Puigdemont acusa de hacer una persecución política y tergiversar el concepto del "ánimo de lucro"

131 páginas ha empleado el abogado de Carles Puigemont, Gonzalo Boye, para rebatir los argumentos del juez Llarena en su auto de procesamiento contra Carles Puigdemont. En un escrito lleno de reproches, el letrado del expresident deja claro que, a su juicio, el magistrado está haciendo una persecución política: "No se priva de exponer sus particulares planteamientos políticos que, teniendo derecho a tenerlos, han de permanecer en su ámbito íntimo", escribe en el documento.

El escrito es incluso más duro que el que envió para pedir la absolución para Clara Ponsatí por desobediencia, en el que descartaba que se la pudiera procesar por ese delito, porque nunca se le había imputado.

Con la malversacion, dice lo mismo con respecto al "ánimo de lucro". El letrado rechaza el procesamiento por malversación grave, que Pablo Llarena ha fundamentado en la esencia del ánimo de lucro. El escrito señala que nunca hasta ahora se había incluido referencia a "ningún tipo de ánimo de lucro, que es el concepto que ad-hoc incluye el Excmo. Magistrado-Instructor en el auto" emitido la semana pasada".

Para Boye, Llarena ha introducido la acusación de ánimo de lucro, ante una reforma legislativa que "no le ha gustado", y para eso le acusa de haber introducido "con la mutación de hechos y de derecho, el supuesto ánimo de lucro que permitiría, siempre según el Excmo. Magistrado-Instructor, atribuir la comisión de un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada".

Además, la defensa del expresident pide que se envíe la causa a los tribunales catalanes.

Para apuntalar su argumentación, el abogado responde a Llarena con una sentencia redactada por el propio magistrado el 15 de septiembre de 2022, en la que decía que "la orden de pagar las obras ejecutadas y obtenidas a partir de una contratación irregular" aunque sea un delito de malversación no constituye por sí mismo otro de malversación:

Más allá de eso, el escrito aborda el hecho de que se ha pasado de entender la malversación como un medio para la sedición, a contemplarla como autónoma y además agravada hasta su límite máximo, "otra modificación ad hoc", escribe Boye.

"Instrumentalizar el derecho" es otro de los términos que utiliza la defensa de Puigemont que asegura que tampoco a la cuarta podrá conseguir que sea entregado a España para ser juzgado por ese auto de procesamiento.

Además, plantea que su cliente no puede ser jugado dos veces por la misma cosa, algo que según él está ocurriendo, al haberse abierto dos procedimientos paralelos, uno en el Tribunal Supremo y otro en el Tribunal de Cuenta. Para desplegar ese argumento, el abogado pone sobre el papel una importante carga de jurisprudencia europea, que encabeza con tono de "resignación" sobre cómo se aplica ese derecho en España.

E insiste en que los dos tribunales investigan los mismos hechos, en que Puigdemont está incurso en los dos procedimientos, y en que se le pretende sancionar dos veces por lo mismo.

Lo que hizo Llarena en su auto de procesamiento fue dejar sin efecto las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de los fugados, pero mantener las órdenes nacionales de búsqueda y captura. Pues bien, el letrado acusa al magistrado de vulnerar la inmunidad del expresident, como eurodiputado, al mantener esas órdenes.

Y le recuerda cuatro precedentes: El los exdiputados Telésforo Monzón y Ángel Alcalde, el exsenador Carlos Barral, y el de José María Ruiz Mateos, que se libraron de prisión provisional por su condición de eurodiputados, y le sirven para exigir que se deje sin efecto esa orden de busca y captura

A lo largo del escrito, vuelve a cuestionar la parcialidad del magistrado, al que ya recusó sin éxito por haber recibido un premio de la Fundación Villacisneros, de carácter ultraderechista. En el documento vuelve a hacerlo y extrae también fragmentos de sus autos que -dice- demuestran su falta de imparcialidad.