Cayetana Álvarez de Toledo se ha sentado hoy en el banquillo por llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias que le reclama una indemnización de 18.000 euros por daños morales. La diputada popular ha tenido que declarar en un juzgado de Zamora, pero no ha sido hasta la salida cuando la hemos escuchado sus palabras.

La Fiscalía de Zamora ha pedido la desestimación de la demanda de Francisco Javier Iglesias contra la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, en el marco del proceso abierto por la demanda del padre del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno contra la política del Partido Popular por, presuntamente, atentar contra su honor. La propia acusada ha confirmado esta novedad tras el juicio celebrado a puerta cerrada en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, la ciudad donde reside el demandante.

Esas palabras contra el padre de Pablo Iglesias las pronunció en el Congreso en 2020, después de que el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se refiriese a su título de marquesa. "Señora marquesa, le diré a mi señor padre que tome las medidas oportunas", dijo Iglesias. Y Francisco Javier Iglesias lo hizo. Denunció a la diputada del partido popular al considerar que había sido vulnerado su derecho al honor. 

Uno de los argumentos esgrimidos por el demandante es que el ataque proferido por Álvarez de Toledo se realizó desde el altavoz público que le ofrecía su cargo como portavoz del Partido Popular en el Congreso, y con el objetivo de atacar a un adversario político sin reparar en que el afectado era una persona anónima, sin más interés mediático que el que le proporcionaba ser el padre del entonces líder de Unidas Podemos.

Precisamente, Iglesias hijo quiso defender en su momento a su padre de la acusación realizada por la representante popular: "Mi padre jamás fue condenado por terrorismo, sino por repartir octavillas contra Franco. Por tanto, la justicia va a condenar a doña Cayetana y a todos los jefes de PP y VOX que dijeron lo mismo", indicó en su cuenta de Twitter el entonces vicepresidente segundo del Gobierno después del incidente en el Congreso. Ahora, será el juzgado el que decida si prospera la demanda de Francisco Javier Iglesias, en un proceso sobre el que el padre del exlíder de Podemos ha preferido no pronunciarse de forma pública hasta el momento.

Hay que recordar que, en 2019, Francisco Javier Iglesias ganó un juicio contra el ahora eurodiputado de Vox, Hermann Terstch, que le había relacionado con el asesinato de un policía en 1973. El condenado fue obligado a abonar 15.000 euros y a hacer público el contenido de la condena en su cuenta de Twitter.

Cayetana, fiel a su estilo ha descrito así su declaración: "He venido al decir que la tierra es redonda". La diputada del PP ha mantenido ante el juez lo mismo que dijo en el Congreso y confía en que se archive el caso, después de que la fiscalía lo haya solicitado. A juicio de la política del PP, tan evidente resulta ese dato como decir que "una persona que militó en una organización terrorista puede ser calificada como terrorista sin que se atente contra el honor de nadie".

En ese sentido, Álvarez de Toledo, ha vuelto a repetir que "el FRAP es una organización terrorista" y ha enumerado algunas de las ocasiones en las que tanto el demandante como su hijo, Pablo Iglesias, han reconocido la pertenencia de Francisco Javier a este grupo. A partir de ahí, y tras elogiar la argumentación de su defensa, Álvarez de Toledo ha expresado su estupor por la estrategia utilizada por la acusación: "Han hecho algo sorprendente, como decir que eso eran bromas familiares, o algo más extravagante aún, como señalar que la entrevista de Público contenía errores que él no ha corregido más tarde", ha deslizado la acusada.

Con esas palabras en sede judicial como telón de fondo, Cayetana Álvarez de Toledo ha remarcado que, si ella llega a ser condenada, sería "una manera de legitimar al FRAP", a cuyas víctimas ha recordado apoyada por un libro de Carmen Ladrón de Guevara sobre las víctimas del terrorismo de extrema izquierda: "Es incompatible el orgullo frapero con el honor vulnerado", ha zanjado la acusada, con la esperanza de que el caso se archive.

En concreto, la parlamentaria ha citado un artículo de Pablo Iglesias por la muerte de Santiago Carrillo, algún mensaje en redes sociales y una entrevista concedida por el demandante al diario Público en 2020: "Dijo que perteneció al comité para la creación del FRAP", ha advertido la diputada.