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"¡Se nos mueren clientes esperando su juicio!". Acalorado, el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, nos cuenta la guerra que sostiene desde hace años contra los retrasos de la Justicia. Este lunes, espera ganar una importante batalla en el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías va a estudiar un recurso de amparo suyo por un juicio laboral. Presentó una demanda en junio de 2021 y, tras admitirla a trámite, el juzgado le dijo que la fecha del juicio sería a finales de 2024. Tres años y medio de plazo para resolver un asunto por el contrato postdoctoral de su cliente José Luis.
El caso de José Luis no es aislado, explica Daniel: "Se están señalando juicios para dentro de tres y cuatro años. A día de hoy, hay algunos a los que les ha puesto como fecha finales de 2026. Muchos son demandas de cantidad tras un despido y asuntos similares. Según su experiencia, eso supone que muchas veces el cliente no puede esperar tanto tiempo, "y se acaba conformando con las migajas", con lo que le paga el Fondo de Garantía Salarial, que suele ser mucho menos de lo que les corresponde.
Daniel ha tenido casos en los que los clientes se han quedado sin nada porque la empresa había entrado en liquidación antes del juicio. Son consecuencias de unos retrasos que se sufren en todos los ámbitos y a los que él ha plantado cara, porque "una justicia tardía no es justicia", asevera.
"Tuve la gran suerte de que mi cliente, desde el principio, ha confiado en mí y me dijo que podríamos llegar a donde hiciera falta" dice Daniel que espera que este lunes el Constitucional ponga punto final al procedimiento, pero que si es necesario llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulneración de dos derechos: a la tutela judicial efectiva y al derecho a un juicio sin dilaciones.
A la pregunta de cuánto supone económicamente prolongar un caso hasta el Constitucional, responde que puede encarecer el procedimiento en algo menos de mil euros, algo que no todo el mundo puede afrontar, y menos después de un despido.
Por motivos económicos, y también de agotamiento, la mayoría de los clientes suelen desistir mucho antes, explica el abogado. Por eso, considera una suerte que Daniel sí tuviera los medios y las ganas de pelear para llegar al Constitucional.
En el caso de José Luis, hizo su doctorado y se le prometió que si defendía su tesis un año antes de lo previsto, le concederían un contrato postdoctoral: "Mi cliente hizo un gran esfuerzo para hacerlo antes y ahora se ve con que no va a haber ese contrato, que sirve para abrir muchas puertas, afecta a proyectos en los que ha trabajado y le trunca posibles promociones laborales".
Cuando llegaron al juzgado, en 2021, les admitieron la causa, pero les señalaron el juicio para noviembre de 2024. Recurrieron, pero la respuesta que se encontraron en el juzgado fue que tomaban nota por si encontraban un hueco. Así que siguieron adelante, también cuando hubo un cambio, de 2024 a 2023.
Ni ese acortamiento de los plazos, ni otro adelanto posterior, para diciembre de este año, les han hecho desistir: "Esto significa que cuando se quiere, se encuentra hueco", asevera. Este lunes, José Luis y Daniel estarán pendientes del Tribunal Constitucional, aunque ajenos al bloqueo de su renovación y demás asuntos de tinte político. Lo que a ellos les importa es su recurso de amparo, que si prospera, según Daniel, puede hacer "tambalear la Administración de Justicia". Porque aunque ha habido pronunciamientos del TC sobre retrasos, nunca han sido sobre los señalamientos.
"Estoy seguro de que el viernes vamos a brindar con alegría y vamos a llorar de felicidad", señala Daniel, que espera que el Tribunal Constitucional diga que se han vulnerado los derechos de su cliente a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva.
A partir de ahí, si los magistrados le respaldan, darían la orden de señalar el juicio para fechas próximas, aunque eso ya ha ocurrido de forma paralela y el juzgado puso fecha para finales de este año.
Pero para él, el punto más relevante es el tercero, porque eso supone que se abra una vía para solicitar responsabilidades. Además, está convencido de que eso puede desembocar en una avalancha de recursos y demandas, que podrían movilizar no sólo a los ciudadanos con problemas similares, sino también a los operadores jurídicos para pedir más medios.
Daniel ha sido interino en un juzgado y asegura que no culpa a los funcionarios, porque sabe que están hasta arriba y que a veces no se levantan del asiento salvo para necesidades vitales. Sin embargo, cree que se puede hacer mucho, "pero no puede ser los platos rotos los paguen siempre los mismos, los justiciables", exclama por teléfono desde Sevilla.
No discute que haya que crear más juzgados, pero en su opinión, lo más eficaz sería reformar la planta judicial y fomentar los medios telemáticos para agilizar los procedimientos.
Además, en el caso de vistas laborales, incide en que se trata de sesiones muy breves y en la que todo está claro. "A veces duran cinco o diez minutos. No puede ser que haya que esperar tres o cuatro años para eso".
Aunque es un letrado joven, Daniel lleva mucho tiempo ocupándose de temas como este: "Nadie acude a la Justicia por capricho, pero hay clientes que prefieren perder dinero que la salud mental", alega a la hora explicar por qué muchos demandantes desisten sin llegar al final.
Y no sólo eso. Además de las repercusiones para los clientes, también están las que sufren los letrados, que cobran cuando se solventa el procedimiento: "¿Qué hacemos mientras tanto, de qué vivimos y de qué viven nuestros clientes?", se plantea.
Varias veces, en su conversación con NIUS, Daniel se queda de falta de apoyo por parte del Colegio de Abogados de Sevilla, que según él, sólo le mostró su respaldo tras una reprimenda del Defensor del Pueblo: "Sólo cuatro compañeros me apoyan", el resto, nada.
"Algunos compañeros te dan una palmadita en la espalda por pelear, pero a la hora de la verdad, ni una llamada ni un mensaje", insiste.
En los últimos días, su teléfono no para de sonar. Pero la mayoría de las llamadas son de periodistas que le preguntan por la llegada de su caso al Tribunal Constitucional. Reconoce que, aunque esperanzado, está nervioso. No ha puesto velas, pero como devoto, se encomienda a su Esperanza de Triana, que siempre lleva en el bolsillo, aunque esta vez, sabe que el único que le puede amparar es el Tribunal Constitucional.