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La decisión del presidente valenciano Ximo Puig de bajar el IRPF a los valencianos que ganen menos de 60.000 euros complica la estrategia del Gobierno sobre los impuestos y monopoliza el debate político. Ningún ministro ha querido criticar directamente al presidente valenciano y todos han intentado echar balones fuera sobre si conocían o no sus intenciones. Pero todos dejan claro que al Ejecutivo no le gusta la competición fiscal a la baja en la que han entrado las comunidades autónomas, tampoco el movimiento de Ximo Puig. Ponen como bandera el mantenimiento del estado del bienestar y piden "coherencia" a las autonomías porque nuestro país está recibiendo 140.000 millones de fondos europeos.
En Moncloa, eso sí, se esfuerzan por diferenciar entre lo que han hecho las comunidades del PP suprimiendo el impuesto de patrimonio con la medida adoptada por el socialista que beneficia al 97% de los valencianos. Aún así la decisión de Puig, uno de los barones más importantes, escuece más si cabe cuando el Gobierno está a punto de hacer público su paquete de medidas fiscales que está elaborando el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. La presentación será en los próximos días, cuando se cierre la negociación con Unidas Podemos.
"No hay ningún malestar. El Gobierno tiene muy claro cuál es su proyecto", ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez preguntada por Puig evidenciando que ese proyecto no es el de la deflactación. Ha insistido en que el Ejecutivo tiene "muy clara su hoja de ruta" que es asistir a las familias, las empresas, las pymes y los autónomos y que los que más tienen contribuyan más. En ese contexto ha recordado el impuesto a las grandes eléctricas y las entidades financieras.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha instado a las comunidades a competir por el estado del bienestar y no por bajar los impuestos. "Me interesa menos una competencia fiscal a la baja que una competición del estado del bienestar al alza", ha asegurado el ministro que ha puesto como ejemplo las políticas del Gobierno de coalición para conseguir "un reparto justo" de las cargas fiscales para que los que más tienen aporten más para tener un estado del bienestar fuerte.
Desde Unidas Podemos, el ministro de Consumo Alberto Garzón, a través de un tuit, ha alertado de que "asumir el marco de bajada de impuestos es perder anticipadamente" porque es "alimentar a quien odia lo público". Para el coordinador general de Izquierda Unida "lesionar" los sistemas fiscales justos y progresivos "no es coherente con ningún programa de izquierdas".
La batalla fiscal ha sito también la protagonista de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez ausente por su positivo en COVID. Han sido las dos vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera el blanco de los ataques de la derecha. Varios diputados del PP han tirado de la decisión del presidente valenciano para reclamar al Gobierno que siga el mismo camino.
Calviño ha acusado al PP de hacer una política fiscal "destructiva" e "irresponsable" con el único objetivo de recortar el estado del bienestar frente a la política "adecuada"m ha defendido que practica el Gobierno para que el país siga creciendo con fuerza.
Ha subrayado que las recetas del PP de bajadas de impuestos son las mismas que ha puesto en marcha el Gobierno de Reino Unido y que están llevando al país "al desastre". Una política, sostiene, "calcada a la del PP" que están censurando todos los organismos internacionales incluido el Fondo Monetario Internacional. Previamente el diputados popular Carlos Rojas había cargado contra la gestión de Sánchez por "arruinar" el país. "Pregúntele al señor Puig", le ha espetado en un momento de su intervención.
Mientras, la ministra de Hacienda ha vuelto a rechazar la "espiral" de bajadas fiscales y ha pedido a todas las comunidades autónomas "coherencia" porque a la vez que están bajando impuestos están reclamando más recursos al Gobierno central. De forma tajante se ha mostrado contraria a las "bajadas masivas de impuestos" que desaconsejan esos organismos y también ha puesto como ejemplo el caso del Reino Unido y los efectos negativos que ha provocado sobre la libra esterlina las reducciones anunciadas por la nueva primera ministra.
El Gobierno añade un punto más al "debate sosegado" que reclama a las comunidades. Hay que ser, dice, coherente con Europa porque España está recibiendo 140.000 millones de euros de fondos europeos que pagan todos los ciudadanos europeos.