Con gesto grave y en una breve declaración institucional, el presidente del Gobierno ha comparecido en Moncloa para valorar la decisión inédita en democracia del Tribunal Constitucional de paralizar en el Senado la tramitación de una ley, impulsada por PSOE y Podemos, que permitiría su propia renovación. Pedro Sánchez ha anunciado que acatará -aunque no la comparta- la resolución decretada por la "actual mayoría conservadora" del TC, ha trasladado un mensaje de "serenidad" a los ciudadanos y ha garantizado "firmeza" del Gobierno para hacer respetar la Constitución, la ley y la voluntad popular expresada en las urnas.

Sánchez se ha comprometido, sin especificar iniciativas concretas, a dar un paso al frente y legislar para superar el bloqueo. "El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional", ha avanzado el presidente. El objetivo es que "sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019".

Ha culpado al PP del bloqueo permanente, que según el presidente, tiene como único propósito "mantener una composición más favorable" a la orientación política de los populares en los órganos judiciales. El presidente sitúa el origen de esta crisis institucional en la decisión del PP de "incumplir el mandato constitucional" cuando perdió las elecciones.

El jefe del Ejecutivo ha recordado las diferentes "excusas" que ha ido utilizando el PP, con dos líderes diferentes, para "retener por medios espúrios" un poder que no correspondía a la voluntad popular. Sánchez ha lamentado que la situación se haya ido agravando hasta llegar a un "hecho grave" porque por primera vez se impide la función de representación, debate y legislación.

La decisión está generando un auténtico huracán político y judicial de consecuencias imprevisibles. Tanto el Gobierno como los presidentes del Congreso y del Senado salieron al filo de la medianoche de este lunes, poco tiempo después de conocerse la resolución del TC, para garantizar su acatamiento aunque también dejaron clara su preocupación por una situación de la máxima gravedad que cuestiona la labor del poder legislativo. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró que la democracia "sale fortalecida".

Fue el recurso de amparo presentado por el PP denunciando que se estaban vulnerando sus derechos como diputados lo que está en el origen de esta crisis institucional. El Constitucional, tras una larga y tensa deliberación, decidió admitirlo a trámite y aplicar la suspensión de la tramitación de la ley que buscaba desbloquear la propia renovación del tribunal de garantías como solicitaban los populares.

El TC se fracturó en dos bloques, el de la mayoría conservadora formada por seis magistrados y el de la minoría progresista compuesta por cinco. Ganaron los conservadores que consideran que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales de los diputados basándose en la propia doctrina constitucional. En este caso, han censurado que se hayan introducido dos enmiendas que afectan al Constitucional en el mismo paquete legislativo que suprime el delito de sedición y rebaja el delito de malversación. Estiman además que la cuestión "tiene especial trascendencia constitucional" porque el asunto plantea una cuestión jurídica de "relevante y general repercusión social".

También se impuso la mayoría conservadora para rechazar la recusación del presidente Pedro González-Trevijano y otro magistrado como había pedido la izquierda por considerar que tenían interés directo en la causa.