Después de una semana en la que el PP salió a la calle para pedir la cabeza de Pedro Sánchez y el Gobierno no para de equiparar a Feijóo con la ultraderecha, Moncloa y Génova han pactado una exigua tregua para cambiar el artículo 49 de la Constitución. El que sigue llamando "disminuidos" a las personas con discapacidad. Sólo eso y en eso populares y Gobierno también están de acuerdo. Tanto es así que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comenzaba ayer su comparecencia en el Congreso de los Diputados con unas palabras hasta ahora impensables para lo que es una relación a palos continua con los populares. "Tanto el Gobierno como el PP compartimos la necesidad de cambiar el artículo 49 y blindar los derechos de las personas con discapacidad", decía Bolaños después de reunirse con la número dos del PP, Cuca Gamarra, para eliminar un término ofensivo para 4,3 millones de españoles.

Si finalmente las negociaciones llegan a buen puerto, este sería el primer y único acuerdo que hayan alcanzado Sánchez y Feijóo. Eso en año electoral y para meter mano a algo tan intocable para los populares como es la Carta Magna.

Para llegar a este punto inédito hasta ahora, los populares ponen dos condiciones. Que se atiendan las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado para modificar el artículo 49 y que Moncloa no aproveche para abrir el melón de una reforma constitucional más amplia. "Espero que nadie tenga la tentación de utilizar una reforma que sirve únicamente para que las personas con discapacidad vean como se sustituye ese término", advertía Gamarra. Bolaños también está en eso. En "ceñirse" a la reforma del 49 pero los populares desconfían de la presión que pueda ejercer la pata de Podemos del Gobierno y sus socios independentistas y exigen garantías.

Dos años antes de llegar a La Moncloa como vicepresidente, Pablo Iglesias prometió que no iba a haber una nueva modificación de la Carta Magna sin referéndum, aunque sólo se tocara un artículo. Con Iglesias fuera, Podemos ahora no tendría intención de forzar una consulta sobre la Carta Magna. Al menos en principio. Claro que bastaría sólo con 35 diputados o senadores que lo pidieran para que los españoles votaran en referéndum exclusivamente el cambio del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad' como recomienda el Consejo de Estado.

Eso por lo que hace al socio de Gobierno de Sánchez. Luego están las intenciones de los socios de legislatura. Génova ha exigido que ni ERC ni Bildu usen esta mínima modificación de la Carta Magna cargada de simbolismo para introducir el referéndum de autodeterminación después de que el presidente de la Generalitat Pere Aragonès avisara la semana pasada que "el 'procés' no ha terminado".

El PNV ha planteado ya que junto con la modificación del 49 se elimine también el artículo 155 que permite intervenir una Comunidad Autónoma como ocurrió en Cataluña en 2017 para intentar evitar el 1O, además del reconocimiento de las naciones y la autodeterminación o limitar la inviolabilidad del Rey. Líneas rojo fosforito para los populares.

Compromís por su parte quiere colgar de la discapacidad el reconocimiento constitucional del derecho civil valenciano en línea con lo previsto para otras ochos comunidades.

Génova ha pedido a Moncloa que ate en corto a sus socios y no haya sorpresas de última hora. El ministro Bolaños les habría ofrecido garantías para "ceñirse" a lo que estableció en su dictamen el Consejo de Estado y a las reivindicaciones del Cermi (el Comité español de Representantes de personas con Discapacidad) lo que habría dejado satisfechos a los populares.

Esta reforma puntual de la Constitución lleva año y medio hibernando en el Congreso después de que en en mayo de 2021 se aprobara en Consejo de Ministros. El PP de Pablo Casado rechazó siquiera tramitarla porque "no era el momento" adecuado. Eso fue lo que argumentó Cuca Gamarra cuando era la portavoz de Casado. Ahora como número dos del PP de Feijóo habla del "compromiso que siempre hemos tenido con las personas con discapacidad".

En su primer encuentro con el presidente Sánchez en Moncloa, Alberto Núñez Feijóo manifestó su disposición a eliminar el término 'disminuido' de acuerdo con el Cermi y con el informe favorable del Consejo de Estado. Después remitió a Moncloa una carta para reactivar la reforma pero no recibió respuesta. Hasta hoy en que parece que esta cuestión terminará por desencallar.

Para que se apruebe se necesita el voto favorable de tres quintos de la Cámara, esto es 210 diputados. PSOE y PP suman 208. Con los dos exdiputados de Navarra Suma que ahora se han integrado en las filas populares ya estaría hecho.

Bolaños quiso aprovechar el clima "cordial y constructivo" que presidió la reunión de ayer con Gamarra para meter cuña con el desbloqueo del Poder Judicial. "Cuidar la Constitución también pasa por la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial", deslizaba después en rueda de prensa mientras atornillaba a Feijóo para firmar "cuanto antes" un acuerdo "global" que según él estaba pactado "hasta la última coma" en el mes de noviembre cuando todo saltó por los aires.

Gamarra ha confirmado que el ministro de la Presidencia puso sobre la mesa este tema aunque no estaba en el orden del día de la reunión. "Una pequeña alusión" que fue contestada por los populares reclamando a su vez que el Gobierno permita renovar la vacante del Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Senado y que corresponde al Partido Popular.

A los populares no le ha gustado nada que Félix Bolaños les colara el CGPJ cuando el tema era la discapacidad. "Los protagonistas deberían ser única y exclusivamente las personas con discapacidad. Deberíamos practicar con el ejemplo", reprochaba la secretaria general del PP.