{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Detenciones injustas para presionar a testigos, libertades a cambio de declaraciones manipuladas, filtraciones a la prensa para “joder” a los investigados, vulneración constante de la leyes, cargos inventados, arrestos sin las pruebas necesarias y el rastro de estas maniobras en un chat de WhatsApp donde el juez instructor del caso Cusach, Manuel Penalva, departía con el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la UDEF de la Policía Nacional que actuaban bajo su control. Ahora, es la propia Fiscalía anticorrupción la que pide 110 años de prisión para el juez encargado de investigar la trama de supuesta corrupción nocturna en los locales de ocio de Palma, acusado de manipular la el caso, y una cantidad levemente inferior para el fiscal que le acompañaba (ya retirado) y para los principales investigadores. Entre todos, suman 230 años de petición de prisión.
El escrito de acusación del caso, conocido esta semana, desvela el presunto dibujo de unos funcionarios presuntamente imparciales que forzaron la ley hasta saltarse las premisas más básicas, como que no pueden meter en la cárcel a nadie sin pruebas. Que manipularon testimonios, que torcieron voluntades con la idea preconcebida de que ellos eran siempre los buenos de la historia, hicieran lo que hicieran. El fin justifica los medios. Su principal problema es que en la investigación en su contra, la Justicia tuvo una herramienta importante: la copia de un chat interno donde los principales investigados compartían sus deseos, intenciones o maniobras sin la fachada de la oficialidad. Y allí, queda claro que la investigación contra Cursach y varios de los investigados fue de todo menos objetiva, con independencia de lo que dicten los tribunales sobre si merece un castigo penal.
“Que se joda”, decía por ejemplo el juez encargado del caso sobre uno de los investigados al saber que el fiscal Subirán planeaba presuntamente perjudicar a un investigado con una filtración a la prensa. Casablanca; aquí se juega. Fiscales y policías hablando con periodistas. El auto de Anticorrupción analiza varias publicaciones en prensa y señala a los agentes y a sus superiores en el caso más por no perseguir esas noticias pese a que la causa estaba secreta que por ser las fuentes directas. Los fiscales no otorgan papel peyorativo alguno a los profesionales de la información, que simplemente cumplían con su trabajo de acudir a las fuentes más directas y desvelar información oficial sobre el caso y la marcha de las pesquisas. “Hay que plantearse cómo gestionar esto. Igual citar a todos los puteros, declaración y después se notifica libreta [libertad] a las partes para que se filtre a la prensa [...]Id pensando”, escribía el instructor del caso, que tuvo que apartarse cuando se hicieron públicos unos mensajes entre él y una testigo protegida.
Sin embargo, el caso se torna más oscuro cuando Anticorrupción mantiene que tanto el juez Penalva como el fiscal y los investigadores pactaron varias detenciones ilegales, sin pruebas y con el objetivo de presionar a varios de los investigados en la causa. Al menos una docena de ellas, según el escrito conocido esta semana. Como ejemplo, los fiscales ponen sobre la mesa la detenciones practicadas el 17 de octubre de 2017, después de que los agentes de la UDEF encargados del caso enviasen un informe reconociendo “carencias” en sus conocimientos sobre contratación administrativa” y con un “mínimo o inexistente bagaje indiciario”. “Detenciones aprobadas despreciando el hecho de que ya se disponía de toda la documentación” referente al concurso público que en ese caso se investigaba, que en este caso era una concesión para los aparcamientos de pago de la ciudad de Palma.
“En el interrogatorio de los detenidos se utilizaron fichas policiales que, en relación con cada uno de ellos, habían sido elaboradas por los policías acusados. En dichas fichas constan las preguntas que se les tenían que hacer, así como que el objetivo es “que venda a…”, explican los fiscales en su escrito de acusación.
Con otro de los investigados, los fiscales consideran que los anteriores investigadores del caso detuvieron a varios familiares de un político local solo para presionarle: Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de AG en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”. “En la Jefatura de Policía se imputaron a cada uno los delitos de blanqueo e inexplicablemente también de prevaricación [algo imposible si el investigado no es funcionario o cargo público], fraude a la Administración, cohecho y malversación de caudales públicos. Tras las declaraciones, los padres del Sr. G quedaron en libertad. No así su hermano T. que continuó detenido hasta su puesta a disposición judicial al día siguiente sin motivo alguno que lo justificara y por expresa decisión del juez y fiscal acusados”.
Sin embargo, el relato de la Fiscalía baja un escalón y califica como delito una práctica que parece mucho más habitual en los juzgados españoles: la de calificar como “testigo” a personajes secundarios de las investigaciones abiertas a cambio de su colaboración para señalar a los principales investigados: “Ahora declararás como testigo y según lo que declares saldrás como imputado”. La frase se atribuye al fiscal Subirán durante un interrogatorio.
Son varios los casos de testigos o investigados que confirman haber recibido la misma presión, o la misma oferta para cambiar su testimonio y acomodar sus palabras a la tesis de los investigadores a cambio de un mejor trato judicial. “El magistrado acusado le leyó a modo de ejemplo declaraciones de otros imputados, diciéndole que declararon ciertas cosas que les supuso pasar de imputados a testigos y le manifestó que si decía dos cosas como las mostradas pasaría a ser testigo”, explica el auto en otro de los casos. “Manuel Penalva le pidió que lo reconsiderase, que estaba a tiempo de pasar a testigo y que se jugaba una pena de hasta diez años de prisión”.
Las consecuencias de este método investigador, basado en buscar “arrepentidos” que señalen a objetivos con su testimonio en lugar de conseguir pruebas sólidas que apuntalen estas investigaciones, se pudo ver el pasado, se pudieron ver el pasado mes de diciembre, cuando el juicio contra el empresario Bartolomé Cursach terminó con el fiscal compungido pidiendo perdón al borde de las lágrimas y ni una sola prueba en su contra, después de una investigación abierta desde 2013. El empresario y los 14 policías locales que se sentaron junto a él en el banquillo resultaron absueltos.
Gran parte de esa pieza, que no era la troncal del caso ya que Cursach quedó fuera de ella en 2020, se sustentaba con el testimonio de una testigo protegida que regentaba un burdel. La misma que luego se desdijo. Su episodio aparece también ahora reflejado en el escrito de Anticorrupción contra los investigadores: “ En un día no concretado del mes de agosto de 2017, la testigo protegido nº 34 fue citada a declarar ante el Grupo de Blanqueo, siendo interrogada por los acusados M. A. B. e I. B. Los policías le dijeron que estaba allí como acusada, pues unos testigos habían declarado que ella y su madre regentaban un local de prostitución del que eran clientes diversos policías locales, y vendían drogas. Como quiera que ella lo negó, le dijeron que si reconocía los hechos podía ir como testigo y no como acusada, y que si no lo hacía ella y su madre serían acusadas, y que informarían a su madre de que fue prostituta”.
El auto de acusación relata también la presunta ocultación de testimonios que contradecían la tesis de los investigadores, para que no aparecieran en la causa. Así fue por ejemplo según Anticorrupción, los investigadores captaron presuntamente ocultar la declaración de un testigo que negaba su tesis de que los agentes de la Policía Local de Palma acudían a un determinado prostíbulo para mantener sexo gratis: “En dicha conversación dicha persona comentó que no era cierto que policías locales de la Patrulla Verde y funcionarios del Ayuntamiento hubieran acudido al prostíbulo para tener sexo gratis a cambio de no inspeccionar y sancionar al negocio”.
Según es escrito de calificación. “esa versión era totalmente contrapuesta a la que había narrado DC ante el juez de instrucción tres días antes y que había sido utilizada como indicio probatorio para la adopción de medidas de privación de libertad de diversos agentes de la Patrulla Verde y funcionarios del Ayuntamiento en las Diligencia Previas 1176/2014. La acusada B, R. informó el 10 de junio del contenido de lo manifestado por L al también acusado subinspector por WhatsApp, escribiendo “Hemos ido a hablar con L el (insulto) de lo de las putas y ha negado la mayor, y le creemos. DC es un auténtico hijo de puta que ha intentado engañarnos como a chinos...con su cara de babermonguer...”, decidiendo los agentes “no incorporar el resultado de la entrevista en diligencia, ni informar de ello al juez o al fiscal”.