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A partir del jueves los magistrados que juzgaron a los líderes independentistas del 1-O tendrán que decidir qué postura adoptan a la hora de interpretar la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación en esa causa. El asunto se lleva en dos frentes en el Supremo: el que afecta a los condenados como Junqueras, que compete al tribunal presidido por Manuel Marchena; y la parte de Puigdemont y los fugados, en manos del juez Pablo Llarena.
El plazo para responder al tribunal acaba este jueves, y aunque aún faltan escritos por registrar, ya ha quedado claro cuáles son los argumentos que van a estar sobre la mesa. La Fiscalía, por ejemplo, aún no ha presentado su alegato al tribunal, aunque sí lo ha hecho ante el juez Llarena, que mantuvo el procesamiento a Carles Puigemont y el resto de exconsellers fugados.
De hecho, es muy probable que el tribunal presidido por Manuel Marchena no se aparte mucho de lo que ya señaló el magistrado instructor Llarena, que emitió un auto de procesamiento en el que mantenía las órdenes de detención por malversación en su tipo más agravado, pero dejaba la sedición en un delito de desobediencia.
Pablo Llarena fue el primero en dar una interpretación a la reforma del Código Penal. En un auto, que fue un alegato contra la reforma y ya ha sido recurrido con dureza por sus procesados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig dictaminó que:
La abogacía del Estado, la que encabezó la acusación por sedición, y la Fiscalía, que durante el juicio defendió la existencia de una rebelión, coinciden esta vez en sus escritos. Ninguno de ellos ha contestado aún al tribunal, pero sí lo han hecho al juez Llarena, y lo lógico es que interpreten la norma de la misma manera tanto para los fugados como para los condenados.
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa, piden al Supremo la absolución en tres escritos a los que ha accedido NIUS. Los detalles se darán en una rueda de prensa este miércoles, pero su escrito está en la línea de lo que anunciaron desde el día en que entró en vigor la reforma..
Carles Puigdemont se juega mucho, porque en su caso no ha sido juzgado aún. En su escrito, carga contra Llarena por insistir en perseguirle saltándose la inmunidad como eurodiputado y niega cualquier delito. Sobre el de malversación, rechaza que se le pueda perseguir por él en su tipo agravado:
La exconsellera Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fueron las únicas que quedaron reclamadas sólo por desobediencia y Ponsatí ya ha recurrido su procesamiento por ese delito por el que fueron condenados tres exconsellers en el Tribunal Supremo: Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Rovira.
El abogado de Ponsatí, que es el mismo que el de Puigdemont, desarrolló en el recurso de Ponsatí los motivos por los que, según él, no se puede hablar de desobediencia,
Aunque en un primer momento habían planteado la posibilidad de pedir la absolución con el argumento de que al decaer la sedición desaparecía la malversación, como delito instrumental, finalmente, Jordi Turull, Josep Rull, y Jordi Sánchez, no lo han hecho.
Jordi Cuixart, el que fuera presidente de Òmnium Cultural, se ha dirigido al Supremo pero sólo para decir que él no se siente "reparado" por la derogación del delito de sedición, el único por el que fue condenado.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado tendrán que presentar sus recursos ante el tribunal presidido por Marchena y con toda probabilidad se dirigirán a él en el sentido que lo han hecho en el caso de Puigdemont.
Después, los magistrados, estudiarán todos los argumentos de las partes y aplicarán la reforma del Código Penal en este caso. Las partes acusadoras, el juez Llarena, y distintos juristas consultados, están de acuerdo en que la malversación agravada está bien aplicada, y se da por hecho que esa va a ser la postura de los magistrados en el caso de los condenados, lo que mantendría las inhabilitaciones prácticamente igual.
Las principales dudas están en la forma en la que se entenderá la derogación del delito de sedición y en si se puede subsumir en un delito de desórdenes públicos o en uno de desobediencia. En eso están los magistrados, que en unos días emitirán su resolución.