El pleno del Tribunal Constitucional que empieza este siete de febrero verá, después de trece años y con el debate superado, el recurso del PP contra la Ley del Aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre la mesa, la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, menos dura de lo que se esperaba por parte del magistrado conservador, que fue muy crítico con la norma antes de llegar al tribunal. Pero aún así, su texto no tiene muchas posibilidades de pasar el filtro de la mayoría progresista. Para algunos de los magistrados de esa sensibilidad, el hecho de que declare inconstitucional el tipo de información que recibe la gestante es "paternalista": Fuentes del TC consultadas por NIUS no ven "probable" que la mayoría acepte el reproche de Arnaldo: "La información verbal en este momento es voluntaria para la mujer y hacerla obligatoria, incluso para aquellas mujeres que no la quieran recibir" tiene pocas posibilidades de convencer al bloque mayoritario de magistrados progresistas.

El ponente considera que la información que se da actualmente no garantiza el derecho al consentimiento informado. La mujer recibe información en un sobre y puede ampliarla verbalmente si lo solicita. Para Arnaldo eso es insuficiente. Él considera que todo debería ser verbal, pero en el Pleno son mayoría los que consideran que las mujeres no necesitan ese tipo de tutelas para tomar la decisión de interrumpir el embarazo.

Arnaldo no entra en el tema que más criticó como articulista, el de que las menores pudieran abortar sin consentimiento paterno. Así lo recogía la ley cuando se aprobó, pero el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó esa posibilidad, así que el recurso contra la ley de Zapatero ha perdido sentido en ese punto. Así que su texto ha quedado "descafeinado", pero eso no quiere decir que los reproches que hacen a la Ley vayan a ser aceptados para poner punto final a los vaivenes de una sentencia que lleva casi 13 años de cajón en cajón. El actual ponente es el tercer magistrado que asume esta resolución y si no la saca adelante, aún podría haber un cuarto.

Además de sus pegas a la información para abortar, el borrador hace otras dos puntualizaciones: una al proponer ampliar la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que intervengan antes y después; otra, que el aborto por malformaciones del feto, no se apoye en el concepto de "salud social".

En cualquier caso, antes de entrar en el fondo de la cuestión, los magistrados tendrán que opinar sobre la abstención de la magistrada conservadora Concepción Espejel, y las recusaciones de cinco exdiputados del PP contra el presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la magistrada Inmaculada Montalbán. Entre los firmantes de las recusaciones, Federico Trillo, que como sus compañeros en este escrito, fue uno de los recurrentes en 2010.

Aunque para algunos la decisión de Espejel (que tiene que ser aprobada por el Pleno) compromete la decisión de no apartarse del resto, parece muy difícil que prosperen las recusaciones. Eso es así por un motivo: si cuatro magistrados de los 11 actuales se apartaron, no llegarían al mínimo de ocho miembros necesarios para conformar el Pleno. Y fuentes del tribunal de garantías aseguran que no están dispuestos a que se les deje sin su "jurisdicción" y sin poder cumplir con su función.

La recusación de cuatro magistrados, como la que Vox ha hecho en el caso de la reforma que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, podría crear un grave precedente, que dejaría un tribunal bloqueado sin poder sacar adelante sentencias clave. En el caso de la del aborto, después de 12 años sin resolución.

Según ha trascendido, la mayoría progresista del tribunal Constitucional, de siete magistrados frente a los cuatro conservadores, se inclina por respaldar la ley tal y como está.

Si Arnaldo no consigue convencer a sus compañeros de lo contrario, le quedarán dos opciones: adaptar el borrador a las tesis mayoritarias y después escribir un voto particular, o renunciar. En ese caso, el presidente Cándido Conde Pumpido designaría a otro redactor para la propuesta de sentencia.

Su intención de que la respuesta al recurso vea la luz quedó clara en que una de sus primeras decisiones fuera la fijación del debate para el pleno de la próxima semana.

El siete de febrero, mientras lo magistrados del TC debatan sobre el recurso del PP de hace más de doce años, el Senado afrontará el mismo día el debate sobre la reforma a aquella Ley. Una de sus novedades es precisamente volver a eliminar la necesidad de permiso paterno para el aborto de las menores de 16 y 17 años.

El tribunal, como hemos explicado, no debate ese punto porque la reforma de Rajoy recuperó la necesidad de ese consentimiento. Pero ahora que se vuelve a eliminar, la norma se ha encontrado con las enmiendas a la totalidad de Vox y el PP, que rechazan ese punto entre otros muchos.

Visto que el PP ya lo recurrió y que Vox ha adquirido la costumbre de apelar por todo ante el TC, parece probable que el tema vuelva al Constitucional de nuevo, ya enmarcado en las protestas contra una nueva ley.