{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El Gobierno está decidido a identificar al PP con Vox en la polémica sobre el aborto. Primeros pasos del Consejo de Ministros contra la Junta de Castilla y León y su protocolo antiabortista y andanada desde la mesa del Consejo de Ministros contra Alberto Núñez Feijóo. La reunión del gabinete presidida por Nadia Calviño -Pedro Sánchez está en Davos participando en el Foro Económico Mundial- ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de CyL en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior".
Moncloa cree que el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco se está extralimitando en sus competencias aunque no se ha adoptado ninguna medida concreta. "No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro", ha enfatizado la portavoz Isabel Rodríguez que ha subrayado la "acción decidida" del Gobierno para luchar y defender los derechos de las mujeres e impedir que ningún gobierno autonómico los haga retroceder. Ha querido enviar un mensaje de "firmeza" para garantizar que tomará todas las medidas que sean necesarias para impedir que se consume "la tropelía" y "la aberración" anunciada por Castilla y León.
A partir de ahí ha cargado duramente contra Alberto Núñez Feijóo al que acusa de tener la misma posición que Vox sobre el aborto. Según Rodríguez el silencio de estos días del líder del PP "no es interesado ni casual". "Es un silencio cómplice", ha espetado la portavoz.
Ha recordado que el PP tiene recurrida la actual ley ante el Tribunal Constitucional y que el partido que ahora lidera Feijóo sigue "anclado" en la ley de supuestos de 1985 que ya ha superado la sociedad española. Fue Mariano Rajoy quien recurrió esa ley al TC hace ya 12 años.
El movimiento de Moncloa, anunciado a primera hora de la mañana por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. La Junta tiene ahora un mes de plazo para contestar.
Para el Ejecutivo, los planes conocidos hasta ahora por parte de la Junta de Castilla y León "contraviene" la normativa estatal. Destaca además que estas alturas todavía se desconocen el detalle del plan. Según Rodríguez, las explicaciones del Gobierno de Mañueco son "contradictorias e insuficientes" y las dudas persisten a día de hoy tras varios días de polémica.
Preguntada sobre si es posible recurrir cuando no se ha trasladado ningún documento ni protocolo, la portavoz lo ha dejado claro. "¿Es posible emprender esta acción sin un hecho administrativo? Claro que sí", ha afirmado. Para Rodríguez existe jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y el Gobierno "está obligado a actuar" cuando existen declaraciones y comunicados que pueden afectar a los derechos fundamentales.
El Gobierno insiste en que no cabe "instruir" a los médicos ni "ofrecer" a las mujeres el tipo de planteamientos que prevé el protocolo antiabortista. No se pueden establecer requisitos adicionales ni condicionar a las mujeres, destaca la portavoz. "Se actúa en defensa de las competencias estatales", ha asegurado Rodríguez que ha hecho referencia a las bases de la política sanitaria.