Fiscalía no reabrirá la causa contra el rey emérito pese a su nueva regularización

La Fiscalía se inclina por no reabrir la causa contra el rey emérito, pese a que el monarca ha firmado una nueva conformidad con la Agencia Tributaria, la tercera, después de que el fisco descubriera que Juan Carlos de Borbón había disfrutado de viajes y cacerías pagados por terceros. No es nuevo que el rey emérito haya disfrutado de bienes o servicios pagados por terceros. Y tampoco lo es que ese disfrute llegue a espaldas de Hacienda, a la que abonó ya más de cuatro millones de euros entre 2020 y 2021. Pero sí lo es que esta tercera conformidad entre Juan Carlos I y el fisco español llegue después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias de investigación abiertas en su contra. 

En su decisión final, la Fiscalía del Tribunal Supremo argumentó que el monarca había regularizado sus saldos con Hacienda antes de que el Ministerio Público presentase una acusación formal en su contra. Con carácter general, la legislación española (Artículo 305 del Código Penal) dicta que una persona comete un delito de fraude fiscal cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio fiscal. En el caso del rey emérito, esa cuantía se superaba con creces, pero al llegar a un acuerdo con Hacienda antes de que la Fiscalía presentase una querella formal, Juan Carlos de Borbón quedó sin imputación alguna ya que el dinero no se considera defraudado. Además, en su caso Hacienda trató cada uno de los gastos disfrutados por el monarca como una donación individual, en lugar de contabilizar por ejercicios todos los gastos abonados por terceros. Así, ninguna de esas donaciones superaban los 120.000 euros pese a que la salvaguarda del artículo 305 no se activó.

De hecho, la posible protección del monarca al regularizar tenía dos condicionantes. Dos premisas que se debían cumplir: que la regularización fuera “voluntaria” y “completa”. En el primer caso, Fiscalía consideró que el monarca había aflorado el patrimonio ante Hacienda de forma “voluntaria”, pese a que las diligencias de investigación se prolongaron durante casi dos años y las pesquisas sobre las finanzas de Juan Carlos I eran abiertamente conocidas, tanto en España como en Suiza. Por otro lado, la legislación dicta que el pacto previo con el fisco tiene que ser completo, es decir, que no pueden aparecer después otros cobros, disfrutes o patrimonios desconocidos por la Agencia Tributaria. Eso no se cumplió ya en primera instancia, ya que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) alertó antes del archivo de que el monarca omitió 96.696 euros enviados a una cuenta de su ayudante de campo y 95.365 euros en operaciones en tratamientos de estética y rejuvenecimiento. Aun así, las cuantías de esas "donaciones" nunca superaron los 120.000 euros de forma individual. Y por eso la Fiscalía decidió archivar.

Ahora, esta nueva divergencia con Hacienda revela que todavía había datos desconocidos para los inspectores fiscales, pero que tampoco superan los 120.000 euros en una sola donación, y por tanto, no modificarían los criterios del Ministerio Púnlico para que el rey emérito fuera imputado. “No afectan a las diligencias de la Fiscalía”, concluyen fuentes de la institución al ser preguntados por NIUS sobre la posibilidad de que la causa contra el rey emérito se reabra.