Sobres limpios, un email y dos tandas de envío: el misterio de las seis cartas bomba en Madrid por la guerra de Ucrania

Seis cartas bomba en menos de una semana. Ese es el resultado de la estrategia de envíos peligrosos que ha puesto en alerta a organismos e instituciones públicas españolas, bajo una sospecha: la de que se trata de una represalia por el apoyo manifiesto de España a Ucrania tras la invasión de Rusia. Desde el pasado miércoles, es la Audiencia Nacional la que investiga el caso como un presunto acto de terrorismo, bien de una organización concreta o bien de un individuo en particular. Según ha podido confimar NIUS, los investigadores analizan ahora si el autor de las cartas bomba fraccionó su envío en dos tandas: una primera para el presidente del Gobierno y una segunda con nuevos objetivos tras confirmar que la remisión del artefacto no ha tenido trascendencia. 

Según portavoces del Ministerio del Interior, las cartas enviadas están formadas básicamente por “material pirotécnico” pensado para causar una gran deflagración. Es decir: se trataría -según esta versión- de artefactos diseñados con un componente básico de pólvora, pero pensado para causar daño con la llama que genera (quemaduras) y no por el cambio brusco y destructivo de presión que genera una explosión. Por un lado, la noticia es positiva para los expertos, ya que la capacidad letal de estos artefactos es menor -aunque algunos contenían además una pequeña cantidad de metralla- pero por otro, también se dificulta más la identificación del autor o autores, ya que las sustancias que componen el artefacto en muchos casos no estarían reguladas, de la misma forma que sí lo están los posibles componentes para elaborar un explosivo. 

Desde la detección de la primera carta incendiaria por los servicios de seguridad de Moncloa, los investigadores han encontrado varias similitudes entre los seis envíos, remitidos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al presidente Pedro Sánchez, a la representación diplomática de Ucrania en Madrid, a una empresa de de Zaragoza dedicada a la fabricación de material bélico, al centro de satélites de la base aérea de Torrejón y la embajada americana en Madrid. Por ello los investigadores buscan huellas en los sobres de cartón, rastrean el posible fabricante, y analizan cualquier otro dato ante la sospecha de que fueron introducidos en el sistema postal por medio de buzones. Eso dificulta todavía más la identificación del posible autor, ya que no es necesaria documentación alguna para depositar el envío. Algo que se puede dar con una carta pero no con un paquete. 

Desde un punto de vista técnico, los investigadores buscan a una persona con ciertos conocimientos en la manipulación de este tipo de materiales. Al menos, los suficientes como para manipular el compuesto incendiario y montar un dispositivo capaz de hacerlo prender en el momento de la apertura del sobre. Por eso, desde el momento en el que se confirmó el envío de varios paquetes incendiarios a distintas entidades se activó la llamada “circular 50”, o lo que es lo mismo, el protocolo de alerta terrorista que pone en máxima alerta a la Policía Nacional en sus labores de custodia de organismos públicos. Además, la investigación del caso quedó en manos de la Comisaría General de Información (GCI) de la Policía Nacional, con sede en Canillas (Madrid). 

Sus miembros son los que ahora tratan de analizar por ejemplo la caligrafía de las etiquetas encontradas en los sobres con ayuda de los agentes de la Policía Científica. El mecanismo también supone un reto, ya que los investigadores consideran, según confirman a NIUS fuentes cercanas al caso, que el autor pudo utilizar una regla y otros mecanismos para hacer variar su caligrafía. Además, su identificación se complica al carecer los investigadores de otros documentos manuscritos para comparar la autoría. Lo mismo sucedería por ejemplo con los posibles restos biológicos encontrados en los sobres, que bien podrían ser de los funcionarios de Correos que participaron en su distribución, además de carecer de cualquier muestra de cotejo si el autor no se encuentra dentro de las bases de datos policiales de ADN.