Eran las ocho de la tarde cuando K.F.C recibió un disparo de escopeta en el pecho que le causó la muerte en el barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besós. Poco después, los agentes de la policía autonómica catalana detuvieron al presunto autor del disparo, un conocido delincuente local con varias detenciones. Sin embargo, su trabajo no terminó ahí, ya que durante días tuvieron que subir a la azotea del edificio donde residía el detenido. Allí, el presunto asesino tenía varias jaulas con gallos de pelea, que terminaron según ha podido confirmar NIUS al cuidado de una protectora de animales local.
El ejemplo es mucho más común de lo que parece: animales que son las mascotas de asesinos, atracadores, delincuentes o simplemente personas que viven de forma clandestina y al margen de la Ley. ¿Qué pasa con ellos cuando sus dueños son detenidos? ¿En qué manos quedan? La pasada semana, la escena se repetía con un vecino de Avilés que trataba de apuñalar a un menor en plena calle y era detenido por la Policía Local. En el momento de la agresión, el detenido de 60 años y con problemas mentales portaba en una mano un cuchillo, y en otra a su perro, que quedó en custodia de los agentes tras su detención.
De forma general y según explican fuentes jurídicas a NIUS, el destino de este tipo de mascotas depende de una decisión judicial. En primer momento, estos animales suelen quedar al cuidado de personas cercanas a los detenidos, pero en muchas ocasiones, los familiares o las personas más cercanas no quieren hacerse cargo de los animales. Eso, o directamente son familias enteras o clanes los que son detenidos. Así pasó por ejemplo este mismo años con cuatro mastines que custodiaban una plantación de marihuana para un clan de presuntos narcos mexicanos. Cuando el grupo al completo fue detenido por la Policía Nacional, los cuatro animales quedaron al cuidado de una protectora local.
Ese es el segundo camino, que los animales propiedad de los detenidos queden en manos de una protectora mientras se decide el destino de sus dueños. El problema es que, en ocasiones, esa estancia se prolongue tanto como las decisiones judiciales que afectan a los delincuentes, que por norma general pueden estar en prisión preventiva hasta dos años, además del tiempo que implique una posible condena.
En ese sentido, puramente formal, la Justicia trata a los animales como un bien más propiedad del afectado, que tendría derecho a su devolución si resulta absuelto, bien durante la investigación o bien tras pasar por un juicio, siempre que durante las pesquisas no se acredite un trato vejatorio hacia ellos, tal y como refleja la Ley de Bienestar Animal.