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Si hay alguien a quien puede interesar la vuelta del debate sobre una reforma del delito de sedición, ese alguien es Carles Puigdemont, que junto a sus compañeros de fuga, Toni Comín y Clara Ponsatí, se pusieron fuera del alcance de la Justicia española días después del referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017 y consiguieron la inmunidad provisional como eurodiputados de Junts.
Los tres están pendientes de un suplicatorio en el Parlamento Europeo que puede acabar con su entrega a España y un juicio por ese delito. Un indulto como el que consiguieron Oriol Junqueras -ERC- y el resto de líderes independentistas juzgados en el Supremo es una posibilidad sólida, pero lo cierto es que los condenados pasaron tres años y medio en prisión antes de que les llegara la medida de gracia. A los condenados indultados les afectaría, pero sólo en lo tocante a las penas de inhabilitación.
Quizás por eso es el partido de los fugados -Junts- el que más pelea por que se derogue ese delito, tal y como reivindicaba este domingo Jordi Turull, condenado por sedición y malversación y posteriormente indultado. Junts no parece conforme con la rebaja de las penas a la mitad que ya contemplaba el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Sin embargo, a que a los fugados del partido les ayudaría a rebajar posibles condenas y también tiempos de prescripción.
El debate vuelve a finales de un año en el que el Gobierno ha dejado claro que la reforma sigue ahí pero que ya no es una prioridad, quizás porque sus socios de ERC han dejado de meter prisa para que se lleve a cabo.
Los votos de ERC son fundamentales para que se de la mayoría que permita la reforma del Código Penal por ese delito. En Esquerra se mantiene el discurso, pero sin presión al Gobierno: "A la gente no le interesa", aseguraba Gabriel Rufián este mismo lunes al hablar del delito de sedición. Su líder, Oriol Junqueras ya fue condenado e indultado, por lo que sólo se vería afectado por esa reforma en lo relacionado con la inhabilitación.
Sí hay una dirigente republicana que se vería beneficiada. Se trata de Marta Rovira, exsecretaria general del partido que está en Suiza y que fue procesada por rebelión. Rovira se trasladó allí con su familia y desde su marcha -a diferencia de Puigdemont- ha mantenido un perfil bajo, alejado de la política activa. Nadie en su entorno la espera de vuelta en un corto plazo, aunque quizás la reforma del delito podría cambiar las cosas.
Lo que queda claro es que, aunque no renuncia a una reforma, ERC no tiene prisa por la rebaja de penas de prisión de un delito que no complica la vida en libertad a sus dirigentes, salvo en el caso de Rovira.
El portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha dejado claro que ese asunto no es parte de la negociación de los presupuestos que aún está por cerrar definitivamente. Esquerra no va a presentar enmienda a la totalidad aunque no ha querido manifestar su apoyo íntegro. Pero para el partido de Junqueras, la clave está en las medidas sociales.
Por su parte, la portavoz Marta Vilalta, ha insistido en que no van a aceptar una reforma que no ajuste nuestro Código Penal a los de países como Francia, Suiza y Alemania y Suiza, donde la pena oscila entre los 3 y los 5 años.
La reforma que el Gobierno ha barajado desde la época de Juan Carlos Campo, supondría dejar el castigo entre los cuatro y los siete años de cárcel. Ahora está entre ocho y quince, así que hay margen de rebaja y de negociación.
El día en que todo el mundo preguntaba por la reforma, el ministro de Cultura, el catalán Miquel Iceta, ha sido claro, y ha repetido el mensaje: se sigue trabajando en ella, pero de momento no hay mayoría suficiente para hacerlo. Esa mayoría suficiente sería la absoluta.
Así que parece evidente que si no hay mayoría es porque ERC no la da. Señalan sus portavoces que debe hacerse pronto, pero no ponen fechas, ni plazos, ni lo condicionan a los presupuestos. La falta de prisa es evidente en el grupo de ERC, formado por 13 diputados y los cuatro votos de Junts no dan para esa mayoría.
Al menos sobre el papel, ERC ha respetado siempre que Puigdemont no se quedara y no se pusiera delante de Supremo, como sí hizo Junqueras. Pero los dos partidos han ido marcando distancias desde el 1-O. La fractura fue total el 7 de octubre, tras la decisión de Junts de abandonar el Govern y dejar al Ejecutivo de Pere Aragonés en minoría y dependiendo de pactos puntuales con el Partido Socialista de Cataluña.
Sin embargo, hay un factor que sí puede importar a los indultados: las penas de inhabilitación, que siguen vigentes.
En su indulto parcial, el Gobierno mantuvo las penas que inhabilitaban a los condenados para ejercer cargo público. En el caso de Junqueras, condenado a trece años de cárcel y otros tanto de inhabilitación, la liquidación completa se cumplirá en julio de 2031. Es decir, le faltan nueve años para poder optar de nuevo a un acta de diputado.
Con una reducción a la mitad exacta la pena podría terminar en dos años y medio. Es decir, el líder de ERC podría volver a la vida política completa en 2025, así que su partido tiene margen temporal de negociación.