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El acuerdo presupuestario dentro del Gobierno se selló de madrugada, in extremis, tan solo unas horas antes de que el Consejo de Ministros aprobase los terceros y últimos Presupuestos de Sánchez para encarar la recta final de la legislatura. Son los más expansivos y los que cuentan con mayor inversión social de la historia, casi 275.000 millones de euros. Y esa es la gran baza que jugará el PSOE y Podemos en la compleja negociación que comienza ahora con sus socios de investidura. Ahora mismo el Ejecutivo solo tiene asegurados 153 votos en el Congreso, insuficientes para aprobar las cuentas públicas.
Todos los aliados le recuerdan a Sánchez que el Presupuesto no tiene garantizada la mayoría absoluta y que sus votos no van a ser gratis. Como es habitual empieza la presión reclamando más inversiones para sus territorios, cumplimiento de transferencias pendientes y más gasto social. En general, la predisposición al diálogo es buena pero hay diferentes matices en cada partido . Eso sí, ninguno ha marcado de momento líneas rojas infranqueables o ha puesto condiciones maximalistas para dar sus votos.
La música no les suena mal pero exigen conocer la letra pequeña, se repite la queja de que nadie les ha llamado para explicarles el contenido concreto más allá de lo que han visto en los medios de comunicación. Ya ha habido contactos previos con todos aunque las conversaciones de fondo, con los números y las cifras encima de la mesa, se intensificarán a partir de esta semana cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente el PGE en la Cámara y se ponga en marcha el trámite parlamentario que tendrá la primera prueba de fuego en el debate de totalidad. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero de 2023.
La meta del Gobierno es conseguir un apoyo similar al de los dos anteriores. El Presupuesto que está vigente, el de 2022, tuvo el voto afirmativo de 11 partidos: 188 votos. Aunque para llegar hasta ahí el Ejecutivo tuvo que sufrir. ERC y PNV mantuvieron su amenaza de presentar una enmienda a la totalidad hasta el final.
En Moncloa presumen de que son las cuentas públicas para la mayoría social frente al "sálvese quien pueda" que predica el PP, las que van a proteger a las familias y las que escenifican la estabilidad política. "Frente a los agoreros y catastrofistas", dijo la ministra portavoz Isabel Rodríguez, "son los PGE que dan estabilidad a España y a nuestra economía". En la misma línea incidió la ministra Montero que es optimista sobre la negociación con los socios: "Estamos convencidos de que lograremos sacar adelante estas cuentas públicas. Cuando aprobamos los primeros, dijeron que no habría segundos. Cuando aprobamos los segundos, dijeron que no habría terceros. Pero aquí estamos dispuestos de llevar al BOE los terceros PGE consecutivos". Es el argumentario de todo el Gobierno comenzando por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que sellaron el acuerdo con una foto previa al Consejo de Ministros.
"¿Cómo va a convencer a sus socios?", se le preguntó al portavoz parlamentario del PSOE. "Sentándonos en una mesa. A negociar y a pactar", respondió Patxi López que junto a Hacienda y Presidencia formará parte del equipo negociador. Ahora comenzará la retahíla de reuniones donde los partidos bajarán al detalle arrancar compromisos al Gobierno, cada uno mirando a su comunidad.
ERC condicionó la aprobación de los Presupuestos de 2022 al reconocimiento del catalán en la Ley Audiovisual. Aquello costó horas y horas de negociaciones y la amenaza sobre el PGE se mantuvo hasta el último minuto. Fue una línea roja. Ahora, los republicanos viven una profunda crisis en el Govern con la posibilidad de que el pacto con Junts salte por los aires. Ese delicado panorama condiciona todo el escenario. Una ruptura podría otorgar un nuevo papel al PSC en la estabilidad y afectar a la negociación en Madrid.
Los 13 diputados de ERC son determinantes para hacer inclinar la balanza. De momento Gabriel Rufián ya ha avisado de que "el voto de ERC se suda" y ha recomendado a PSOE y a Podemos que se ahorren el 'pressing' porque no va a servir de nada. "El Gobierno sabe perfectamente lo que quiere, lo que pretende y lo que sugiere ERC", dijo el portavoz republicano que evitó dar detalles concretos ni marcar condiciones aunque en Esquerra siempre han subrayado la necesidad de adoptar "medidas antirepresivas" para mejorar la situación de las personas encausadas por el 1-O. Respeto a si exigen una retirada del delito de sedición se limitó a decir que "es bueno democratizar" y a recordar que es un delito que no tiene homologación en el resto de Europa.
Los nacionalistas vascos, socios estratégicos de Sánchez, no se mojan y defienden que ahora es el momento de analizar los PGE y de intensificar las conversaciones y negociaciones con el Gobierno. Fuentes del PNV reclaman "voluntad política" para el cumplimiento de los acuerdos pendientes y señalan "la máxima predisposición" para lograr un nuevo pacto que centrará "en mejorar el día a día de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra".
Desde el Gobierno en Euskadi se "insistirá" en el traspaso de las competencias estatutarias pero desvinculan ese proceso, -sobre el que ya existe un compromiso entre los dos Ejecutivos-, de la negociación presupuestaria.
Bildu, que ya votó a favor de las cuentas de Sánchez, parece predispuesto a volver a hacerlo. Los independentistas vascos reiteran su voluntad de negociar las cuentas para que el último año de la legislatura se aborde "con políticas de izquierdas".
Valoran que el Gobierno haya intentado "imprimir un marcado carácter social" al Presupuesto y exigen que eso se traduzca en políticas eficaces. "La pelota está en el tejado del Gobierno. No debe olvidar que no cuenta con mayoría suficiente. Le toca dialogar, negociar y atender las demandas de los partidos del bloque plurinacional de izquierdas. La negociación empieza ahora", señaló la portavoz Mertxe Aizpurua.
La primera valoración de Íñigo Errejón, líder de Más País, es positiva aunque también incide en que el texto aprobado por el Gobierno no tiene mayoría y ahora toca negociar con los socios de investidura para que "la música que nos suena bien se concrete en una letra que sea adecuada".
A Joan Baldoví, de Compromís, también le gustan algunas de las cosas comprometidas como la subida de los salarios de los funcionarios o el incremento en partidas para la dependencia, pero ha condicionado el apoyo a la mejora de la financiación y al incremento en la inversión en infraestructuras para la Comunidad Valenciana.