Una treintena de independentistas encausados por el delito de malversación que Sanchez se abre a reformar

Apenas había terminado el primer debate sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos de eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, cuando el socio del Gobierno ERC ha puesto otra condición sobre la mesa: la malversación. Ese es el otro delito por el que fueron condenados los líderes del procés y por el que, en principio, seguirían estando inhabilitados aunque se elimine la sedición. En el caso de Oriol Junqueras, el primero que ha hablado de la reforma de la malversación, no puede ostentar un cargo público hasta 2031. Con una reforma de la malversación, podría presentarse a las elecciones de 2023.

Los republicanos catalanes no quieren dejar cabos sueltos y tiran del poder que les da el hecho de ser socios estratégicos de Sánchez para forzar la máquina y desactivar el segundo delito imputado a buena parte de los independentistas procesados en las distintas causas relacionadas con el 1-O, que suman una treintena. En todos los casos se da la misma circunstancia, que no se metieron dinero al bolsillo, algo que ocurre también con el expresidente andaluz socialista José María Griñán, en el caso de los ERE.

Y por ahí va la reforma, por diferenciar a quien se beneficia personalmente de quien no lo hace. Eso implica enmendar la plana a la reforma del PP en 2015, que según Pere Aragonés, o diputados como Jaume Asens (En Común), se hizo para poder perseguir al independentismo y sus consultas tras la votación de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014.

A él sólo se le pudo perseguir por la vía administrativa. Así que según la tesis de En Común o ERC, el PP reformó la malversación y eliminó el requisito del ánimo de lucro pensando en el independentismo, en que se pudiera encausar penalmente a quien usara dinero público en la hoja de ruta secesionista..

En el caso del procés, una reforma que supusiera rebajar el delito de malversación no afecta sólo a los cuatro condenados en el Supremo por el uso de dinero público: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa (ERC) y Jordi Turull (Junts). La lista de afectados tampoco se completa con Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, todos huidos a Bélgica y procesados por sedición y malversación. También afecta a diputados como Josep María Jové, Lluis Salvador, o Natalia Garriga, procesados en el TSJ de Cataluña por la organización del referéndum independentista, por malversación, prevaricación y desobediencia.

La lista sigue con otras 17 personas, entre cargos de la Generalitat y empresarios que están siendo investigados en juzgado nº13 de Barcelona, por malversar 4,3 millones de euros de la Generalitat.

Para terminar, en otro juzgado de Barcelona, hay una decena de cargos, que incluyen al exsecretario de la Generalitat, Víctor Cullelll, y al de Diplocat Albert Royo, acusados por los contratos y subvenciones para internacionalizar el procés.

A todos ellos les beneficiaría una reforma de la malversación que la desvinculara del lucro personal.

Los tiempos para esta reforma son delicados para Pedro Sánchez, porque sin delitos de sedición ni de malversación, podría encontrarse con un Carles Puigdemont paseando por Barcelona en plena campaña electoral de las municipales.

La fórmula más probable es que se presente como una enmienda de ERC a la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición. Como se hace como Proposición de Ley, el Gobierno ya se ha ahorrado los informes del Consejo de Estado o del Poder Judicial. Todo se trabajará y se negociará en comisión y apunta a que el Gobierno tiene prisa. Además, tanto el ministro de Presiencia, Félix Bolaños y la portavoz del PSOE, Pilar Alegría han dejado claro que la voluntad es estudiar las enmiendas que les lleguen de los otros grupos. La puerta a la reforma está abierta.

El primer paso se dio el viernes, con el registro. Este jueves pasará su primera votación en el Pleno del Congreso, todavía sin enmiendas, y a partir de ahí, comenzarán los trabajos de comisión, donde se negociarán las condiciones de los grupos para apoyarla, por ejemplo la reforma de la malversación que quiere ERC.

Fuentes de Podemos apuntan que su intención es que la reforma de la sedición es que esté definitivamente aprobada antes de que acabe el año, y si se acepta la enmienda de ERC sobre la malversación, iría unida. No quedan muchos plenos, y los partidos están inmersos en el debate presupuestario, que es el que tiene prioridad. Pero sí parece muy probable que se apruebe antes de las municipales del mes de mayo. A partir de ahí, y por mucho que al expresident catalán Puigdemont no le guste la reforma, podría ser libre para venir a España antes de esos comicios y hacerse la foto. La otra imagen, la de Junqueras candidato, podría darse a finales de año, en las elecciones generales de 2023.

En el día en que todo el mundo hablaba de este asunto, varios ministros han apuntado que la opinión del Ejecutivo es que la actual regulación del delito de malversación "no es justa", precisamente por castigar con la misma dureza a quien se enriquece ilícitamente, del que no lo hace.

Ese es el caso de José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía y que el miércoles debe entrar en prisión. El expresidente andaluz no ha podido retrasar su ingreso, mientras espera que fructifiquen su recurso ante el Tribunal Constitucional y la petición de indulto que ha hecho su familia. Entrar, tendrá que entrar, pero si hay reforma su condena se podría ver considerablemente reducida más pronto que tarde.

El hecho de que no se lucrara con ERE es lo que ha reivindicado insistentemente su abogado, y lo que recuerdan los socialistas cada vez que se pregunta por la macrocausa. Este mismo lunes, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, recordaba que Griñán no se enriqueció y que así lo han ratificado los tribunales, que le han condenado, pero no por llevarse dinero al bolsillo.

En el anterior texto del Código Penal, la malversación requería de un ánimo de lucro. Sin embargo, con la reforma del PP en 2015, se eliminó la ese requisito y se vinculó con la administración desleal, centrada en el uso del capital privado hasta entonces. Lo que hizo la reforma fue considerarla una administración desleal del dinero público por usarla para algo indebido.

El actual delito de malversación puede suponer hasta ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, al margen del lucro. Lo que marca la gravedad de las penas es la cantidad malversada y el perjuicio causado a las arcas públicas.

Rocío Gil Robles, abogada penalista, socia del área penal económico de Ceca Magan Abogados explica a NIUS que la reforma del PP, se hizo, según la exposición de motivos de la Ley, por la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia". Aquello, en una época en la que la corrupción era una de las principales preocupaciones de los españoles, con casos como la Gurte, o los ERE, suponía según la norma "una opción para erradicar la corrupción y proteger el patrimonio público, con independencia de la existencia de lucro personal en la persona que cometía la acción".

La letrada explica que con la reforma, el Gobierno se adhirió a la doctrina según la cual "el bien jurídico protegido es el patrimonio público sin que sea necesario el lucro personal o de tercero". Se defendía que "la gestión de manera correcta y el mantenimiento adecuado del patrimonio común es un mecanismo para asegurar la idoneidad en el cumplimiento de los fines previstos por la ley". "En otras palabras", concluye: se elimina el elemento subjetivo del injusto que exigía el ánimo de lucro para entender cometido el delito de malversación, no siendo ahora necesario que exista un beneficio propio o ajeno".

Pero al menos ahora, el independentismo desvincula la reforma de la corrupción y la centra en la persecución a Cataluña.