Declarar contra su agresor: por qué Hayate no dio el paso que pudo salvarle la vida

La Policía Nacional se presentó el día 28 en casa de Hayate, ante el miedo que la mujer de 44 años tenía de ser golpeada a manos de su pareja. Ella dijo haber sido amenazada, los agentes cumplieron el protocolo y se llevaron a su maltratador y posterior asesino. Lo pusieron a disposición judicial, pero ahí acabó todo, ya que Hayate, con cuatro menores a su cargo, decidió no declarar durante el juicio rápido y su caso quedó archivado. Ante la falta de testimonio de Hayate, el juez decidió cerrar la causa por falta de pruebas. Al no haber una agresión material, no había un parte de lesiones o cualquier otra prueba de la que tirar más allá de su testimonio. A la semana siguiente, su marido acabó con su vida de dos puñaladas delante de uno de sus hijos, poco después del día de reyes. 

El caso de Hayate resume el calvario por el que pasan miles de mujeres en España: el de la incapacidad, la falta de ayudas y el miedo para romper los lazos con sus maltratadores. Para evitar casos como este, la Justicia española prevé que la Fiscalía pueda perseguir de oficio las denuncias de Violencia de Género pese a la voluntad de la víctima de retirarlas. Pero poco se puede hacer en casos de amenazas como este, donde el testimonio de la víctima es, en muchos casos, la principal prueba de cargo contra el agresor. 

Con el procedimiento judicial archivado y la negativa de Hayate a pedir cualquier medida de protección, el caso quedó en los registros de Violencia de Género catalogado con una peligrosidad “media”.  Eso supone que los agentes tengan que realizar un seguimiento telefónico del estado de la víctima en los próximos días, pero no mantiene medidas de seguridad. Algunas de ellas, como las órdenes de alejamiento, deben ser impuestas por un juez y su activación no es competencia de los agentes de Policía y Guardia Civil, si no solo su cumplimiento. En estos casos, los registros son cumplimentados por los propios agentes mediante un cuestionario, y es su criterio el que queda reflejado en la valoración. "No es lo mismo que te toque la valoración de una comisaría donde no están acostumbrados a este tipo de casos, a que lo hagan en una donde los agentes han tenido una formación específica en estas causas, por ejemplo. En los casos de violencia sexual por ejemplo, es siempre una agente la que hace esa valoración para que la víctima se sienta más cómoda, pero en los de Violencia de Género no. Hay muchas veces que las víctimas no quieren contar determinados detalles al ser íntimos, por miedo a que su maltratador tenga conocimiento de lo que ha dicho o por mantener una dependencia emocional con él, así que esas entrevistas son siempre delicadas", explica una abogada especializada en este tipo de procedimientos y años de experiencia en el turno de oficio de Violencia de Género.

Pero según los estudios de Igualdad, una denuncia por Violencia de Género suele esconder un calvario anterior, ya que las víctimas aguantan de media ocho años de maltrato antes de visualizar su situación con una denuncia. En el caso de Hayate, su marido estaba en contra de que ella tomase nuevas iniciativas laborales. Así aumenta su dependencia. Hayate se había formado, comenzó limpiando habitaciones en un establecimiento residencial de la isla y después de estudiar idiomas fue ascendida a la recepción. Ahora, parece que pensaba marcharse a Madrid con un familiar y dejar al hombre que se convirtió en su asesino. Sin embargo, todo se truncó la noche del día 8, cuando cayó muerta en la acera después de escapar de casa en plena agresión. En la vivienda estaban todavía dos de sus hijos, los más pequeños, otro presenció parte de la escena y el mayor, de 16 años, resultó herido al tratar de defenderla. 

Ese es otro elemento que pesa en las denuncias: la imposibilidad de emprender una nueva vida por falta de recursos cuando ese cambio debe hacerse también con menores a su cuidado. En España, las distintas administraciones, tanto nacionales como autonómicas o regionales, tienen programas de pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia de género. Pero las asociaciones que trabajan en este ámbito llevan años denunciando que esos recursos son insuficientes. De hecho, otra de las reivindicaciones de los profesionales que se dedican a la atención a mujeres maltratadas es que no existe un punto centralizado donde conocer las ayudas que brindan las distintas administraciones y el papeleo se convierte en muchas ocasiones en un laberinto. De hecho, tampoco hay conexión entre el juzgado que toma las decisiones penales y los programas de ayuda posteriores que hagan un seguimiento social de estas víctimas.

Por aterrizar el gasto público en cifras, el presupuesto del Ministerio de Igualdad para todo un año es de 523 millones de euros. Solo hay tres carteras que tengan menos dotación: Presidencia, Universidades y Política Territorial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los servicios asistenciales a las víctimas están recogidos en partidas de otros ministerios como Interior o los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas. Por eso, no existe una cifra real consolidada sobre lo que invierte el Estado en todos sus mecanismos en facilitar que las víctimas de Violencia de Género rompan con sus maltratadores y puedan empezar una nueva vida. 

En cualquier caso, la cifra de inversión para Igualdad se ha multiplicado desde 2017, donde la partida presupuestaria era de 51 millones. Según las últimas cuentas públicas, de los más de 500 millones de euros al año de la dotación para 2022, Igualdad invierte 209 en “prevención de la violencia de género”. La otra gran partida ministerial en sus presupuestos es la de “igualdad de oportunidades”, a la que se destina casi la mitad del dinero público que maneja la cartera de Irene Montero. 

Sin embargo, en ocasiones las cifras también se retuercen. El pasado 8-M, la ministra de Igualdad anunció un plan “transversal” de 20.319 millones de euros entre 2022 y 2025 para “impulsar políticas feministas” en “todas las administraciones”. El grueso de esa partida, más de 18.400 millones, estaba en realidad destinado al ministerio de Economía, Sanidad y al pago de la Seguridad Social. La partida que se anunció para Igualdad, de 972 millones, era básicamente la suma del presupuesto ministerial para esos ejercicios, sin más incrementos presupuestarios. 

Así las cosas, procesos tan delicados para las víctimas como conseguir un abogado de oficio y tramitar un divorcio que les separe de su maltratador se dilata durante meses. Sobre el papel, la Ley española refleja el derecho de cualquier víctima de violencia de género a la Justicia gratuita, pero en la práctica el papeleo se dilata, además de que las sentencias de divorcio por este tipo de casos deben pasar también por un juzgado de Violencia de Género, que suelen subsumir estas causas cuando hay una denuncia penal anterior interpuesta y que en ocasiones, están también saturados ante la falta de medios. Para paliar este problema, los juzgados suelen imponer otras medidas penales como las órdenes de alejamiento, de forma paralela al procedimiento civil que supone un divorcio. Sin embargo, en el caso de Hayate eso tampoco se produjo ya que su denuncia quedó en nada ante la falta de pruebas.