El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al anteproyecto de ley contra la trata de seres humanos, un texto en el que han participado Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión y cuya tramitación comienza con polémica por las diferencias entre los distintos ministerios.

Ayer lunes, horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el texto sería aprobado finalmente este martes, fuentes del Ministerio de Igualdad alertaban de que el anteproyecto diseñado por Justicia era "insuficiente".

El departamento que dirige Irene Montero ve "imprescindible", por ejemplo, que la ley incluya la posibilidad de que las víctimas de trata y explotación sexual que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia y de trabajo y reciban atención social integral sin necesidad de colaboración policial o de denuncia, como el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.

Fuentes del Ejecutivo señalan que en el anteproyecto los derechos de las víctimas de trata no están condicionados a la presentación de ninguna denuncia y destacan el "importante esfuerzo de coordinación realizado por Justicia" para elaborar "en un tiempo récord" un texto junto a los otros tres ministerios y con aportaciones de otros nueve: Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo.

Pero las diferencias entre Igualdad y Justicia se remontan a hace meses, ya que el objetivo inicial de Montero era aprobar un proyecto centrado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Igualdad envió un texto a Justicia en enero y han esperado meses a conocer su respuesta.

Justicia consideró que era necesario aprobar una ley integral para todos tipos de trata, no solo con fines de explotación sexual, y encargó su diseño a la Comisión General de Codificación, órgano asesor de ese departamento.

El anteproyecto llega además más tarde de lo previsto al Consejo, ya que hace dos semanas el Ejecutivo anunció que estaba listo para su aprobación, pero la covid de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y posteriormente el debate en el Congreso de los presupuestos de este Ministerio lo aplazaron.

Al anunciar que este martes la norma estaría sobre la mesa del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez aseguró que con este anteproyecto España va a dar "un paso más para avanzar en dignidad" y "combatir una realidad insoportable en pleno siglo XXI".

Se trata de una ley, explicó Sánchez, para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, y sobre todo con niñas y niños.

En el centro del debate entre los distintos ministerios están los derechos que tendrán las víctimas de trata y explotación sexual, ya que la mayoría se encuentran en España en situación irregular e Igualdad considera básico que se les ofrezca la posibilidad de acceder a papeles sin necesidad de denunciar.

Ese ministerio ve también necesario que el proceso de acreditación de las víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y que tratan habitualmente con ellas y pide que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sea considerado organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata.

El anteproyecto, según el borrador al que ha tenido acceso EFE, recoge que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia a la víctima y el proceso de detección e identificación no estén condicionados a su colaboración en una investigación penal.

De acuerdo con ese texto, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares serán las encargadas de dictar las resoluciones que identificarán a las víctimas de trata y que las habilitará para acceder a los derechos y servicios que se habiliten para ellas en la ley.