Pedro Sánchez tiene el camino despejado. Podrá tramitar sus terceros y últimos presupuestos, con los que encara la recta final de la legislatura, con más apoyos de los que obtuvo en su investidura en 2020. En aquella votación consiguió 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, las de ERC y Bildu. Esta vez puede superar los 187.

Desde Bruselas, donde más cómodo se encuentra el presidente del Gobierno últimamente, ha presumido de que su Ejecutivo, con 153 escaños, "hace los deberes". Sánchez saca pecho de que desde 2015 no se han aprobado tres presupuestos seguidos en "tiempo y forma".

Sus socios parlamentarios, desde los independentistas catalanes a los nacionalistas vascos pasando por los partidos minoritarios, le han dado estabilidad aprobando sus cuentas públicas y todo el paquete legislativo del Gobierno en un contexto de especialmente complejo: pandemia, guerra a las puertas de Europa, crisis energética sin precedentes e inflación desbocada. A eso se suma que es el primer Ejecutivo de coalición de la democracia y que el PSOE, con 120 escaños, tiene que negociar hasta la extenuación. Aún así ha sufrido votaciones de infarto en el Congreso como la de la reforma laboral.

De momento los presupuestos con mayor inversión en gasto social de la historia, como vende el Ejecutivo, pasarán su primer examen en el Congreso el jueves que viene con una holgada mayoría si no hay sorpresas. ERC, el PNV y Bildu, sus principales aliados, no han registrado enmienda a la totalidad.

Cumpliendo el ritual despejaron la incógnita sobre la campana, apurando los plazos que marca el reglamento del Congreso. El PNV porque ha cerrado con el Gobierno la renovación del cupo vasco, un acuerdo fundamental para Euskadi. ERC y Bildu, con más reticencias, porque quieren dar una oportunidad a la negociación. Eso sí, avisan de que su voto final no está cerrado.

En cualquier caso en el Ejecutivo no contemplan que esos 18 diputados que forman Esquerra y Bildu voten a favor de las 7 vetos que como estaba previsto han registrado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y los diputados expulsados de UPN. "Irreales", "ficticios", "electorales", "irresponsables", Injustos", "viciados", "tomadura de pelo". Son los calificativos que les han puesto esas formaciones que suman 159 votos. En principio Coalición Canaria y el BNG podrían situarse en la abstención.

Enfrente el Gobierno se asegura una mayoría de 187 votos para la votación del jueves donde solo necesita mayoría simple, más síes que noes. La negociación con los grupos parlamentarios que lideran la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de la Presidencia, Félix Bolaños, continua abierta.

ERC fue el primero en mandar un comunicado media hora antes de que cerrase el registro del Congreso anunciando su decisión con el argumento de dar margen a las negociaciones que todavía están en marcha y subrayando que son plenamente conscientes del contexto grave de crisis económica y social que vive el país.

"Estamos muy lejos de poder aprobar las cuentas", señalan en Esquerra porque los presupuestos, a su juicio, tienen un "amplio margen de mejora". Los republicanos citan medidas estructurales "exigentes" en materia de vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social. Reclaman además el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras en Cataluña porque su ejecución ha sido "manifiestamente insuficiente".

Para ERC es "imprescindible" que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones y poder llegar a acuerdos. Ni palabra en ese comunicado sobre el conflicto político, la desjudicialización, avanzar en las "medidas antirepresivas" para las personas que todavía tienen causas judiciales pendientes por el procés o el delito de sedición. Esas han sido las peticiones de los republicanos en los últimos días.

Sánchez desliga el apoyo de ERC a la posible reforma del delito de sedición en el Código Penal. "Nada tiene que ver una cosa con la otra", dijo el presidente del Gobierno que mantiene su compromiso de cambiar el Código en los delitos en los que España no es "homologable" con las principales democracias europeas. Pero será, como ha remarcado en varias ocasiones, cuando cuente con la mayoría parlamentaria para hacerlo. Según el presidente ahora no tiene esos apoyos: "A día de hoy no parece que los tengamos".

Tras ERC llegó EH Bildu que se pronunció en términos similares: mantener abierta la negociación porque las conversaciones con el Gobierno avanzan. Los independentistas vascos no han entrado en el fondo de sus exigencias más allá de reclamar medidas sociales que "hagan avanzar y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social y trabajadora".

Recuerdan que ellos no tienen "ningún compromiso" con este Gobierno y que es él quien tiene que ganarse sus votos. También avisó de que su posición final en la votación del jueves no está decidida: "El Gobierno no debe dar por hecho ningún escenario, todas las opciones siguen hoy abiertas".

Sin duda el más satisfecho ha sido el PNV. Los nacionalistas vascos fueron los últimos en confirmar que no vetarían las cuentas. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, salió en rueda de prensa desde Bilbao para subrayar la importancia del acuerdo alcanzado con el Gobierno en un asunto trascendental para Euskadi: la renovación del cupo.

El pacto pasa por que esa renovación se haga "en los mismos términos y parámetros" que se acordaron con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, también para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de ese año. Esteban informó que la negociación sigue "abierta" en otros asuntos y se pueden producir más acuerdos en los próximos días.

Las cuentas públicas pasarán su primera prueba de fuego si no hay imprevistos pero el Gobierno sabe que todavía le queda mucha negociación por delante para su aprobación definitiva a final de año.