Ley o decreto importante que aprueba el Gobierno, ley que Vox recurre en el Constitucional. Casi cincuenta recursos (46) ha interpuesto la formación ante el tribunal de garantías, casi como si fuera una tercera cámara parlamentaria. Y lo cierto es que por esa vía ha conseguido tirar abajo normas que no había podido vetar en el Congreso o en el Senado. Fue el caso del confinamiento del estado de alarma o del parón en el Congreso también durante la pandemia, dos de sus triunfos ante un tribunal que acaba de renovarse y de cambiar su mayoría conservadora por una progresista. Eso puede hacer difícil que prosperen algunos de los recursos de Vox, pero los de Abascal no tiran la toalla y empiezan a dejar ver una nueva estrategia: intentar bloquear la mayoría progresista del TC por la vía de las recusaciones.

Sólo en el primer pleno, el tribunal se tuvo que poner a estudiar cuatro recusaciones del partido contra otros tantos magistrados, todos del sector progresista. Ahora, esas recusaciones están en manos del juez Ricardo Enríquez, que emitirá una decisión y luego se votará por sus compañeros.

Parece difícil que salga adelante, pero si eso ocurriera, Vox habría encontrado la llave para evitar sentencias contra sus recursos, al menos en algunos casos: dejar el Pleno sin los ocho magistrados mínimos requeridos para que se celebre. Así lo ha hecho de cara al debate sobre la reforma del Código Penal que deroga la sedición y cambia la malversación.

Los recusados son: Cándido Conde Pumpido, presidente del tribunal; la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez Bueso; el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la magistrada, recién llegada, Mª Luisa Segoviano; Los motivos alegados, su relación con el Gobierno, y declaraciones vertidas sobre el independentismo en el caso de Segoviano. Los tres primeros pueden ser alegados en numerosos recursos contra leyes del Ejecutivo de Sánchez.

El movimiento no es menor. En este momento, el Tribunal Constitucional tiene 11 magistrados, siete progresistas y cuatro conservadores. Falta el sustituto del conservador Alfredo Montoya, que se dio de baja por enfermedad, y su sillón queda vacante. Así que si a esos 11 se le quitan los cuatro recusados por Vox para ver su recurso contra la reforma que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación, quedarían siete y no se podría formar Pleno.

Si prosperaran algunas de las recusaciones, aunque no lo hicieran todas, la mayoría progresista también bajaría, lo que favorecería las pretensiones del partido de Abascal en asuntos clave para el Gobierno.

Hay que tomar nota de que tanto Campo como Díez Bueso, los magistrados designados por el Gobierno, ya se han abstenido por sí mismos a la hora de revisar recursos de normas aprobadas por el Gobierno para el que han trabajado o decretos con cuya elaboración tuvieron que ver. En el caso de Campo lo ha hecho con la Ley del 'sólo sí es sí'; en el de Bueso, contra el decreto catalán para evitar que el 25% de las clases en Cataluña sean en Castellano.

Laura Díez se abstuvo por haber participado en dictámenes a favor de la norma ahora recurrida. Campo, como miembro del Ejecutivo que aprobó la ley del 'sólo sí es sí'. Sus propios motivos pueden ser adoptados por Vox ahora y más adelante.

Es probable que ellos mismos sigan apartando de causas, mermando la mayoría progresista en el futuro, y si no lo hacen, todavía es mucho más probable que Vox los recuse y que en algunos asuntos también lo haga el PP.

Los motivos que plantea Vox coinciden, en parte, con los que ha presentado Campo, pero incluso van más allá. Señalan que el exministro, que pasó por la Audiencia Nacional hasta que fue designado para el Constitucional, se abstuvo en las causas donde el partido de la ultraderecha era parte. Ahora plantean que si lo hizo entonces, también debería hacerlo en el TC.

Además, si Campo o Segoviano, los dos jueces que vienen de la Audiencia Nacional y del Supremo, han visto alguna causa anteriormente, (igual que sus compañeros que proceden de otros tribunales), deben quedar al margen. Eso es algo que ocurre siempre, pero está claro que Vox no va a dejar pasar ni una.

En cuanto a Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, la recusación de Vox plantea una enmienda que alcanza a largo tiempo: por un lado, el hecho de haber sido fiscal general del Estado hasta 2011, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por otro, haber sido denominado "el candidato del Gobierno" a la presidencia del tribunal por distintos medios de comunicación.

Eso, según Vox, le inhabilita para intervenir en asuntos relacionados con el Gobierno, que es el contenido de la mayoría de recursos del partido de Abascal. También podría tener su efecto en el debate de la Ley del Aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, que se abordará pronto en el tribunal, después de 13 años durmiendo el sueño de los justos.

Lo de la ley del aborto también podría afectar a Juan Carlos Campo, que por entonces era secretario de Estado de Justicia. Aunque de momento, ni uno ni otro han sido recusados por el partido que presentó el recurso, el Partido Popular.

Están en juego las leyes de Eutanasia, de Educación, del 'sólo sí es sí', o la ley Trans, además de otras que puedan llegar. El Gobierno, consciente de los recursos que ya han llegado y de los que están por llegar, además de la necesidad de cumplir con la Constitución, se empleó a fondo para conseguir una renovación que a Vox no le ha gustado y que, por lo que parece, está dispuesto a intentar desactivar por la vía de la recusación.