{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Pedro Sánchez gana tiempo con ERC y no zanja el debate sobre la reforma del delito de malversación que reclaman los republicanos. A pesar de las reticencias de Podemos y otros socios de investidura que podrían dificultar su aprobación, el presidente del Gobierno en vez de poner punto final al asunto vuelve a dejar la puerta abierta a una posible modificación de ese delito en el Código Penal. Sánchez pide esperar al trámite de enmiendas en el Congreso y al texto concreto que finalmente presente Esquerra.
El calendario parlamentario ha querido que esta polémica, -que genera dudas en la izquierda y el rechazo frontal de la derecha-, coincida con la fase final de los presupuestos generales del Estado, la prioridad absoluta del Ejecutivo. Hacienda mantiene estos días los últimos contactos con los grupos ante la votación clave del próximo jueves en el Congreso.
Nadie tiene dudas ahora mismo de que las últimas cuentas públicas de Sánchez, con las que afrontará la recta final de la legislatura, saldrán adelante con el bloque de la investidura pero el Ejecutivo no quiere que nada enturbie la negociación a pesar de que fuentes de ERC desvinculan la malversación de la aprobación del presupuesto. La exigencia fundamental de los independentistas era la derogación del delito de sedición y eso ya está encarrilado.
Precisamente, el mismo jueves que se aprueban los presupuestos el pleno debatirá y aprobará la toma en consideración de la proposición de ley firmada por el PSOE y por Unidas Podemos para suprimir ese delito del Código Penal y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. Esa iniciativa es la que ERC quiere enmendar para rebajar también el delito de malversación por el que también fueron condenados Oriol Junqueras y otros líderes independentistas del procés.
Esa enmienda anunciada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni siquiera está redactada pero la intención de los republicanos es ligarla a sedición para disminuir las penas de los condenados por malversación que no se hayan lucrado personalmente. Esquerra, que es consciente de que hay que buscar un equilibrio para que no se acaben beneficiando los condenados por corrupción, sostiene que está hablando de esa modificación con los socialistas pero el Gobierno no lo confirma.
Pedro Sánchez, desde Bali donde ha asistido a la cumbre del G20, no cerró ninguna posibilidad a lo largo del trámite parlamentario. "Si hay otras fuerzas que quieren incorporar otros elementos se debatirá entonces", indicó en referencia a la enmienda de ERC. El presidente eludió pronunciarse sobre "hipótesis" y defendió que él ya ha cumplido su compromiso de modificar la sedición como se había comprometido en su investidura.
El jefe del Ejecutivo empleó para defender la reforma de la sedición los mismos términos y argumentos que utilizó para conceder los indultos a los presos que organizaron el 1-O. "Dar un paso más y avanzar hacia la concordia entre catalanes", es el principal mensaje de Sánchez que enfatiza que cuando llegó a Moncloa heredó "un problemón de convivencia". El presidente repitió la misma idea que viene desplegando en las últimas semanas, nadie tiene dudas de que la situación en Cataluña es mejor ahora que en 2017 cuando se declaró de forma unilateral la independencia y se organizó un referéndum ilegal.
Ante el aluvión de criticas de la derecha a la proposición de ley de la sedición Sánchez niega que vaya a suponer un desmantelamiento del Estado de Derecho porque los delitos que se cometieron en 2017 continúan "tipificados pero con penas que se homologan a las principales democracias europeas". Está convencido además de que el Estado y la Constitucion tienen instrumentos para protegerse de los ataques como el artículo 155.
Dos días antes de que la proposición se debata en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez mantendrán otro cara a cara en la sesión de control del Senado. El líder del PP intentará atornillar al presidente y le preguntará si va a beneficiar a sus socios independentistas y al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación en el caso de los ERE.
"¿Va a a seguir reformando el Código Penal para favorecer a miembros de su partido y a sus socios de Gobierno?", dice textualmente la pregunta registrada por el PP para el martes que viene.
Para el Partido Popular los pasos que está dando Sánchez en esta materia sirven para "arreglarle" la vida a los "golpistas" y a otros delincuentes. Sitúan la malversación como una línea roja. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, se pregunta si la modificación servirá para liberar "a alguno de los suyos como el señor Griñán de entrar en prisión". Precisamente este lunes el expresidente andaluz ha recibido la notificación de la Audiencia de que debe entrar en la cárcel de forma voluntaria en 10 días.
Será el primer enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo después de que hace unas semanas saltase por los aires la negociación para desbloquear la renovación del CGPJ cuando el acuerdo parecía cerrado. Los populares pusieron como excusa la reforma de la sedición para romper.