". "Esto es evidentemente promovido por el Gobierno", ha lamentado, para añadir que el Ejecutivo utiliza las proposiciones de ley de "manera espuria y torticera".

Al respecto, la experta en derecho penal de la Juezas y Jueces para la Democracia, Concepción Roig, quien ha señalado a la unificación del abuso y la agresión en la redacción de la actual normal y los amplios marcos penales como "errores de la ley", ha rechazado que se utilice la proposición de ley para llevar a cabo la reforma del Código Penal, más cuando afecta a delitos "de tanta trascendencia", como es el caso.

"Esto debe ser objeto de un análisis con detenimiento y en profundidad, no en el marco de este clima que se ha creado", ha sentenciado Roig, quien ha recalcado, además, que ni la ley anterior ni la reforma propuesta ahora por el PSOE elimina el consentimiento del "eje central".

En este contexto, Portillo, del FJI, ha respaldado que la reforma de textos legislativos "tan importantes" como el Código Penal debe realizarse "con todas las cautelas posibles".

El fiscal Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha calificado, por su parte, esta práctica como una "mala técnica legislativa" porque evita que los organismos consultivos "puedan informar sobre la calidad de la ley". Esta manera "precipitada" es, a su juicio, "un despropósito".

Más allá de ello, Viada ha tildado la reforma de la ley del 'solo sí es sí' como "un viaje de ida y vuelta sin mucho sentido" si se hace con la propuesta del PSOE porque el resultado "se va a parecer mucho a la anterior normativa". "Es absurdo rectificar para esto", ha dicho.

"El Código Penal debería tocarse muy poco. Para que se sepa si una norma es buena o mal es mejor dejar pasar tiempo, unos años. Aquí no se ha dejado tiempo para que los tribunales generen jurisprudencia e interpreten preceptos", ha apostillado.

No obstante, considera "lógico" que en la propuesta del PSOE se introduzca el "concepto de violencia e intimidación como agravante, como estaba antes", y se "distingan así conductas más graves de otras menos graves". Asimismo, ha insistido en que esta reforma no evitará la rebaja de penas.