La Policía Nacional cree que el marido de la senadora y alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz recibió un chivatazo sobre la investigación en la que tanto el empresario de origen sueco como su hijo tenían los teléfonos pinchados por orden judicial. Ambos (Lars y Joakim Broberg) están procesados ahora por lavar presuntamente dinero del narcotráfico, en una investigación desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pero la Justicia no actuará contra el marido Ángeles Muñoz debido, según adelantó Eldiario, a sus problemas de salud y “su deterioro físico y mental”. Sin embargo, los informes policiales entregados a la Audiencia Nacional desvelan las sospechas de que el marido de la senadora mantenía contactos con “la esfera policial/judicial” que le sirvieron para conocer que estaba siendo investigado, y sus conversaciones escuchadas.
El principal argumento para esta sospecha, según ha podido confirmar Nius, es una grabación entre padre e hijo, donde la pareja de la alcaldesa de Marbella “avisa a su hijo de que los teléfonos que usa están intervenidos y de que está siendo escuchado por la Policía”, lo que a juicio de los investigadores “da una idea del alto nivel de contactos que Lars podría tener en el ámbito judicial o policial para tener conocimiento de tales hechos”.
De hecho, hubo otro elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores: pese a que las llamadas entre padre e hijo eran constantes, reportando el segundo parte de sus operaciones, parte de ellas se producían por medio de una línea móvil que Joakim tenía registrada en Estonia. Y eso, a pesar de que tanto uno como otro estaban en ese momento en España.
“En la mayoría de las ocasiones la que se pone al teléfono es su esposa, María Ángeles Muños y en algunas ocasiones en llamadas directas con ella”, reflejan los investigadores en sus advertencias sobre este tipo de llamadas. Eso llevó a la Policía Judicial a confirmar que tanto la senadora como su parejatenían conocimiento de que Joakim Broberg, uno de los principales investigados en la causa, utilizaba “teléfonos de seguridad”.
Para los agentes encargados del caso, la relación entre el empresario y la alcaldesa y senadora -que no tiene la calificación de investigada en esta causa- era un elemento de poder. “Una cuestión que incuestionablemente contribuye a determinar el poder e influencia que Broberg tiene en los ayuntamiento vinculados con los negocios inmobiliarios que están llevando a cabo”, concluyen en uno de sus informes.