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A menos de cinco meses para las elecciones municipales y autonómicas el agua puede convertirse en el gran caballo de batalla de la campaña electoral en la Comunidad Valenciana, un territorio clave para las expectativas electorales del PSOE y del PP. Su presidente, el socialista Ximo Puig ha dado un golpe en la mesa contra los planes del Gobierno de recortar el trasvase Tajo-Segura. Es consciente de que el tema es altamente sensible en la Comunidad donde el 28 de mayo se juega la presidencia con el PP pisándole los talones en todas las encuestas.
La 'guerra del agua' no entiende de colores políticos ni de siglas y reabre viejas heridas históricas entre los territorios afectados, básicamente la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. El decreto que ultima el Ejecutivo para actualizar los planes hidrológicos, la sequía que tiene a los embalses en niveles mínimos y la cercanía de las urnas convertirán al siempre polémico trasvase en arma electoral. Cada presidente autonómico defiende los intereses de su tierra independientemente del partido que representa, y en este caso Ximo Puig y Emiliano García-Page están enfrentados.
Los regantes de la zona, a los que Puig defiende, están en pie de guerra contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica porque consideran que no garantiza la transferencia de agua del Tajo para sus cultivos a partir de 2005. La semana que viene, el día 11, agricultores de Alicante, Murcia y Almería protestarán en Madrid para denunciar que miles de puestos de trabajo en Alicante, Murcia y Almería están en peligro al igual que la mayor producción hortofrutícola de Europa.
El PP está en plena ofensiva contra Puig al que acusa de no tener autoridad moral ni política para hablar del trasvase porque ha permitido, en silencio, hasta 22 recortes de forma injustificada desde que gobierna Pedro Sánchez.
El choque entre Puig y la ministra Teresa Ribera es evidente aunque las dos partes apelan al diálogo para buscar una solución y que no llegue la sangre al río. Si por el contrario no hay acuerdo el asunto podría acabar en un largo conflicto jurídico.
La polémica estalló esta semana cuando el presidente valenciano envió una carta a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para conocer la redacción final del proyecto de real decreto sobre el plan de la cuenca del Tajo que el Gobierno remitió a ese organismo para que emitiese un dictamen antes de aprobarlo definitivamente en el Consejo de Ministros. Según la Generalitat Valenciana, en ese borrador ha desaparecido una disposición adicional pactada con el Ministerio por la que se protegía el trasvase a partir de 2025. Para Puig esa cláusula es fundamental y aboga por recuperarla. "Cualquier modificación o supresión tendrá nuestro más firme rechazo", dicen en Valencia.
En esa disposición adicional novena se establecía la necesidad de revisar el estado de la cuenca del río en 2025 antes de ejecutar incrementos del caudal ecológico. Eso, de alguna forma, protegía el trasvase. El documento que el departamento que dirige Teresa Ribera ha remitido a las diferentes comunidades autónomas en el inicio de este año contempla el aumento gradual del caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez durante los próximos 5 años, lo que implica un recorte del trasvase de unos 105 hectómetros anuales.
Para la Generalitat valenciana es un cambio respecto al plan que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre. Ya en esa reunión se acordó un cierre del grifo del trasvase de más de un 40 por ciento.
En aquel momento, el presidente Emiliano García-Page, que siempre ha presionado en contra de esa infraestructura, proclamó que era "un día dichoso e histórico para Castilla-La Mancha" y sacó pecho de que con esa medida se empezaba a "salvar el Tajo de verdad". Ahora, desde su gobierno también se celebra la decisión "valiente" del Ministerio y se valora que "haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico del Tajo".
Ximo Puig ya ha anunciado que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado si no hay una rectificación, exige que los acuerdos alcanzados tienen que cumplirse y avisa de que la Generalitat está dispuesta a emprender "todas las acciones" que sean necesarias para defender el trasvase y apoyar a los regantes alicantinos. "No aceptaré ninguna imposición", enfatizó el presidente valenciano.
Hay contactos entre Puig y la ministra Ribera para intentar alcanzar un acuerdo. Desde Transición Ecológica se argumenta que el texto que se ha trasladado al Consejo de Estado es el acordado en el Consejo Nacional del Agua para cumplir con la normativa europea y la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo que han dado en varias ocasiones la razón a Castilla-La Mancha frente a los recursos que han presentado las asociaciones de regantes y el propio Gobierno de Murcia.
Otra de las quejas de la Generalitat es que el Ministerio ha anulado la subvención al agua desalada que usan los regantes de la zona y ha provocado que su precio se triplique. Ribera sostiene que el 31 de diciembre expiró el decreto de la sequía que contemplaba esa medida pero ha avanzado que se está ultimando otro transitorio que se puede aprobar en breve. El Gobierno también destaca la inversión de 650 millones de euros en desaladoras para garantizar una buena gestión de los recursos hídricos que beneficiará a la agricultura.
"El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, el del conjunto del nuestro país", subrayó la portavoz del Ejecutivo en respuesta a Ximo Puig y a la polémica generada. El líder valenciano es uno de los barones del PSOE más afines a Sánchez aunque ahora haya decidido alzar la voz. Puig siempre ha avalado las políticas del presidente y su estrategia de pactos con los partidos independentistas. Nada que ver con el presidente de Aragón, Javier Lambán, o con Page, muy críticos con las alianzas del Gobierno.