Poco después de que ERC registrase su enmienda sobre malversación que contempla una rebaja de la pena cuando no hay ánimo de lucro, el PSOE ha movido ficha y ha anunciado la suya propia, firmada con Unidas Podemos, con el objetivo de luchar contra la corrupción. En la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso para derogar el delito de sedición el Gobierno introducirá un nuevo delito de "enriquecimiento ilícito".
Los cargos públicos que hasta cinco años después de abandonar su puesto incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar serán castigados con penas de entre seis meses y tres años de cárcel, multas económicas e inhabilitación de entre dos y siete años.
El PSOE defiende que con este nuevo tipo penal, que no existe hasta ahora, España se situará junto a otros países de la Unión Europea. Los socialistas intentan con este movimiento contrarrestar las críticas de muchos de sus barones y las reticencias de algunos de sus socios parlamentarios que cuestionan que la rebaja del delito de malversación que el Gobierno está dispuesto a tocar podría beneficiar a condenados por corrupción.
"El PSOE no va a aceptar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción", ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que ha sido el encargado de presentar la iniciativa. Ha argumentado que hasta ahora los cargos públicos tienen la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales cuando llegan a sus puestos, pero "no existe ningún procedimiento al finalizar el mandato" para controlar que no se han enriquecido de forma irregular.
López ha insistido en varias ocasiones en que su enmienda no tiene nada que ver con la reforma del delito de malversación que propone ERC. El portavoz sostiene que el PSOE no conoce los términos concretos de la enmienda de Esquerra y asegura que no han negociado este asunto con los republicanos. "La analizaremos con detenimiento", ha afirmado poniendo el foco en que los socialistas no van a aprobar "nada que suponga una una despenalización del uso indebido de fondos públicos".
Los socialistas han marcado sus líneas rojas de hasta donde están dispuestos a llegar en la rebaja de la malversación. "Dos principios innegociables", ha dicho López. No van a aceptar ningún beneficio para los condenados por corrupción y todo uso arbitrario o indebido de fondos públicos tiene que estar penalizado y sancionado en el Código Penal.
La reforma exprés del Código Penal iba a estar acotada a la derogación del delito de sedición, pero al final va a ser mucho más profunda. Los socialistas también aprovechan para desbloquear, a través de enmiendas, los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Rebaja de tres quintos a mayoría simple los votos necesarios en el CGPJ para designar a los dos magistrados del Constitucional que les corresponden y contempla hasta responsabilidades penales para los vocales que bloqueen. Además se suprime el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal.