El expresidente Carles Puigdemont regresará a España cuando el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, se pronuncie sobre su posible inmunidad como eurodiputado y después de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las dos instancias judiciales donde el político independentista litiga contra la Justicia española. ¿Sobre la decisión del Gobierno español de reformar los delitos de sedición y malversación? En su entorno, consultado por NIUS, hay una mezcla de expectación y escepticismo. La primera, pasa por conocer cómo la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a poner una vez más la agenda de los independentistas catalanes en la actualidad política nacional. La segunda, se centra en sondear el impacto real que la decisión va a tener en la interpretación que los jueces españoles hagan sobre condenas de malversación ya impuestas.

Cabe recordar que no solo fue Esquerra Republicana el partido que presentó su propuesta de reforma para que el delito de malversación fuera penado con cárcel solo si provoca un enriquecimiento personal o de terceras personas. Además de la formación de Oriol Junqueras, los miembros en la Cámara Baja de Junts apostaron también por una modificación en la misma línea, que redujera las penas desde los 12 a los 8 años y que dejara fuera de la responsabilidad penal el gasto de dinero público para fines no contemplados en la Ley, siempre que eso no suponga un enriquecimiento ilícito. Finalmente, la medida aprobada por el Gobierno implica el mantenimiento de las penas máximas siempre que se acredite unas ganancias ilícitas para el político investigado por encima de los 250.000 euros. 

Entonces ¿Por qué es importante para los independentistas la reforma de este delito de malversación? Porque en la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, la mayoría de los condenados lo fue por un presunto delito de sedición en concurso con malversación. Por eso, no era suficiente para paliar su situación procesal con eliminar el delito de sedición, ya que el tipo máximo por el gasto de dinero público seguía siendo de 12 años, con independencia de los bolsillos en los que acabase.

En este punto, cabe recordar que fue el Partido Popular el que en 2015 agravó las penas precisamente con la idea de endurecer el castigo a los movimientos independentistas por derivar dinero público estatal a sus intereses partidistas. En ese momento, procedimientos de corrupción como los ERE en Andalucía fueron juzgados con la ley anterior, ya que era más beneficiosa para los investigados. Y por esa misma razón, ahora personas como el expresidente andaluz José Antonio Griñán no podrán beneficiarse de una nueva rebaja de penas. Pero sí los políticos independentistas, que verán eliminado el delito de sedición y reducido el umbral de las condenas penales por haber utilizado dinero público para promocionar el referéndum ilegal del 1-O. 

Una estrategia judicial distinta

De esta misma forma, Puigdemont podría beneficiarse de la atenuación de penas si fuera juzgado en España. Sin embargo, la estrategia jurídica del expresidente catalán pasa por una vía distinta para volver a pisar Cataluña: la de un pronunciamiento de los tribunales de la Unión Europea sobre la posible inmunidad de Puigdemont como eurodiputado. Por el momento, su plaza en la eurocámara le sirvió para salir ileso tras ser detenido en Italia en septiembre de 2021. 

Desde entonces, el Gobierno español mantiene una batalla legal con el expresidente catalán que se ha trasladado a dos escenarios distintos: el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y el Tribunal de Justicia de la UE, que deben decidir tanto sobre la extensión de la inmunidad de Puigdemont y si es de aplicación o no en suelo español.