La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión provisional, y sin fianza, para dos mujeres españolas acusadas de participar activamente en el Estado Islámico, según ha señalado la Fiscalía. Así lo ha dictaminado el juez de la sala, Santiago Pedraz, que ha considerado que existen indicios de sobra para considerar que las dos mujeres, esposas de yihadistas, estaban involucradas en la organización terrorista.

Las dos mujeres, que fueron repatriadas esta semana desde Siria junto a trece menores a su cargo, se enfrentan a un delito de integración en organización terrorista. Delito que ya está siendo investigado por el magistrado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha atendido parcialmente a la petición de la Fiscalía, quien pedía su ingreso en prisión y la retirada de la custodia de los menores, a los que supuestamente estaban adoctrinando. Tras la declaración de ambas este miércoles en la Audiencia Nacional, el juez ha dictado su ingreso en prisión provisional ya que asegura que existe un riesgo de fuga, así como un "evidente" riesgo de reiteración delictiva. Aún así, ha rechazado retirarles la patria potestad porque “no existe el riesgo potencial de continuar con un posible adoctrinamiento de los hijos”.

Yolanda Martínez y Luna Fernández, las mujeres de los yihadistas, viajaron a Siria en 2014 con sus maridos y la Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes para pensar de que allí pasaron a integrar, como ellos, el Dáesh. Antes de viajar al país, según ha señalado el magistrado en el auto, tanto ellas como sus maridos estaban relacionadas con la autodenominada Brigada Al Andalus, establecida en Madrid. Su pertenencia a esta banda ya había sido investigada con anterioridad. En ella, llevaron a cabo labores de radicalización, reclutamiento y posterior facilitación del traslado a Siria e Irak para la comisión de ataques terroristas.

Las dos mujeres, indica, habrían participado en actividades a favor de Dáesh, tanto antes de desplazarse a la zona sirio iraquí, como cuando se trasladaron junto a sus maridos a mediados de 2014 a esas zonas de conflicto, compartiendo y aceptando el mismo destino que aquellos con el “objetivo de demostrar su integración en la referida organización terrorista”. La implicación de Yolanda Martínez con la banda terrorista la confirmó ella misma al dar unas declaraciones en vídeo para El País: “llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica”.

Aunque posteriormente haya intentado rectificar sus palabras, sus intentos han sido en vano. Para el juez las palabras han sido suficientes, ya que solo a los miembros de esa organización se les cedía una casa y se les daba un trabajo en la administración que el pseudocalifato estaba desarrollando . Además, el hecho de que haya permanecido en aquella zona “muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa de Dáesh”, el cual se encuentra en una prisión Siria.

Respecto a Luna Fernández, cuyo marido falleció en combate en Siria defendiendo el Estado Islámico, el magistrado señala que es también conversa al islam y mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de los integrantes de la brigada Al Andalus. En el mismo vídeo mencionado también aparecía Luna esta muj, y sus palabras en él, según el juez, reflejan la interiorización radical y extremista del Islam, donde la sharía o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países, pese a su interés por desmarcarse de Dáesh a lo largo de la entrevista.

Según ha señalado la Fiscalía durante su comparecencia ante el juez, las mujeres eran utilizadas por el autoproclamado Estado Islámico para satisfacer a los que luchaban en sus filas y que su cometido pasaba a ser el de tener y educar a los hijos en los dogmas del Dáesh. A su cargo tenían a trece menores de edad, que fueron repatriados junto a ellas. Tras su detención, y posterior entrada en vigor, los menores se encuentran bajo la protección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

El abogado de ambas, José Luis Laso, ha explicado que su intención es pedir a la Comunidad de Madrid que conceda la custodia a los abuelos de los niños mientras ellas están en prisión, así como pedirá la libertad de sus defendidas, alegando que si fueron a Siria fue para estar junto a sus maridos y su hijos, no para alistarse en el Estado Islámico. En su defensa ha añadido que cuántas mujeres de etarras que huyeron a Francia fueron detenidas junto a sus maridos o por qué no se detuvo a las esposas de los acusados por el atentado del 11-M.