El Tribunal de Cuentas ha sancionado solo a tres partidos por su contabilidad ordinaria desde 2009

El Tribunal de Cuentas ha sancionado solo a tres partidos políticos por irregularidades en su contabilidad ordinaria  desde 2010. Y de hecho, la cifra es todavía menor si atendemos a que la mayor multa de esa terna, sufrida por el Partido Aragonés por su contabilidad de 2009 a 2011, fue anulada después por el Tribunal Supremo. Así, según los datos que el propio organismo ha hecho público en su sección de Transparencia, solo Izquierda Unida por irregularidades en las donaciones recibidas en 2016 y Nueva Canarias en 2018 por no presentar debidamente las cuentas ante el organismo han resultado sancionados. En ambos casos, la multa rondó los 50.000 euros. 

Por un lado, la cifra supone, de forma estadística, que las irregularidades financieras de los partidos políticos españoles prácticamente no existen si no se trata de períodos electorales, pero por otro, cabe recordar que durante años, varios partidos cuya contabilidad pasó sin sanción alguna por el Tribunal de Cuentas han protagonizado sonadas investigaciones por presuntos delitos de financiación ilegal. Como ejemplo, el pasado 2020 el Tribunal Supremo confirmó la existencia de una caja B dentro del Partido Popular que funcionó según los dictámenes judiciales durante 18 años. De hecho, el partido llegó a pagar en B en 2007 la reforma de su sede principal, en la madrileña calle Génova. 

El pasado 8 de noviembre, el juez Santiago Pedráz decidió concluir la investigación del llamado caso 3% y enviar a juicio a una treintena de políticos, funcionarios y empresarios en relación con la presunta financiación ilegal de CDC y PdeCat hasta 2015. En el caso de Convergència, los informes de Anticorrupción explican que el dinero investigado, que era enviado desde sus fundaciones, supondría el 7,7% del presupuesto completo de la formación.

La potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas para la contabilidad de las formaciones políticas fue aprobada en una reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos realizada en 2012, pero que incluía los ejercicios no prescritos.

Según la documentación publicada ayer, la mayoría de las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas desde entonces se centran en los períodos electorales, que tienen una fiscalización independiente de las contabilidades ordinarias. En las elecciones municipales de  2019 y según los datos del organismo, se vivió la multa  más alta, cuando los funcionarios detectaron que “un tercero” estaba pagando gastos electorales de la coalición de Ciudadanos y Manuel Valls por Barcelona. La sanción fue entonces de 251.600 euros, que la formación naranja no ha recurrido. 

En esas mismas elecciones, la mayoría de los partidos sancionados lo fueron por saltarse el techo de gasto electoral, bien de forma general, o bien por invertir más del 20% de lo que marcaba la legislación en publicidad electoral en radios, televisiones o cartelería. Así sucedió con una veintena de corporaciones locales que van desde Barcelona Per El Canvi al Partido Independiente de Torrepacheco. En la mayoría de los casos, la multa ronda también los 50.000 euros, aunque algunas formaciones, como Ilusiona o Independientes por Huelva acumulan dos exceder el gasto en distintos conceptos y no son firmes, ya que las formaciones han recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo.