¿Puede volver Puigdemont a España libre de causas tras la eliminación del delito de sedición?
En el Supremo hay temor de que pueda quedar totalmente libre, por no poder perseguirle por desórdenes públicos, y con la anulación de la sedición, la malversación también quedaría eliminada
Fuentes cercanas a Puigdemont creen que no le va a beneficiar apenas
Juristas consideran que se le puede perseguir por el delito de desórdenes públicos, pero no por el nuevo, porque no existía en 2017
Si hay algo que está claro es que el referéndum independentista del 1-O y lo que pasó a su alrededor, ha dado lugar a una cadena de hechos inéditos en nuestro país, como la fuga de un presidente de la Generalitat de Cataluña a Bélgica o un juicio en el Supremo a buena parte de aquel Gobierno de Cataluña.
Lo nunca visto de todos aquellos hechos, se repite con la eliminación del delito de sedición y su sustitución por uno de desórdenes públicos agravados, que genera controversia entre los juristas a los que preguntamos si Carles Puigdemont podrá ser entregado a España y en qué condiciones. En el Supremo, donde debería ser juzgado, hay quien asegura que el expresident puede volver a España sin causas judiciales, tampoco por desórdenes públicos o incluso por malversación. Para el entorno de Puigdemont, y según otros juristas consultados, eso no está tan claro.
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Una docena de líderes independentistas condenados a penas de hasta trece años de cárcel por los delitos de sedición, malversación y desobediencia; penas de prisión conmutadas vía indulto; un expresident procesado en la distancia, con acta de eurodiputado y con la inmunidad cuestionada; y por último la presentación de una reforma -a falta de todo el procedimiento- que elimina el delito de sedición y enmarca los hechos que le corresponden hasta ahora en un delito de desórdenes públicos, penado con hasta cinco años, en lugar de los 15 que contempla el actual delito de sedición. Son algunos de los grandes hitos del procés que aún no se sabe cómo acabará para el jefe del Gobierno de Cataluña en 2017.
Temor en el Supremo: Puigdemont libre y sin cargas
Fuentes del Alto Tribunal consultadas por NIUS tienen muy claro que en cuanto se publique la reforma, Puigdemont quedará libre para venir a España "sin tener siquiera que pasar por el despacho del juez Pablo Llarena", instructor del Procés. Esto sería así porque:
- El delito de sedición, por el que fueron condenados, ha desaparecido y ya no puede ser juzgado por él.
- Tampoco se le puede perseguir por desórdenes públicos, porque según las mismas fuentes, ese delito "no abarca lo que la sentencia declaró probados" y es "un tipo penal distinto".
- En cuanto a la malversación, lo consideran un delito "instrumental" que, al desaparecer el principal delito, quedaría sin efecto. Es decir, si se malversó para acometer una sedición, al desaparecer la sedición y no poder imputarse delito de desórdenes públicos, no se destinó dinero a algo delictivo o ilícito.
Esa misma idea sostiene Víctor Vázquez Alonso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que cree que la malversación podría desaparecer si no hay otro delito en concurso.
El entorno de Puigdemont cree que no le cambia nada
Otros juristas consultados rechazan esa idea, porque sí creen que se le puede detener por desórdenes públicos. Aseguran, además, que la malversación, por sí misma es un delito y que la propuesta del PSOE no va a cambiar nada, o casi nada, en el caso de Puigdemont. De hecho, insisten que habría una especie de intercambio: la malversación se convertiría en el delito más grave y estaría agravado por el de desórdenes públicos.
- Con la legislación actual, la condena máxima para Puigdemont estaría entre los 13 años impuestos a Oriol Junqueras y los 15 máximos previstos.
- El concurso medial de delitos no supone una suma de las penas de ambos, que sería de 27 años.
- Lo que hace el delito secundario es dejarse convertirse en un agravante del principal, y hacer que se castigue con la parte más alta de la horquilla de penas previstas.
- Con la reforma, el horizonte procesal del expresidente se quedaría en 12 años, el máximo de la malversación. Así, Puigdemont podría ver reducida su sentencia en un año o poco más sí recibiera la condena máxima, algo probable por ser el presidente de la Generalitat y la condena impuesta al que era su vicepresidente Junqueras.
El apunte de Nico García-Rivas: no se le podría procesar por el nuevo delito
Otro punto de vista, el del catedrático en derecho penal Nico García-Rivas. Él tiene claro que a Puigdemont no se le puede acusar de un delito que no existía, así que habría que hacerlo por el de desórdenes públicos anterior, penado con hasta tres años de cárcel.
El problema, que el Supremo descartó expresamente en la sentencia, que fuera un delito de desórdenes públicos, porque esos no tienen el "ánimo sedicioso" que se atribuyó a los condenados.
Para García Rivas, no está tan claro que el delito de malversación quede anulado, porque a su juicio, "que no sea instrumental no significa que no fuera condenable". Además, apunta a que ahora será el Supremo el que tenga que decidir si emite nuevas órdenes de detención por desórdenes públicos, que sería el paso siguiente del Alto Tribunal y que correspondería al juez Llarena.
¿Cómo está la situación de Puigdemont?
Todo esto ocurre a dos semanas de que el TJUE revise la inmunidad de Puigdemont. El Parlamento Europeo dio luz verde al suplicatorio, que suponía la reactivación de las euroórdenes contra él.
Pero Puigdemont recurrió al TJUE contra esa decisión de la Eurocámara. En este momento, tiene una inmunidad provisional, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida.
La vista para ese caso se celebrará entre el 24 y el 25 de noviembre en Luxemburgo, donde se encuentra la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sin embargo, Joaquim Bosch, exportavoz de jueces para democracia, cree que la reforma del Gobierno sí beneficia en eso a Puigdemont, porque considera que si Bélgica no ha entregado a Puigdemont, por unos hechos considerados sedición, menos lo va a hacer por unos delitos de entidad menor.
¿Y qué pasa con la inhabilitación de Junqueras?
Según fuentes jurídicas, seguirá intacta, porque el delito de malversación pasaría a ser el más grave, y la inhabilitación prevista para él es de hasta 20 años. Es decir, no cambiaría nada y seguiría sin poder acceder a un cargo público hasta 2031.
En cambio, si como sostiene el Supremo, el delito de malversación quedara anulado junto al de sedición, podría hacerlo desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la reforma.