El Tribunal Constitucional dio este lunes un paso inédito al impedir al Parlamento continuar con la tramitación que ya estaba en el Senado de una reforma que afecta a su propia renovación y que ha provocado una crisis institucional sin precedentes que salpica a Gobierno, los partidos, el Congreso y Senado. Para el ciudadano, la culpa se colectiviza, pero para los protagonistas, se reparte de forma unívoca en sentido contrario, de izquierda a derecha y viceversa.

La decisión se tomó este lunes después de casi 12 horas de deliberación, por seis votos contra cinco, el margen mínimo. La sorpresa llegó con la decisión, pero el guion ideológico se cumplió: los seis conservadores votaron a favor del recurso del PP mientras los cinco progresistas votaron en contra. Esa aritmética se mantuvo inmóvil en dos de las votaciones anteriores de ese día, para admitir el recurso del PP y para posibilitar que dos de los magistrados conservadores, concernidos directamente por la renovación al tener su cargo caducado, pudieran ser juez y parte y mantener la mayoría conservadora dentro del pleno. De hecho, son cuatro los magistrados que deben ser ratificados o salir del organismo tras nuevos nombramientos. Solo una votación fue por siete a cuatro, y fue la primera del día, en la que los vocales decidieron que fuera el pleno el que deliberase y no la sala a la que el asunto le quedaba por reparto. Sin embargo, ese resultado tiene una explicación: el pacto previo entre el presidente del organismo y el bloque progresista para buscar uno de sus apoyos. Así, estos fueron los protagonistas de una decisión inédita que ha supuesto un huracán político y judicial sin precedentes:

El presidente de la institución es Pedro González Trevijano, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos . Nombrado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013. Su mandato está vencido desde junio de este año, tenía que haber sido sustituido hace seis meses. Precisamente la decisión de no apartase en la votación en la que se ve afectado -fue recusado por Unidas Podemos y PSOE- fue el principal reproche que recibió desde el Gobierno. Afín a los postulados del PP fue el ponente de la sentencia que declaró inconstitucional el decreto del estado de alarma del Ejecutivo durante la pandemia.

Antonio Narváez Rodríguez, magistrado conservador. Es teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Magistrado del TC desde junio de 2014 a propuesta del Partido Popular, tiene también el mandato caducado. Al igual que en el caso del presidente, fue recusado por Unidas Podemos y como en el caso anterior, tampoco se apartó del pleno que decidió suspender la tramitación de la reforma del Gobierno con el que pretendía renovar la institución y que por tanto le afectaba.

Santiago Martínez Vares (Santander, 1942). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, llegó al Tribunal Constitucional desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y posteriormente el Tribunal Supremo. Es uno de los cuatro magistrados de salida ya el TC. Nominado por el CGPJ.

Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), su nombramiento como magistrado del tribunal de garantías fruto del acuerdo entre el PSOE y el PP provocó la protesta de los socios del Gobierno y de algunos diputados socialistas que denunciaban la connivencia de Arnaldo con FAES y los populares.  Letrado de las Cortes Generales y ex vocal del Poder Judicial, se cruzó por vez primera en el camino de Pablo Casado con motivo de su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En una entrevista al diario El Mundo, el exdirector del Centro Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, afirmaba que la primera vez que vio a Casado fue cuando entró en su despacho "acompañado de Enrique Arnaldo, que era profesor de Derecho Político", y de una familiar lejano. "Los dos venían a decirme que el chico venía aquí a terminar la carrera", contaba el exdirector en 2018, justo cuando le estalló el tema del máster al actual líder del PP. Ha sido el ponente de la sentencia aprobada por una exigua mayoría que ha paralizado la reforma del Gobierno.

Concepción Espejel (Madrid, 1959), exmagistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Propuesta por los populares para dar el salto al TC siempre ha negado afinidad con el partido de Núñez Feijóo y de ser amiga personal de la que fuera secretaria General del PP María Dolores de Cospedal.

Fue uno de los dos jueces recusados para formar parte del tribunal que juzgó el "caso Gürtel" junto a su compañero Enrique López. Sus propios compañeros esgrimieron que su imparcialidad para juzgar un caso que afectaba al PP quedaba comprometida por su proximidad a los populares. En su momento fue vocal del Consejo General del Poder Judicial desde donde se pronunció en varias ocasiones sobre asuntos recurridos por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, entre ellos la ley del aborto.

Ricardo Enríquez Sancho (Madrid, 1966), ex magistrado de la sala tercera del Tribunal Supremo. LLegó al TC en 2014 por designación del Senado. Defendió su idoneidad para formar parte del TC por su larga producción de setencias, más de 2.500 sentencias del Tribunal Supremo en las que ha intervenido, entre ellas algunas conocidas como la referida a la desclasificación de los papeles del CESID.

Juan Antonio Xiol (Barcelona, 1946) vicepresidente del Tribunal Constitucional desde 2022. Está de salida del tribunal de garantías, es uno de los cuatro magistrados (de los 11 que actualmente forman parte) que tienen que ser relevados por expiración de su mandato. Es especialista en los ámbitos contencioso y civil y ha ocupado puestos de responsabilidad en la judicatura y en el Poder Judicial. Junto a la magistrada Maria Luis Balaguer firmó votos particular en la revisión de la sentencia del "procés" o la prisión permanente revisable.

María Luisa Balaguer (Almería, 1953 ) es catedrática de Derecho Constitucional, experta en Igualdad. Alineada en el sector progresista del TC, siempre ha defendido que esta institución y el CGPJ fueran obligados a tener una composición paritaria, denunciando la escasa visibilidad de las mujeres en los órganos judiciales. Lleva a gala haber emitido un buen número de votos discrepantes con el sentir del TC, entre ellos contra la sentencia que declaró inconstitucional el estado de alarma. 

Cándido Conde Pumpido (A Coruña, 1949), ex fiscal General del Estado entre 2004-2011 a propuesta del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Está llamado a ser el nuevo presidente del TC cuando se produzca su renovación y re equilibre las fuerzas (ahora de mayoría conservadora en progresista). Portavoz en su momento de la Asociación Jueces para Democracia, fue recusado por Carles Puigdemont y los independentistas por falta de imparcialidad por sus declaraciones contrarias a la celebración del 1-O.

Inmaculada Montalbán (Iznalloz, Granada 1959). Fue vocal del CGPJ antes de su llegada al TC a propuesta del Gobierno. Es experta en las materias de igualdad de género, violencia de género y derecho antidiscriminatorio, ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad de España

Juan Ramón Sáez Valcarcel (Madrid, 1957), magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, vocal del CGPJ durante cinco años a propuesta de Izquierda Unidad, esta en el Constitucional desde 2021. Señalado por el PP como un jurísta de fuerte carga ideológica. Ha sido responsable de ponencias polémicas entre ellas la que absolvió a los acusados de asediar el Parlament de Cataluña, sentencia que fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo.