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El Gobierno confía en que las votaciones de este jueves en el Congreso sirvan para exhibir fortaleza a poco más de un año de las elecciones generales y para acallar el ruido de estos días a raíz de la rebaja de penas a los agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Es un pleno clave donde Pedro Sánchez sacará adelante, salvo sorpresas de última hora, sus terceros y últimos presupuestos, los nuevos impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas y se dará el primer paso para la derogación del delito de sedición en el Código Penal.
En Moncloa esperan hacer bingo con tres asuntos muy relevantes de la agenda política. Una imagen con la que el pretende contrarrestar la polémica de la ley estrella de Irene Montero que ha generado tensiones con Podemos después de que algunos ministros socialistas se desmarcasen de los ataques a los jueces de la ministra de Igualdad.
El presidente del Gobierno no ha querido hacer sangre contra Montero para evitar un nuevo choque con su socio que se sume a las últimas disputas en la coalición que acusa síntomas de desgaste después de tres años de andadura. "Las leyes que se aprueban en el Consejo de Ministros son leyes del Gobierno", remarcaron este mismo lunes en el PSOE.
La foto del jueves, a la espera de cerrar los últimos flecos de la negociación con algunos partidos como ERC o Bildu que todavía no han dado su sí definitivo, será la del Ejecutivo de coalición armando una amplia mayoría para aprobar sus terceras cuentas públicas "en tiempo y forma", como repiten los socialistas. El bloque de la investidura se afianzará de cara al último año de la legislatura y Sánchez podrá trasladar un mensaje de estabilidad política.
"La salud del Gobierno de coalición se demuestra con los hechos", proclamó este jueves la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, desde la sede de Ferraz al ser preguntada por cómo está la relaciones con su socio tras los encontronazos por la ley de libertad sexual. Alegría destacó que además del tercer presupuesto se han aprobado más de 170 iniciativas legislativas en estos tres años, algunas tan importantes como la reforma laboral, el mecanismo de los ERTE o la nueva Ley de Formación Profesional.
En el PSOE remarcan que la intención del Ejecutivo de coalición es mantener su hoja de ruta de proteger a la ciudadanía en este tiempo de crisis, aprobar leyes "transformadoras" y seguir "consolidando el escudo social".
El Gobierno acude con relativa tranquilidad a la cita del jueves. Hacienda mantiene estos días contactos con los socios parlamentarios que todavía no han anunciado su apoyo final a las cuentas como ERC o Bildu a pesar de que los dos partidos facilitaron la pasada semana que el dictamen saliese adelante en la Comisión de Presupuestos.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró este lunes que el foco de la negociación con el Gobierno se encuentra ahora mismo en incluir dentro del PGE "mecanismos de cumplimiento" de la ejecución de las inversiones en Cataluña. Este martes empezarán a producirse las primeras votaciones en la Cámara Baja sobre los presupuestos y los republicanos advierten de que todavía están "lejos de poder concretar acuerdos" aunque creen que hay margen.
Los cinco votos de Bildu tampoco están garantizados, según la formación vasca, aunque se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que las haciendas forales gestionen los impuestos a la banca y las eléctricas. Los socialistas han ido cerrando otros apoyos con cuentagotas. Ahora mismo ha conseguido amarrar 167 votos a favor tras alcanzar pactos con el PNV, Coalición Canaria, Compromís, Teruel Existe, Más País-Equo y PRC.
El Gobierno tiene garantizada la mayoría para pasar el primer trámite de la reforma del Código Penal que suprimirá el delito de sedición y lo sustituirá por el de desordenes públicos agravados, por el que fueron condenados los presos independentistas del procés. Fue un compromiso de Sánchez en su discurso de investidura y ha sido una exigencia permanente de Esquerra que no la ha querido vincular a los presupuestos aunque las negociaciones se han sucedido de forma paralela.
La toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Podemos saldrá adelante a pesar de que los morados han expresado su inquietud porque la reforma acabe criminalizando la protesta y porque una rebaja de penas por el delito de malversación, como propone Esquerra, podría acabar beneficiando a otros condenados por corrupción que no se lucraron personalmente pero hicieron un uso indebido de fondos públicos. Ese punto tampoco lo comparten otros partidos del bloque de investidura.
Sánchez no cerró la puerta a modificar la malversación pero el tema se ha enfriado a la espera de que ERC haga pública su propuesta concreta. En el PSOE recalcan que el compromiso del presidente pasaba por reformar el delito de sedición y se niegan a hablar de otras "hipótesis".
La hoja de ruta con Podemos se mantiene pero en Ferraz preocupa la situación interna que vive su socio tras el continuo distanciamiento entre el partido morado y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El pasado viernes Pablo Iglesias lanzó una crítica feroz contra los que se han puesto de perfil y no han defendido a Irene Montero. No citó a nadie pero todo el mundo interpretó que esas palabras iban dirigidas a Díaz que había sido muy prudente con el tema y no secundó las críticas a los jueces como sí hizo el ala dura de Podemos.
El partido que dirige Ione Belarra se reafirma en que quiere llegar a una coalición con Sumar, la plataforma que impulsa Díaz, pero lo que es evidente es que la tensión interna cada día es mayor y algunas voces especulan con una posible ruptura que haría mucho daño a las expectativas electorales de la izquierda.
En el PSOE esperan que haya la "máxima unidad" en ese espacio de cara a las próximas citas electorales de 2023 para poder movilizar a los votantes progresistas. Los socialistas saben que Sánchez necesitará pactar con Podemos y con el resto de partidos de la investidura si quiere mantener el poder.