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Las relaciones entre PSOE y Podemos pasan estos días por su momento más crítico desde el inicio de la legislatura. La acumulación de frentes abiertos con desacuerdos profundos entre los socios está tensionando las costuras del Gobierno de coalición al máximo justo unos días después de que Pedro Sánchez presumiese de estabilidad tras aprobar sus últimos presupuestos y un dirigente Unidas Podemos llegase a decir que la coalición estaba "en plena forma".
Los síntomas de agotamiento se han escenificado esta semana por parte de Podemos que aprieta las tuercas al PSOE para marcar perfil propio y presionar para que leyes emblemáticas, algunas elaboradas en sus ministerios, salgan adelante. La ley trans, la de bienestar animal, la de familias, la de vivienda y la mordaza son un foco de conflicto que auguran un último año de la legislatura de continuos sobresaltos en Moncloa con la cuerda muy tensa entre los socios.
Podemos ha elevado el tono y directamente ha denunciado que el PSOE está bloqueando leyes sociales por un "cálculo electoral" una vez aprobadas las cuentas públicas que le han despejado el horizonte. En el PSOE restan importancia a esas tensiones y pide a sus socio que "no busque fantasmas donde no los hay". Desde la mesa del Consejo de Ministros también se intentan rebajar las discrepancias.
¿Se debería convocar la comisión del seguimiento del pacto? El ala socialista no lo ve necesario porque "el Gobierno de coalición está permanentemente en contacto". En Podemos tampoco creen que sea un problema de "interlocución" sino de "voluntad política".
A pesar del ruido fuentes del partido morado sostienen que la legislatura no está en riesgo y que ellos no se han planteado nunca salir del Gobierno. Es más, reivindican que el Ejecutivo de coalición es el mayor logro de Podemos. Y avisan de que seguirán dando la batalla política hasta el final peleando el contenido de todas las leyes. Admiten, eso sí, que estas polémicas "impactan negativamente" en las dos partes del Gobierno.
En el intercambio de declaraciones de este martes a través de los medios de comunicación Pablo Echenique dijo que el PSOE "se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan adelante leyes lideradas por Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja" y su homólogo Patxi López le respondió que no hay ningún cálculo político: "Todas son leyes del Gobierno y las vamos a defender, el cálculo es que salgan todas cuanto antes y cuanto mejor posible para nuestro cálculo político".
La gestión de algunos proyectos legislativos es lo que ha desatado la tormenta de estos días. La ley trans, texto emblemático del ministerio que dirige Irene Montero, ha generado discrepancias desde el inicio pero en las últimas horas se han recrudecido. La decisión del PSOE de mantener viva su enmienda para la ponencia que se reunirá esta tarde y que limita la autodeterminación de género en los menores de 14 a 16 años ha provocado un enorme malestar en Podemos.
Reprochan a los socialistas que pretendan "recortar derechos sociales a la infancia trans" y expresan su temor de que esa enmienda pueda ser apoyada por el PP y Vox. Rechazan además la justificación del PSOE de que hay que dotar al texto de más "seguridad jurídica" y recuerdan que las leyes, cuando las aprueba el Consejo de Ministros, son de todo el Gobierno. "¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen leyes sin seguridad jurídica?", espetó Echenique.
El PSOE responde que no está buscando ningún acuerdo con el PP pero se reafirma en que trabajan por conseguir la mejor ley que no tenga ningún resquicio cuando la derecha la recurra ante el Tribunal Constitucional como ha anunciado. Los socialistas hacen su previsión de que la ley pudiese ir a pleno la semana del 22 de diciembre si hay entendimiento pero si las posiciones siguen enquistadas y Podemos no cede es muy probable que la ley no vea la luz.
Otro proyecto que está provocando choques entre PSOE y Podemos es la ley de protección animal elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra. Fuentes del grupo parlamentario morado se quejan de que los socialistas se resisten a retirar su enmienda que deja fuera a los perros de caza de esa legislación.
Los dos partidos se reunieron en las últimas horas para intentar sacar adelante la norma que ya fue aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y que ahora mismo está parada. Fuentes de Podemos lamentan que en ese contacto el PSOE haya persistido en su apuesta, "algo inasumible para Unidas Podemos y para la mayoría progresista que sostiene al Gobierno".
Para los morados el objetivo de la norma es acabar con la impunidad ante el maltrato animal y excluir a los perros de caza supondría "dejarlos desprotegidos frente a los maltratadores de animales".
A esos choques por enmiendas concretas se ha sumado el retraso de la ley de familias, una norma también impulsada por Belarra. Según Podemos, el PSOE ha retrasado su aprobación en el Consejo de Ministros horas antes de celebrarse la reunión sin comunicarles la razón. "Argumentos incomprensibles", sostuvo la líder de Podemos en un vídeo lanzado en sus redes sociales.
En el PSOE hablan de pulir aspectos de "conflictividad competencial". "Todos estos asuntos están en carteras y sobre los que hay una fase previa deliberativa y una fase de conclusión que es la que finalmente llega a la mesa y es aprobada por el conjunto del Gobierno", argumentó la portavoz, Isabel Rodríguez.
Lo que si ha aprobado el Consejo de Ministros es la ley de trata que persigue todas las formas de explotación de seres humanos. El Ministerio de Igualdad ya se ha quejado de que le parece insuficiente y se da por hecho de que el texto sufrirá ajustes a lo largo de su tramitación.
La ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza son dos compromisos del Gobierno de coalición, dos exigencias de Podemos y de otros socios de investidura pero que están bloqueadas en las diferentes comisiones del Congreso por la falta de acuerdo.
Esta última semana se han producido avances en vivienda pero sigue latente el escollo principal, la regulación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas y la definición de grandes y pequeños tenedores de viviendas. Ha habido reuniones entre las partes e intercambio de papeles aunque de momento sin un resultado concreto. Esa ley llegó a condicionar el apoyo de los morados a los presupuestos del Estado de 2021 y 2022.
Una nueva ley de seguridad ciudadana para sustituir a la llamada ley mordaza aprobada por el PP fue una promesa electoral pero tres años después sigue encallada. Los puntos de fricción en asuntos clave como el uso de material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad o el delito de faltas de respeto a la autoridad no permiten avanzar.