“Yo estoy tan convencido hasta el punto de que me merece muchísimo respeto la gente que ha estado en la lucha armada de ETA”. Las palabras, captadas por el sistema de intervención telefónica de la Guardia Civil, fueron registradas el 23 de mayo de 2019. A un lado de la línea escuchaba una de las supuestas responsables de los Comités en Defensa de la República (CDR), que asentía a estas palabras de alabanza para los asesinos de ETA. Al otro, los aplausos los profería alguien de uniforme. Un supuesto defensor de la Ley. Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona destinado en la comisaría de Nou Barris y que los informes de la Guardia Civil colocan también en la cúpula del grupo radical.
En sus informes a la Audiencia Nacional, la Guardia Civil alerta de la “exacerbada radicalización” de algunos de los investigados, y coloca a este agente a la cabeza de ese apartado. En sus conversaciones, el miembro de la Guardia Urbana asegura que la Policía “entrega droga gratis en las calles para crear inseguridad”, acusa al Estado español de planear los atentados yihadistas de Barcelona en 2017 en los que fallecieron 16 víctimas (“Si fueron capaces de realizar el atentado de las ramblas son capaces de hacer eso y mucho más”) y por último pone en duda la autoría de culpabilidad de la banda terrorista ETA en sus atentados. “imagínate lo que hicieron con ETA, cuantas cosas les han colocado… me merece muchísimo respeto la gente que ha estado en la lucha armada de ETA”, explica el agente en la conversación intervenida. “Sí hombre claro, eso es evidente”, contestaba su interlocutora. “Ahora es admiración”, remarca de nuevo el guardia urbano.
La conversación prosigue en los mismos términos: “Yo pienso igual que tú. Hay cosas que son políticamente muy incorrectas pero yo sigo por ejemplo el tema del atentado de Hipercor, vamos a repartir responsabilidades. No justifico evidentemente, no puedes poner una bomba…”, explicaba la mujer al otro lado de la línea. “En ningún sitio, pero tampoco la puedes poner y levantarsela a otro”, continúa el investigado, en relación a la llamada que avisó del atentado cometido por ETA en Barcelona en 1987, donde los terroristas colocaron un coche bomba con 30 kilos de amonal en un centro comercial de la Avenida Meridiana, causando 21 fallecidos, todos ellos civiles, e hiriendo a otras 45 personas.
En aquel ataque, el etarra Antón Troitiño -acusado de participar en 22 asesinatos y fallecido por enfermedad el pasado año- realizó tres llamadas de aviso con información confusa. Una fue a la Guardia Urbana, el mismo cuerpo al que pertenece este agente. Otra al propio establecimiento y la tercera al diario Avuí. En ellas, se alertaba de que la hora de la explosión sería 38 minutos antes de la real. Los agentes de la Policía, la seguridad del propio centro comercial y miembros de la Guardia Urbana buscaron la bomba sin éxito (Troitiño nunca alertó de que estaba en el interior de un vehículo) y el centro comercial no fue desalojado, al contrario de lo que marcan ahora los protocolos.
Según quedó acreditado en el juicio, era habitual que el establecimiento recibiera amenazas terroristas en esas fechas. Ese día, la de Troitiño era la sexta amenaza de bomba que había recibido el centro comercial desde que abrió por la mañana. Al pasar la hora marcada en la llamada, los agentes trataron el caso como una falsa alarma. Sin embargo, el artefacto explotó casi 40 minutos después, en contra de la alerta comunicada por el comando y segando 21 vidas en el mayor atentado que ETA perpetró en Barcelona.