La guerra sucia contra Podemos contada por el protagonista: "Saqué los documentos del servicio secreto venezolano pero la Policía no los entregó al juzgado"

El viceministro de Energía, Javier Alvarado fue la persona que recibió el encargo personal del director adjunto de la Policía Española, Eugenio Pino, de aportar a la cúpula policial del Partido Popular en 2014 información contra Podemos. Alvarado no tenía acceso directo a esos supuestos datos, pero según reconoció la pasada semana en una declaración judicial, tras la reunión con los agentes españoles se puso en contacto con el exdirector de la inteligencia venezolana entre 2001 y 2002, Carlos Luis Aguilera, además del entonces director del servicio secreto militar, Hugo El Pollo Carvajal para aportar cerca de 300 documentos que fueron entregados según su versión, en persona en el despacho del propio DAO. 

Allí y tras una primera reunión que duró cuatro horas, recibió el encargo de aportar todos los datos sobre Podemos que pudiera sacar de Venezuela. Fue su entonces abogado, Javier Aliste, ahora investigado, quien le concertó la cita con Pino y con otros agentes de la Brigada Operativa de Apoyo (BOA) como Bonifacio Díaz. “Le doy una lista de este contrato, aquella empresa, aquellos políticos. En una mesa redonda. Eugenio Pino, Bonifacio, Catalán, Lucho, otro oficial y Aliste [...] Centenares de documentos. Eran puntos de cuentas de Chaves, de empresas eléctricas, Elecnor, Duró Felguera, puntos de cuentas del presidente de esos contratos, asesorías y consultorías de embajadores [en clara referencia al caso del embajador Morodo abierto por la UDEF], aprobaciones internas de PDVESA a empresas españolas, americanas, francesas. Estoy entregando todo lo que tengo y le pido a los directores, cosas a dedo, multimillonarias. Fuentes allá que querían que se conociera la actuación de Ramírez y de Chávez”, explicó la pasada semana Alvarado. Al ser preguntado en primera instancia, el político venezolano contestó: “Papeles no tengo nada de Podemos pero yo puedo hablar con las agencias de inteligencia”. 

A ellos y en una segunda reunión entregó Alvarado la documentación que, según su versión, no fue después trasladada a juzgado alguno por parte de los agentes. “A las dos semanas, vi uno de esos apuntes de cuenta sobre Podemos publicado en la prensa”, explicó el viceministro venezolano en su declaración completa, a la que ha accedido NIUS.  Además de supuestos datos sobre pagos al entorno de Podemos desde el Gobierno venezolano, la documentación contendría datos sobre importantes contratos públicos entregados a dedo por el Ejecutivo de Hugo Chávez, y otra documentación vinculada a negocios de Repsol, Duró Felguera o Iberdrola en Venezuela. Sin embargo, hay un elemento que desmonta esta versión de la pasividad policial denunciada por Alvarado, ya que una cuestión sí fue judicializada entonces entre las aportadas por el dirigente chavista en 2014: la de los negocios privados en Venezuela del exembajador Raúl Morodo, cuya investigación permanece abierta en la Audiencia Nacional.

Alvarado, que obtuvo la nacionalidad española y está investigado en otra causa por la Audiencia Nacional, declaró en esta ocasión como testigo, durante las pesquisas que un juzgado de Madrid mantiene abiertas por la presunta existencia de una red que extorsionaba a oligarcas venezolanos a cambio de supuestos favores en sus investigaciones judiciales. 

Uno de esos servicios sería conseguir el desbloqueo de las cuentas financieras que estos oligarcas tenían paralizadas tras varias investigaciones financieras en España, Portugal y Andorra. Y es ahí donde Alvarado cita de nuevo el supuesto papel de Eugenio Pino: “El director de la policía, conociendo eso de las cuentas, llama frente a mí a alguien del banco BBVA, ordenando que el señor Alvarado es una pieza de inteligencia de España, que le desbloqueen las cuentas. Igual no me las desbloquearon. El director Pino también hace esfuerzos en ese negocio”. 

Según la versión aportada ante la Justicia, Alvarado explicó que tras entregar la documentación, le solicitaron 1,4 millones de euros en pago de los supuestos “favores” que iba a recibir de sus “protectores” en España. Sin embargo no especificó de forma textual cómo y cuando se le exigió ese pago, ni aportó documento alguno que lo acredite. Lo que sí ha reconocido el exmandatario venezolano es que pagó 40.000 euros. Un dinero que sería para abonar esos presuntos servicios pero que los acusados enmarcan dentro de los servicios profesionales y de asistencia letrada que le prestaron. Frente al juez, Alvarado mantuvo que le exigieron mucho más, y que al cerrarse en banda comenzaron sus problemas en España. 

El más importante según la misma fuente, fue su imputación por parte de la Audiencia Nacional en una querella contra él presentada en España por la petrolera estatal PDVSA por un presunto desfalco millonario. Para defender los intereses de la compañía venezolana en España, sus directivos contrataron como abogados al despacho Ilocad, controlado el jurista y exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Allí y según explicó Alvarado al juez, el equipo de Ilocad presentó en 2018 una querella contra Alvarado y otros oligarcas venezolanos donde figuraba parte de los documentos que él mismo habría entregado a la policía española años antes. Alvarado recordó en su declaración judicial que el mismo despacho se ha encargado también de la defensa de Eugenio Pino en procedimientos como la llamada Operación Kitchen y mantiene que en esa causa, la UDEF, que hace a su juicio unos informes "quirúrgicos", entregó un trabajo de investigación, según sus palabras, cargado de errores "que no comete ni un niño". Sin embargo, cabe recordar que su imputación fue confirmada tanto por el juzgado que lleva el caso como por la sala a la que recurrió después.