La Guardia Civil investiga, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia si altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cobraron sobornos a cambio de que la entidad pública realizase informes favorables sobre los desarrollos urbanísticos que interesaban a varias constructoras en la Comunidad Valenciana.
La pieza, abierta el pasado mes de agosto, vincula a varios responsables del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) con el presunto cobro de dádivas a cambio de influir en administraciones públicas entre los años 2007 y 2008. El caso arrancó con el supuesto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Valencia, en lo que se llamó la operación Azud, pero derivó en otras operaciones y administraciones.
Tal y como informó este diario, los agentes detectaron una presunta trama de constructores que abonaron presuntamente y de forma ilegal, gastos de campaña del PSOE en la Comunidad Valenciana durante esos años. En el centro de estas operaciones, los informes de la Guardia Civil sitúan al que fuera tesorero del partido en la Comunidad Valenciana, José María Cataluña. Los investigadores mantienen que pese a que Cataluña abandonó formalmente el control de las finanzas del partido en 2004, siguió realizando operaciones con construcciones en favor de la formación política tiempo después. De hecho, le colocan en una reunión en abril de 2006 en la que se pactó presuntamente la concesión de un contrato de 46 millones de euros para la construcción de un tramo del trasvase Júcar-Vinaolopó. Cuando la Guardia Civil entró en casa del extesorero del PSPV, encontró un sobre con presuntas anotaciones sobre la cuantía que las empresas debían pagar como comisión sobre esa obra.
En esa adjudicación concreta, el Grupo Axis, uno de los principales investigados en la trama, se asoció con Acciona. Según los informes del Instituto Armado, los agentes localizaron en el registro de la constructora valenciana un correo cruzado con sus socios el 28 de febrero de 2006, fecha de publicación de esa licitación, donde el entonces responsable de Acciona en la zona “exige” a sus socios “que les sea adjudicado el tramo E”, según refleja el juez instructor en sus autos. Según ese mismo correo, “dicha adjudicación tendrá una contrapartida económica”, abonada presuntamente por la constructora nacional a dos altos cargos, entonces en la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. “Se indica que en el caso que Acciona acepte el requerimiento, se comprometen los funcionarios públicos a apoyar la adjudicación del tramo, lo que finalmente sucedió”.
Así, los investigadores tienen la sospecha de que medió dinero para la adjudicación de esa obra millonaria, algo que la defensa de las constructoras investigadas han negado de forma tajante. De hecho y por el momento, el juez encargado del caso ha calificado como investigados a los responsables de las dos empresas, pero no a los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente señalados, sobre los que todavía no se han localizado más pruebas concretas de esos cobros.
Sin embargo, el rastro del dinero del Grupo Axis fue determinante para localizar importantes pagos de la constructora a la campaña electoral del PSOE valenciano en las municipales de 2007 y en las generales de 2008, por medio, entre otros proveedores de un fabricante de productos promocionales con sede en Castellón.
Además, los agentes reflejan en sus informes que la UTE adjudicataria de ese gran contrato gastó 112.000 euros en regalos de navidad, “incluyendo Aquamed como prioridad comercial”. Entre el listado de receptores, que contiene poco más de 400 nombres, aparecen 73 personas vinculadas directamente con las Administraciones públicas, tanto autonómicas como nacionales. Por el momento, el juez encargado del caso considera que existen “sólidos indicios” del “concierto” existente entre el responsable del grupo Áxis y Joan José Moragues, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.