La alambrada que separa Melilla de Marruecos no es la frontera física real entre ambos países, ya que de forma originaria, fue instalada varios metros por detrás de la línea de monolitos que forma la línea imaginaria entre ambas naciones. Sobre el papel, la decisión no debería tener mayores repercusiones. España es soberana y pone su valla donde sus autoridades consideren. Sin embargo, el país ha firmado a lo largo de los años una serie de tratados internacionales, por ejemplo de asistencia sanitaria a personas necesitadas, que se activan cuando una persona se encuentra directamente bajo soberanía española. Y eso genera un entuerto legal importante en Melilla, donde el pasado verano fallecieron al menos 23 personas y 200 migrantes resultaron heridos en intento de entrada masiva. 

Ahora, la prensa internacional, los partidos de la oposición, un centenar de asociaciones en defensa de los Derechos Humanos e incluso Podemos como socio de Gobierno de Pedro Sánchez señalan que la avalancha mortal se produjo en suelo español y que por tanto, las autoridades españolas tenían la responsabilidad de asistir a los migrantes heridos. Mientras, desde el Ministerio del Interior repiten que la actuación de los agentes españoles fue correcta y que la avalancha se produjo en una zona controlada por Marruecos. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha reiterado que no se produjeron muertos en suelo español.

Y sobre el papel, todos tienen razón. Según los datos del Catastro, tal y como reflejan las imágenes que aparecen en este reportaje, tanto la avalancha como la posterior represión por parte del ejército marroquí que sucedida ese día en el llamado paso del Barrio Chino se produjo desde un punto de vista formal en suelo español. Sin embargo, el control de ese territorio está cedido a los marroquíes. La línea azul punteada en la imagen es la que marca la frontera según los registros oficiales. A su izquierda, todo es suelo español. Incluso la zona donde se produjo la entrada masiva

Según el Catastro, la zona donde se produjo el mayor enfrentamiento está tipificada como “zona verde” dentro de la parcela 77 del polígono 3 de Molares, Melilla. Sin embargo, en realidad ese suelo es el emplazamiento de las instalaciones marroquíes para ese paso fronterizo. Tal y como reflejan las siguientes imágenes, el problema se extiende por todo el perímetro de la valla de Melilla, y hay casos en los que los monolitos que marcan la frontera están a más de cien metros de la instalación del vallado, como sucede en la zona marítima contraria a Nador, o detrás incluso de las instalaciones controladas por el ejército marroquí. El resto de las imágenes donde aparecen los monolitos están tomadas desde la zona marroquí, detrás incluso del vallado del ejército.

Con esto sobre la mesa, es sencillo ver cómo la mayoría de las instalaciones marroquíes para controlar la frontera están en realidad instaladas según este criterio en suelo español, cedido para su control al ejército local, y cómo después hay una carretera civil, construida ya por Marruecos, que marca prácticamente la frontera real entre ambos países.

Este problema de emplazamiento y las estribaciones legales que conlleva son conocidos desde hace años tanto por los efectivos españoles que controlan la zona, como por los distintos responsables del Ministerio del Interior. En su momento, el entonces ministro del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, reconoció que la alambrada no estaba instalada en la frontera física entre ambos países, pero se escudó en la capacidad que tenía España de elegir el emplazamiento de elementos disuasorios dentro de su territorio.

El problema llega cuando el acceso a suelo español activa determinados tratados internacionales. ¿Deja de ser entonces responsabilidad de las autoridades españolas si el control de esa porción de tierra está cedida a Marruecos? ¿Está un migrante en suelo español antes incluso de saltar cualquiera de los vallados ya que el elemento disuasorio no marca la frontera real? Aquí, hay opiniones jurídicas para todos los gustos. Algunas son incluso cambiantes, en función de si un partido está en la oposición o en el Gobierno. El problema es que detrás, en muchas ocasiones, hay vidas humanas.