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Tras dos meses de laboriosa investigación, cientos de horas de videos revisados, miles de fotos de paquetes consultadas a mano y tras seguir la pista al destino de una tirada completa de 135.000 sellos, una bolsa de basura fue la clave para identificar a un jubilado de Burgos, de nombre Pompeyo G, como el presunto autor de las seis cartas "explosivas" remitidas a finales de noviembre al ministerio de Presidencia, al ministerio de Defensa y a otras instituciones y empresas en protesta por el apoyo español a Ucrania tras la invasión de su territorio sufrida por las tropas rusas. Fue la noche del 18 de enero cuando los agentes esperaron de forma discreta frente a la puerta de su casa y esperaron a que el objetivo bajase a tirar la basura. Cuando se marchó, los investigadores fueron al contenedor y se llevaron la bolsa para analizarla. Es lo que se conoce en el argot judicial como la “prueba abandonada”. Si lo tiras, es que ya no lo quieres, por lo que su uso policial ya no vulnera tu intimidad.
Para los investigadores, esa bolsa de basura aportó la confirmación definitiva. Los expertos de la Policía Científica habían logrado extraer ADN de las seis cartas incendiarias localizadas desde que arrancaron los envíos el 24 de noviembre del año pasado, con la llegada de un paquete al Ministerio de Presidencia, con sede en Moncloa. Dos de ellas, que los Tedax consiguieron desarticular sin activar el mecanismo, tenían también muestras de ADN en el artefacto explosivo. La investigación quedó entonces en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el caso como un presunto delito de terrorismo. En el interior de los paquetes había siempre una caja de madera “manufacturada a mano, con un artefacto explosivo casero”, Además, los expertos de la Científica encontraron ADN de un varón desconocido. Siempre el mismo perfil. Y encontraron una coincidencia con la bolsa de basura recogida aquella noche en el contenedor de la calle Clavel de Miranda de Ebro.
Sin embargo, aquel era el final del camino. El resultado de una laboriosa investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, coordinada por la Comisaría General de Información, que ha contado con el apoyo de agentes de varias provincias y que comenzó con la llegada de los distintos paquetes a la capital. Con las cámaras de seguridad de los Centros de Tratamiento de Correos, los agentes confirmaron que el paquete destinado a Presidencia pasó por el centro de reparto de Madrid el día 21 de noviembre a las 18:20 y que el resto pasaron por las mismas dependencias entre el 28 y el 30 del mismo mes. Tres de los envíos, que no explosionaron, sirvieron para saber que los paquetes habían pasado antes por el centro de distribución de Valladolid, que mata los envíos con número concreto: el 47. Eso llevó a los agentes a considerar que las cartas bomba eran enviadas desde algún lugar de la provincia de Burgos, y delimitaron que los sellos utilizados se vendían solo en dos estancos de la capital.
El puzzle comenzó a cerrarse con horas y horas de trabajo. Hubo que revisar a mano miles de imágenes para confirmar el paso de cada uno de los paquetes. Después, los agentes revisaron cientos de horas de las cámaras de seguridad del CTA de Valladolid para conocer la procedencia de los camiones que habían traído los paquetes. Solo así pudieron saber sin género de dudas que los envíos se habían realizado desde Burgos; localizando en las imágenes el momento en el que cada uno de los paquetes salía de las furgonetas. No hubo más tecnología para ello que la del sacrificio personal y el ojo humano.
Otro punto determinante fue el tamaño de los sobres, que no estaba entre los más utilizados. Los agentes lograron saber por las características, por la solapa y el tipo de cierre, que se trataba de sobres que solo comercializaba una empresa catalana por medio de su propia página web. Así que preguntaron al proveedor si habían tenido algún pedido reciente de ese modelo concreto, y aportó 45 nombres. Los agentes cerraron más el círculo ¿Y alguno desde la provincia de Burgos? La respuesta fue afirmativa, y esa la primera vez que los expertos de la Brigada Provincial de Información de Madrid tuvieron sobre la mesa el nombre de Pompeyo G, el ahora detenido. Según los datos del vendedor, ese señor había comprado el día 5 de noviembre 25 sobres de las mismas características. Y efectivamente, residía en una dirección concreta de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.
Con esto sobre la mesa, los investigadores se centraron en las otras compras que el sospechoso había realizado online. Entre junio y julio, compró un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes en varios pedidos a Amazon. Entre octubre y noviembre compró también pegatinas adhesivas, bisagras, toda clase de tornillería, brocas y plantillas para dibujar números y letras. En ese momento, los análisis caligráficos realizados a los sobres que no habían salido ardiendo confirmaban que el autor de las cartas habría utilizado algún tipo de plantilla para escribir las direcciones y evitar así que su letra fuera conocida por los investigadores. Para intentar evitar las investigaciones, el sospechoso había realizado los pedidos con cuentas con identidades ficticias.
135.000 sellos de Santa Tecla
De forma paralela, hubo una tercera vía: la trazabilidad de una tirada completa de 135.000 sellos de Santa Tecla, ya que era uno de los utilizados por el autor de los envíos. Así que los agentes pidieron a Correos la distribución completa por toda España de los sellos emitidos en esa tirada completa. Todos. Y fueron confirmando punto por punto la venta del papel timbrado. Cuando llegaron a la provincia de Burgos, donde ya sospechaban que estaba el presunto terrorista, confirmaron que solo dos estancos de la ciudad habían recibido ejemplares de ese modelo de sello concreto. Si estaban en lo cierto, el agresor tenía que haber comprado los franqueos allí.
Con esos datos ya encauzados, los investigadores cruzaron los datos de tres fuentes distintas: el tráfico de teléfonos registrado en las antenas cercanas a los estancos de Burgos donde se vendieron los sellos, las IP que habían consultado desde internet las páginas web de los receptores de las cartas, y la utilizada por el principal sospechoso para realizar las compras por internet. Tal y como avanzó este diario, encontraron varias coincidencias entre las conexiones utilizadas para hacer los pedidos en Amazon y la consulta en la web de Presidencia, en la empresa Instalaza o en la web de SatCen.
La coincidencia positiva en esas tres variables de una persona concreta, un jubilado de Medina del Campo que utilizaba una red social rusa para mantener sus contactos políticos, provocó finalmente que los agentes pidieran permiso al juez para llevarse la basura de aquel contenedor el pasado 18 de enero para cerrar el círculo. La cadena de custodia de la prueba quedó debidamente reflejada en un acta y el material de aquella bolsa fue trasladado de inmediato a la sede que la Policía Científica tiene en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Allí, los expertos confirmaron que el hombre que había utilizado aquella bolsa y que la había tirado al contenedor, era la persona que había preparado las cartas explosivas. Según comunicaron después los investigadores a la Audiencia Nacional, sus restos estaban tanto en los sellos de los paquetes como en las partes internas de los distintos artefactos explosivos.
Con el conocimiento de todos estos datos, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, autorizó a los agentes la detención de su principal sospechoso, además del registro de su vivienda. El pasado viernes, el jubilado y detenido pasó a disposición judicial, donde el magistrado decretó su ingreso en prisión sin fianza acusado de seis presuntos delitos de terrorismo.