El Congreso ha vivido este jueves una situación inédita, el debate de una ley pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. El choque de poderes sin precedentes ha planeado durante buena parte de la jornada en la Cámara Baja. Se han vivido horas de máxima tensión y enormes dudas jurídicas. El pleno del TC para debatir sobre el recurso de amparo del Partido Popular exigiendo paralizar la tramitación de la reforma judicial que permitiría el desbloqueo del propio tribunal ha tenido en vilo a los diputados.

Al final los magistrados del TC no han tomado ninguna decisión y la han aplazado hasta el próximo lunes. El capítulo en el Congreso se ha cerrado pasadas las seis de la tarde cuando ha quedado aprobada la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos con mayoría absoluta, era necesaria porque se trata de una ley orgánica, en un pleno con durísimas acusaciones donde se ha escenificado la división en dos bloques enfrentados. El PP y Ciudadanos han decidido no votar en protesta por no esperar al pronunciamiento del Constitucional.

Ahora la polémica se traslada al Senado donde el texto continua su tramitación y está prevista su aprobación definitiva el 22 de diciembre para que entre en vigor antes de que acabe el año. El TC tendrá que resolver y todavía puede suspender el trámite.

La ley, que se ha elaborado en tiempo récord, contempla la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación que beneficia a los independentistas condenados por el 1-O y un cambio a la baja en las mayorías exigidas para que el CGPJ nombre a los magistrados del TC que les corresponden. Se trata de una de las reformas de más calado, más arriesgadas y más polémicas del mandato de Sánchez que ha causado además un profundo malestar en el PSOE.

Ha salido adelante con los 184 votos del PSOE, Podemos, ERC, el PNV y otros socios de investidura, 64 en contra y 1 abstención. PP y Ciudadanos no han votado para mostrar su rechazo frontal a la forma y al fondo que consideran una cesión de Sánchez a los independentistas para mantenerse en el poder y un ataque al Estado de derecho y a la Constitución.

El PP ha recurrido en amparo al Constitucional con el argumento de que se vulneran sus derechos como diputados a la hora de ejercer la oposición. Los populares consideran que se ha hecho "un uso fraudulento de los trámites parlamentarios" por la "falta de conexión" de las enmiendas que rebajan las mayorías en el CGPJ para nombrar a los magistrados del TC con la proposición de ley que reforma el Código Penal.

Los pasillos han sido un hervidero de declaraciones. Varios miembros del Gobierno han salido para dejar constancia de la gravedad del momento. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha denunciado que no hay precedentes de que el TC convoque un pleno para que el Congreso no pueda ejercer sus funciones. Pedía a los magistrados "cordura y sentido democrático" y alertaba de que sería "un atropello democrático" suspender la votación. "Un riesgo para la democracia", enfatizaba la ministra que hablaba de una intromisión del Constitucional en el poder legislativo, la sede de la soberanía nacional.

La número dos del PP, Cuca Gamarra, respondía desde los mismos pasillos para negar que el recurso del PP sea un ataque a la soberanía del Congreso y defendía que todo el mundo debe respetar la decisión que adopte "el árbitro entre poderes" que es el TC. En el PP defienden que lo que han hecho ha sido llevar ante la justicia un intento del PSOE y Unidas Podemos de "reformar la Constitución por la puerta de atrás vía enmienda".

El debate de la proposición de ley en el hemiciclo ha comenzado con el PP, Vox y Ciudadanos solicitando a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que paralizase el pleno hasta que se resolviesen los recursos de amparo porque estaban afectados sus derechos como diputados. Una frase especialmente significativa ha sido la que Inés Arrimadas le ha dedicado a Batet. "Le digo lo mismo que a Forcadell en 2017: 'No permita esto'", en referencia a la presidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell condenada y encarcelada por el procés.

Batet ha seguido con la sesión apelando a que el Congreso no había recibido ninguna comunicación del TC y por lo tanto no había "obstáculos" para continuar con el procedimiento parlamentario. Ha reivindicado además la "autonomía parlamentaria" y la potestad legislativa de la Cámara.

En ese momento los diputados de Vox han decidido abandonar el hemiciclo. Su líder, Santiago Abascal, ha denunciado que habían asistido a un "golpe institucional en vivo y en directo" y ha hablado de las intenciones golpistas del Gobierno de Pedro Sánchez.

El debate ha tenido un tono duro y encendido con reproches mutuos de golpes a la democracia. Gamarra ha acusado a los socialistas de mimetizarse tanto contra los que dieron el golpe en Cataluña que creen que la democracia son ellos, ha reprochado a Pedro Sánchez que no estuviese presente en la votación, -"eso se llama cobardía", ha dicho- y le ha afeado que haya dado un nuevo paso en la "demolición" del Estado de derecho al romper la igualdad de los españoles. Para el PP se ha hecho un Código Penal con nombres y apellidos. Gamarra ha vuelto a pedir elecciones para que hablen los españoles ante el "fraude" que Sánchez hace a sus propios electores.  

Por parte del PSOE, Felipe Sicilia, ha reprochado a los populares que hayan intentado utilizar al Constitucional como recurso para conseguir lo que pierden en el Congreso y en las urnas. "Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno del Congreso, lo hizo con tricornios. Hoy la derecha ha vuelto a querer parar…con togas", ha espetado el socialista en referencia al golpe de Estado del 81 entre las airadas protestas del PP. No lo han logrado, a su juicio, porque las instituciones son fuertes y sólidas. "Sigan presentado recursos que nosotros seguiremos presentando leyes", ha subrayado. Sicilia ha finalizado su intervención dirigiéndose a su bancada para señalar: "Frente a los que nos quieren parar, los socialistas seguiremos avanzando. A caminar, mejor dicho como decía Alberti, 'a galopar'".

"Me da miedo que entre Tejero con toga", ha ironizado Gabriel Rufián nada más subirse a la tribuna en referencia al pleno del TC. El diputado de ERC ha defendido la política frente a los tribunales, ha vuelto a señalar que la reforma no se hace pensando en los líderes condenados sino en "hechos" futuros porque el anhelo de dos millones de catalanes a favor de la independencia no van a desaparecer. Rufián ha reafirmado la voluntad de Esquerra de hacer un referéndum de autodeterminación.