La posible reforma del delito de malversación a través de una enmienda de ERC a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición ha generado inquietud y recelos en toda la izquierda que ahora mismo no asegura su apoyo. Podemos y otros socios de investidura del Gobierno alertan de que el cambio que propone Esquerra de rebajar las penas a los condenados por malversación que no se hayan enriquecido personalmente podría beneficiar a los procesados por otros casos de corrupción que sí han utilizado fondos públicos de forma ilegal.

La reforma de la malversación la puso encima de la mesa Oriol Junqueras, -condenado por malversación al igual que otros líderes independentistas del procés-, el presidente de la Generalitat Pere Aragonès anunció que ERC presentaría una enmienda, el ministro Félix Bolaños aseguró que estaban dispuestos a estudiar todas las propuestas de los grupos parlamentarios y la titular de Defensa, Margarita Robles, dijo que la regulación de ese delito es muy desigual porque "no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo".

La sensación que transmitió el Ejecutivo es que no cerraba la puerta a modificar la malversación, para la derecha un paso más en las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas y una reforma "a la carta" para los condenados por el referéndum del 1 de octubre. Este martes, el Gobierno ha querido enfriar el debate y centrarse solo en sedición.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no se salió del guion. Preguntada hasta en 5 ocasiones si el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en la malversación se limitó a señalar que el compromiso del presidente en su discurso de investidura de homologar el delito de sedición y sus penas al de otros países europeos ya se ha cumplido y no se está valorando ninguna otra iniciativa. "A eso se circunscribe la posición del Gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso", zanjó Moncloa.

Eso sí, el Ejecutivo precisa que en el ámbito parlamentario se debatirán las propuestas del resto de grupos. Rodríguez ha argumentado que no conocen el texto de la enmienda de Esquerra y ha puesto el foco en que la lucha contra la corrupción es una "seña de identidad y una bandera" de la que el Gobierno se siente orgulloso.

De hecho, esa bandera es la que motivó que Pedro Sánchez presentase y ganase la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP por corrupción. Es uno de los casos que citan algunas fuerzas de izquierdas para avisar de que rebajar las penas puede favorecer a algunos condenados que aunque no se lucraron a título personal sí gastaron dinero público en actividades ilegales. El otro caso que podría verse afectado es el de los ERE, el expresidente andaluz José Antonio Griñán no se ha enriquecido pero fue condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación. Este lunes se le ha notificado que en 10 días debe ingresar voluntariamente en prisión.

Esquerra, que es quien ha abierto la caja de los truenos, no ha redactado todavía su enmienda y se resiste a dar detalles en su estrategia de máxima discreción. El portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido que están negociando con el PSOE la posibilidad de reformar la malversación y son conscientes de los problemas que puede suponer para otros casos de corrupción. "Estamos hablando", "hay interlocuciones con el Gobierno", reconoce el republicano.

Por eso reclama una reforma "quirúrgica" que vaya directamente ligada a la sedición. "No tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción a Junqueras se le juzgue por malversación", proclama. Su objetivo es buscar el equilibrio para que los jueces no puedan utilizar el Código Penal como un "castigo ideológico". Fuentes republicanas dejan caer que podrían no presentar la enmienda si tienen la seguridad de que va a ser tumbada en el Congreso, es decir, si no alcanzan un acuerdo con el PSOE.

Vincular directamente la malversación a la sedición implicaría prácticamente hacer una reforma a la medida de los políticos independentistas condenados con el coste que eso puede suponer para los socialistas en algunos territorios.

"Es un tema delicado con muchas aristas". Es la afirmación de Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de Podemos, que ya deja claro que no está decidido si apoyará una reforma del delito de malversación. El tema además genera tensiones internas dentro del grupo porque hay diferentes visiones.

Mientras Enrique Santiago de Izquierda Unidas y Jaume Asens de En Comú Podem son partidarios de la modificación, los morados son más reacios. En Podemos dicen que su equipo jurídico está estudiando el asunto y se pronunciarán cuando haya una propuesta formal encima de la mesa. Fuentes de la formación avisan de los efectos adversos de esa reforma en otros casos más allá de los líderes del procés.

En la misma línea Joan Baldoví, de Compromís, pide cautela y considera que no es buena idea abordar ahora mismo ese asunto. También advierte del peligro de que algunas personas vinculadas al PP condenadas por corrupción se aprovechen y enfatiza que en cualquier caso "todos son caudales públicos".

Las reticencias de Podemos y otros aliados podrían retrasar la tramitación de la proposición de ley de la sedición y el Gobierno no parece dispuesto a correr ese riesgo. Lo único claro ahora mismo es que la iniciativa se debatirá por primera vez en el pleno la semana que viene y que la voluntad política de Moncloa y ERC es darse prisa para que esté aprobada a finales de este año para alejarla lo máximo posible de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Coincidirá con la luz verde definitiva para los últimos presupuestos de Sánchez.