615.000 euros en chapas, abanicos o caramelos: la lista de la compra del PSOE en las elecciones valencianas de 2007 que pagaban constructores

Los informes de la Guardia Civil sobre el caso Azud no dejan lugar a dudas. Cuando llegaron las elecciones autonómicas y locales de 2007, para el PSOE de la Comunidad Valenciana hubo gorras, chapas, camisetas, bandoleras, radios, pendrives con el logo del partido, otros artículos promocionales y un buzoneo de publicidad electoral pagado directamente por empresas constructoras a sus proveedores, sin intermediarios de por medio. En total, fueron 615.000 euros en facturas pagados por varias empresas del ladrillo, y que los investigadores vinculan ahora de manera directa con la firma de un contrato de aguas entre administraciones que posibilitó urbanizar un plan urbanístico que hasta ese momento estaba paralizado en la localidad alicantina de Xixona por falta de recursos hídricos. Hubo agua para todos, y según la Guardia Civil, dinero de por medio para algunos.

iLas conclusiones de los investigadores aparecen en un nuevo informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juzgado valenciano que investiga el caso, en el que hay imputados tanto políticos vinculados al PP como al PSOE de la Comunidad Valenciana. Según los investigadores, fue el Grupo Axis (una constructora) quien propició realmente el contrato entre el Ayuntamiento de Xixona y la sociedad pública Acuamed, que dotó de agua a la zona de El Espartal, que hasta ese momento tenía paralizado su desarrollo por falta de este recurso. 

Sobre el papel, la medida se enmarcó dentro del interés general para el desarrollo de la región, pero ahora la Guardia Civil refleja que hubo una presunta mordida de por medio. Parte de ella, según los informes del Instituto Armado, fue a parar a manos de un presunto intermediario cercano al PSOE, el abogado José Luis Vera. La otra parte, según la tesis de los investigadores, fue directamente a parar a las arcas del partido. O mejor dicho, a la de sus proveedores electorales, que vieron cómo varias empresas interpuestas pagaron presuntamente los servicios electorales que en realidad prestaban para las candidaturas socialistas. 

En total, los investigadores de la UCO consideran que el pago abonado por constructores para el PSOE de la Comunidad Valenciana superó los 615.000 euros y compromete por ejemplo a las candidaturas de Carmen Alborch, que entonces se presentaba como alcaldesa para el Ayuntamiento de Valencia, o la de María Teresa Fernández de la Vega en las elecciones generales de 2008, donde la vicepresidenta se presentaba en las listas de la Comunidad Valenciana. Parte de los pagos de sus campañas provenían, según los informes entregados a la Justicia, de una empresa constructora local llamada Gigante Edificaciones y Espacios Urbanos, que abonaba presuntamente las facturas a los proveedores electorales escapando así del control del Tribunal de cuentas. Además de estos gastos, la mercantil abonó 563.000 euros en facturas al despacho del abogado del partido, por conceptos que la Guardia Civil considera falsos. 

Para apoyar sus tesis, la UCO ha analizado la contabilidad interna del Grupo Axis, y cruzado los datos con los documentos encontrados en el registro del despacho del abogado del PSOE y la información entregada por los distintos proveedores, hasta confirmar que era la empresa constructora la que presuntamente abonaba los servicios electorales.