La UCO vincula a Manuel García Gallardo, detenido por el pelotazo de los test covid en Andalucía, con una red de blanqueo para narcos

“Estoy orgulloso del país en el que vivo porque la Justicia funciona”. El empresario gaditano Manuel García Gallardo pronunció estas palabras ante la prensa cuando se enteró el pasado mes de enero de que el Tribunal Supremo le anulaba una condena de 10 años y obligaba a repetir el juicio por el llamado Quality Food. Pero solo una semana después, García Gallardo era detenido por la UDEF de la Policía Nacional y acusado de un presunto delito de cohecho, esta vez, relacionado con la venta frustrada de test para detectar el covid a la Sanidad pública andaluza e inflados en su precio por valor de cinco millones de euros, y donde el empresarios actuaba presuntamente como intermediario. 

Lo que no sabía García Gallardo entonces es que había otro juzgado que manejaba su nombre: unas pesquisas de la Guardia Civil sobre blanqueo de capitales del narcotráfico abiertas en Alcalá de Henares. Según ha podido confirmar NIUS, los informes del Instituto Armado sobre esta trama, relacionada con el lavado de dinero de la droga gracias al uso de criptomonedas, hablan directamente de los contactos de García Gallardo con esta red, donde sus miembros llegan a planear la apertura de una estructura societaria en Aruba para lavar presuntamente fondos del empresario afincado en Cádiz, al que apuntan en otras conversaciones como motor para obtener hasta ocho millones de euros.

La primera vez que los agentes comenzaron a barajar su nombre fue en noviembre de 2020, cuando dos de los investigados aseguraban en una conversación telefónica que pensaban lavar dinero para un “hombre” que tiene “empresas en Gibraltar, en Panamá y que va a querer mover de un lado a otro, esconder dinero”. En esa misma conversación, los dos presuntos blanqueadores hablan de que parte del dinero proviene de ayudas a la formación de la Unión Europea nunca reclamadas (16 millones de euros según sus palabras) y que se trata de fondos de una persona “que fue eurodiputado, y su mujer también”. No era cierto. 

García Gallardo no fue nunca cargo público, pero sí conocido militante del PP y responsable local de Nuevas Generaciones. Quien sí ha ocupado varios cargos de responsabilidad política es su pareja, identificada también en los informes y que según la investigación del caso trabaja en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En esa conversación, los dos investigados dan otro otro dato clave: el misterioso empresario tiene una empresa llamada Brassica “donde se invirtió una cantidad de 25 millones de euros de la Comunidad Económica Europea (CEE)” según las escuchas. El nombre de esa sociedad coincide con una de las relacionadas con el caso Quality Food que mantiene a García Gallardo en el juzgado desde 2013. 

Con estos datos sobre la mesa, los agentes de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmaron la identidad del empresario, que no aparece de forma directa en las grabaciones telefónicas pero al que grabaron el 20 de mayo de 2021 en una reunión presencial con los principales investigados, acusados de lavar fondos para los clanes de la droga. 

En enero de ese mismo año, detectaron el viaje de uno de los blanqueadores a Portugal para traer 1,2 millones de euros para ser entregados en España a “Manolo, que se ha podido identificar como Manuel García Gallardo”, reflejan los informes remitidos al juzgado. Sobre el papel, el presunto plan era entregar el dinero al empresario y que este lo retornase a las cuentas de esta red de financieros con la excusa de un préstamo ficticio para la compra de una casa. Pero la Guardia Civil cree que detrás de esta operación había una estafa, ya que los dos blanqueadores tenían la intención de comprar dinero falso en Portugal y entregar esa partida al empresario gaditano como si fuera auténtico. Finalmente, los agentes de la UCO dejaron constancia de que la organización realizó un primer pago de 1,500 euros a un delincuente portugués apodado “el gordo” por los billetes falsos, pero el dinero nunca llegó. 

En otra de las operaciones, la red habla de entregar dinero a “Manolo” tras pasarlo por Cabo Verde, República Dominicana o Panamá, donde la red tiene cinco “melones” que la Guardia Civil identifica con millones de euros. “Está la caja hasta arriba. Menos de tres no hay. La parte de Manolo para un lado, que eso lo bancariza con el abogado suyo aquí en España, que eso es lo que les va a dar la paz, la estabilidad y la armonía de ellos”, refleja otra de las conversaciones, donde los blanqueadores hablan de quedarse “200” de comisión y entregar otros “100“ al abogado. “Todo justificado en cuentas. Todo con su contrato”. 

En su reunión presencial en Madrid y según los investigadores, García Moreno se interesó presuntamente por la compra de criptomonedas, uno de los principales vehículos de esta red para lavar capitales. “Que hasta le había explicado que puede llevar dicho activo en un USB en el que se conserva el anonimato del verdadero titular”, explican los extractos de las conversaciones posteriores entre los investigados. “Le preguntó a Manolo que cuántas operativas habían hecho de 500, 600 o 800.000 pavos, que Manolo le dijo que bastantes más, que con él habría movido mínimo ocho millones de euros”, mantiene uno de los investigados en otra conversación tras esa reunión, “refiriéndose -según los investigadores- a posibles operativas de blanqueo de capitales que ambos habrían perpetrado”.

Esta investigación de la Guardia Civil arrancó en septiembre de 2020. Y en esa misma fecha, García Gallardo actuó presuntamente como intermediario en un pelotazo frustrado de cinco millones de euros con la venta de test de diagnóstico contra el Covid que fue denunciado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y puesto en manos de la Fiscalía. En enero de 2021 el empresario fue detenido junto a otras tres personas, acusado de inflar los precios de esos productos para la Administración, en una maniobra que fue denunciada por el propio proveedor, que acusó a varios de los investigados de presionarle para inflar los precios de forma millonaria si quería conseguir el contrato, en un procedimiento que todavía no se ha sustanciado.