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La ley del 'solo sí es sí' entró en vigor el pasado 7 de octubre, dos años y siete meses después de que la estudiase por primera vez el Consejo de Ministros. Un largo y tortuoso camino lleno de obstáculos que ha culminado con la tormenta política y judicial tras la ola de rebajas de penas a los condenados por delitos sexuales.
La nueva legislación, que ahora sacude al Gobierno, fue polémica desde el principio. Provocó la primera gran bronca en la coalición con una guerra abierta entre ministros del PSOE, por un lado la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y el titular de Justicia Juan Carlos Campo, y por otro la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero.
Los primeros avisaron de que había errores, deficiencias y contradicciones en el texto que redactó Igualdad, la segunda denunció que los socialistas querían boicotear su ley estrella. Al final la norma se pulió, se aprobó y el Gobierno vendió que era una "ley de todos" para acallar el ruido de la primera crisis del Ejecutivo recién formado.
La ley integral de garantía de la libertad sexual, que es su nombre oficial, es una bandera para la izquierda y para el feminismo pero los efectos negativos que está provocando su aplicación por parte de algunos jueces ha desatado la alarma social en un tema especialmente sensible y ha colocado a Irene Montero en la picota después de haber acusado a esos magistrados de machistas.
Esos ataques han generado malestar en el PSOE, los socios de investidura presionan para corregir la ley aunque Pedro Sánchez gana tiempo y ha preferido pasar la patata caliente a los tribunales a la espera de que dicten doctrina. El Tribunal Supremo se pronunciará en las próximas semanas sobre los recursos pendientes y el embrollo podría empezar a despejarse.
El presidente del Gobierno no ha querido hacer sangre contra la ley más emblemática del Ministerio de Igualdad para evitar una nueva discrepancia con su socio. Los focos de tensión en los últimos meses han sido permanentes y las relaciones acusan desgaste después de tres años de convivencia.
La ley, un compromiso de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nació como respuesta a la ola de indignación que generó en el movimiento feminista la sentencia de la Manada. Miles de mujeres se manifestaron en las calles exigiendo poner el consentimiento en el centro de la legislación después de que los 5 acusados de agredir a una joven en los Sanfermines de 2016 fueran procesados por abuso sexual y no por violación.
La Audiencia de Navarra les condenó a 9 años de prisión porque consideró que la víctima no se negó explícitamente y no se pudo probar que hubiese violencia ni intimidación. En junio de 2019 el Tribunal Supremo elevó la pena a 15 años al sostener que sí hubo violación.
Desde aquel momento el consentimiento se convirtió en el objetivo. "Blindar que solo sí es sí", dice textualmente el pacto del Gobierno en cumplimiento del Convenio de Estambul. Los dos partidos se comprometen a aprobar una ley integral sobre libertad sexual y una reforma de la legislación penal para garantizar que el "consentimiento de la víctima sea la clave en los delitos sexuales".
Irene Montero, nada más aterrizar en el Ministerio de Igualdad que antes había ocupado Carmen Calvo, ultima el anteproyecto de ley con la intención de aprobarlo antes del 8 de marzo, fecha simbólica para el feminismo. Tenía el visto bueno del presidente del Gobierno. Los ejes de la ley son que el consentimiento prima en todas las relaciones y que desaparece la distinción entre abusos y agresiones, todo será agresión sexual.
El 8 de febrero Pedro Sánchez reúne de forma informal a todo su gabinete en la finca de Quintos de Mora. Es ahí cuando Montero le entrega el borrador de su ley al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
A partir de ese momento estalla la crisis. Las filtraciones llegan desde los dos bandos. Justicia dispara con que un tercio del texto tiene errores técnicos, deficiencias, contradicciones e invasión de competencias. Campo, apoyado por Carmen Calvo, pide sosiego, más tiempo y un estudio en profundidad para subsanar los fallos. Se extiende la idea de que el texto de Igualdad no tiene nivel suficiente.
Podemos también filtra su enfado. Arremete contra Justicia y Calvo por bloquear la ley con excusas técnicas. "Se está esperando hace semanas y Justicia se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar", aseguran los morados. Los mensajes se suceden. "Lo único que falta para que se empiece a tramitar y llegue a tiempo es que el ministro de justicia de el OK".
Uno de los debates de aquel momento era si la modificación del Código Penal debía abordarse en la ley o dejarla para una reforma global donde el Gobierno planeaba modificar también el delito de sedición.
El 20 de febrero Sánchez pide pisar el acelerador y que la ley se apruebe antes de las manifestaciones del Día de la Mujer. La polémica intenta zanjarse con un comunicado de Moncloa: "La ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo".
Los retoques del texto se producen hasta justo antes del Consejo de Ministros que aprueba el anteproyecto. El 3 de marzo se pone en marcha la primera gran ley de Podemos. En la sala de prensa comparecieron la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad.
Irene Montero quitó hierro a la polémica interna: "Una vez que el anteproyecto se aprueba en el Consejo de Ministros es ya un proyecto del Ejecutivo, no de ningún departamento en concreto". En la misma línea se pronunció la portavoz: "La norma es de todos".
La sensación que quedó es que Podemos había ganado una batalla donde se evidenció la desconfianza mutua y los recelos personales. El Gobierno se conjuró para cerrar filas y el texto se envió a los órganos consultivos para que hicieran sus informes.
Pero la crisis no cesó. Un día después, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, desde los pasillos del Senado pronunció la frase que más irritó al PSOE, toda una andanada contra Campo sin citarle por su nombre: "En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado". Pablo Echenique echó más leña al fuego. "Parece que hace falta que venga un machote y diga: 'venga, te arreglo la ley'".
La socialista Adriana Lastra respondió que no había ministros machistas y que el Gobierno era feminista del primero al último.
Dos días después, por sorpresa y de urgencia, se reunió por primera vez la comisión de coordinación para vigilar el cumplimiento del pacto del Gobierno tras los enfrentamientos públicos.
Se emitió un comunicado destacando "la importancia" del anteproyecto de ley y señalando que era "un logro colectivo del Movimiento Feminista y una ley de todas". Animaba además a participar en la manifestación del 8 de marzo pero el coronavirus ya estaba presente en España. Uunos días después se decretó el estado de alarma y la pandemia lo paralizó todo.
El CGPJ, que tardó meses en pronunciarse, redactó un informe enormemente crítico con el texto. Cuestionó la definición de consentimiento y también la unificación de los delitos de abusos y agresión, los dos pilares de la ley.
Los jueces advirtieron que eliminar el abuso podía perjudicar a las víctimas al no castigar con mayor pena a quienes cometieron actos más graves. Fue un golpe para el Gobierno pero Igualdad calificó el informe como regresivo y siguió adelante.
El Gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica la ley del 'solo sí es sí' para remitirlo al Congreso. Moncloa presumió de que era un avance en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todas las violencias sexuales.
Sacó pecho de su compromiso con la ampliación de derechos y de que España se situaba a la vanguardia en la protección de las mujeres, los niños y las niñas.
El proyecto estuvo un año en el Parlamento. Se aprobó definitivamente el 25 de agosto con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. Solo el PP y Vox lo rechazaron.
Ese día la ministra se congratuló de que los gritos del 'solo sí es si' y 'hermana, yo si te creo' que sonaron en las manifestaciones de la Manada se convirtieran en ley.