Sánchez acelera reformas legislativas para asegurar su proyecto en Cataluña y España

A por todas, con todo y cuanto antes. Es la máxima de Pedro Sánchez que pone el acelerador en los últimos días del año para rematar su hoja de ruta con el objetivo de desjudicializar el conflicto en Cataluña con el argumento de favorecer la normalización y la convivencia. Primero fueron los indultos a los líderes independentistas, después la derogación de la sedición, -el delito por el que fueron condenados-, y ahora la reforma de la malversación.

La intención de Moncloa es cerrar ese capítulo este año para comenzar 2023 con todo el Gobierno y el PSOE volcado en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales de diciembre. La jugada de Sánchez es de altísimo riesgo político con un coste electoral asumido por Ferraz en territorios como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Cruzan los dedos y confían en que el ruido baje, la tormenta amaine como pasó con los indultos, la situación económica mejore y el PSC tenga el buen resultado que pronostican las encuestas en Cataluña para compensar la fuga de votos en otras comunidades.

Sánchez une su destino a ERC y pone las luces largas. El politólogo Pablo Simón asegura a NIUS que con esas medidas el presidente está apostando por la constitución de un bloque parlamentario donde Esquerra es la clave. "No solo estamos hablando ya de lo que que queda de legislatura sino probablemente de una investidura favorable en el próximo Congreso de los Diputados", señala Simón que ve a Sánchez en una lógica en la que "claramente se ata a los partidos nacionalistas e independentistas para gobernar".

En el mismo sentido se expresa la analista de comunicación Verónica Fumanal que mantiene que la apuesta electoral del PSOE a nivel de las elecciones generales no deja lugar a dudas: "Que en Cataluña haya un apoyo muy importante para que se puedan revalidar los números suficientes para gobernar España". La marca histórica del PSC fue en 2008, con Zapatero como líder socialista, con 25 escaños en el Congreso.

Indultos, sedición y malversación es el paquete completo exigido por ERC en la mesa de diálogo con el Gobierno para sacar el conflicto político de los tribunales. Sánchez sabe que la suma de PSOE y Podemos no será suficiente si quiere mantenerse en Moncloa y tendrá que volver a pactar con nacionalistas e independentistas.

En el escenario político actual Fumanal opina que es fundamental que los partidos que han formado parte de la mayoría progresista que ha dado estabilidad a Sánchez estos tres años sigan fuertes. Y añade que "ERC necesita elementos para continuar con una actitud de diálogo con el Gobierno teniendo en cuenta las fortísimas presiones que tiene por parte de Junts y de la CUP." Para Simón si el despegue del PSC se hace a costa de que los socios independentistas bajen "es lo comido por lo servido porque no suma".

La arriesgada maniobra del Gobierno se suma a otra igual de delicada, la decisión de rebajar la mayoría para elegir a los vocales del Tribunal Constitucional que tiene que nombrar el CGPJ. Sánchez va al choque directo y frontal con el PP al cambiar los consensos sobre el Poder Judicial ante el "bloqueo permanente" del principal partido de la oposición.

El Ejecutivo justifica el cambio legal porque denuncia un "secuestro" de los órganos constitucionales por parte del PP y un comportamiento "antidemocrático" de Feijóo. "Vamos a garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional", repiten en Moncloa. Sánchez quiere un TC acorde a la mayoría social que reflejaron las urnas, un Tribunal que en principio sería más favorable a las tesis progresistas y que tendrá que pronunciarse sobre estas y otras reformas que están recurridas por el PP y Vox.

La derecha va a degüello en este asunto presentando a un presidente que "asalta" las instituciones y "se arrolilla" ante los que intentaron dar un "golpe de Estado" en Cataluña para mantenerse en el poder.

Está todavía por ver en qué términos aceptará el PSOE la enmienda concreta que ha presentado ERC sobre malversación proponiendo una pena máxima de tres años de cárcel en los casos donde no ha habido ánimo de lucro, lo que beneficiaría a los independentistas condenados por el procés. "La analizaremos con detenimiento", aseguran los socialistas donde se han alzado voces muy críticas ante la posibilidad de que esa rebaja acabe beneficiando a condenados por corrupción.

El Gobierno no quiere aparecer ante la opinión pública como que cede ni un milímetro en la lucha contra la corrupción y se ha descolgado con una propuesta para crear en el Código Penal un nuevo delito de "enriquecimiento ilícito" que contempla multas, inhabilitación y hasta tres años de cárcel para los cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar.

La línea roja que marca Moncloa en el tema de la malversación es que nova a dar "ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción" y no va a despenalizar "en ningún caso, ningún uso indebido de los fondos públicos".

Hay que tener en cuenta que según todos los sondeos, la rebaja de la malversación genera más rechazo en la ciudadanía que la eliminación de la sedición. También en los votantes socialistas.

En el escenario de competición electoral en el que ya se sitúa España, Pablo Simón subraya que "la derecha compite mejor en algunos territorios pero que la izquierda tiene mas amigos". "La diferencia entre PP y PSOE es que el PSOE tendría múltiples opciones y fórmulas diferentes, la aritmética variable de la que hablamos siempre, y en cambio el PP tiene una única suma posible con Vox", destaca Fumanal. 

De momento el presidente viaja este domingo a Barcelona para arropar en un acto público al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, y al candidato a la alcaldía de la capital catalana, Jaume Collboni. El 28 de mayo, primer test en las urnas.