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“Igual hay que devolverle el dinero”, señalan fuentes del Supremo consultadas por Nius sobre el futuro de Carles Puigdemont, una vez registrada la reforma del Código Penal que fulmina el delito de sedición. Consideran que una vez esa reforma se publique en el BOE, las órdenes de detención del magistrado Pablo Llarena quedarían paralizadas.
En el Alto Tribunal, algunos de sus miembros están indignados por la propuesta de la reforma del delito, que supone una enmienda a la sentencia que condenó a los líderes con penas de hasta 13 años de prisión.
El problema, según explican esas fuentes, es que el delito de sedición tenía como objetivo “ilícito” de la secesión unilateral. Al desaparecer el tipo de sedición, y no considerar delito esa secesión unilateral, también desaparece la malversación, que era un “delito instrumental”.
Es decir, el uso de caudales públicos para el 1-O fue delito porque se utilizaron para proclamar una independencia unilateral que entonces sí se consideraba delictiva. Si ese objetivo ya no es delito, por la reforma, así que el uso del dinero público para ello, tampoco.
En el delito de desórdenes públicos, o al menos según la propuesta, no hay referencias a ese “objetivo sedicioso” que los magistrados del Supremo.
A eso se suma el argumento de otras fuentes jurídicas, que aseguran que con el cambio, el delito de sedición de Puigdemont o Marta Rovira, prescribiría en año próximo, ya que hablamos de un delito de cinco años por el que no han sido imputados.
Pero en el Supremo consideran que ni siquiera hay que esperar, que las órdenes de detención activadas por el juez Pablo Llarena dejarán de tener efecto automáticamente porque el delito de sedición ya no existe y la malversación, delito instrumental, tampoco.
Aunque el portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que si Puigdemont vuelve a España será juzgado, en el Alto Tribunal apuntan que que es muy probable que el expresident no tenga ni que pasar por el despacho del Juez Llarena tras volver a España.
Poco después, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya no ha sido tan firme como López: "Dependerá de como interpreten los tribunales el nuevo Código Penal", ha respondido sobre el futuro de Carles Puigdemont.
La ministra ha defendido la reforma como algo que "se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo".