El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid sospecha que el empresario Alberto Luceño o alguna otra persona hispanohablante y cercana a él puede estar detrás del correo electrónico que el pasado 22 de julio llegó al juzgado que investiga el caso Mascarillas con la supuesta versión del proveedor malayo que vendió los productos al Ayuntamiento de Madrid. El correo venía firmado por el ciudadano chino San Chin Choon. El mismo que se negó a comparecer en forma alguna ante el juzgado con anterioridad.
Tras analizar el contenido del correo, la Fiscalía alegó que el correo parecía escrito por una persona hispanohablante, lo que comenzó a levantar sospechas sobre Alberto Luceño, uno de los dos socios investigados en el caso junto al empresario Luis Medina, y la persona que trataba directamente con el proveedor malayo. Por eso el juez Adolfo Carretero aceptó crear una pieza separada sobre el asunto, que se saldó el pasado 20 de septiembre con el registro de la casa del empresario y de su vivienda.
Allí, además de tres cajas de información, los agentes encontraron un portaplacas con un emblema del Centro Nacional de Inteligencia, además de otra documentación con sellos del Departamento de Seguridad Nacional, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa. Cabe destacar que Luceño en sus contratos empleaba incluso los logos y anagramas del FBI estadounidense.
Entre el material decomisado por el juzgado están también los ordenadores y los distintos dispositivos informáticos utilizados por Luceño tanto en su vivienda como en su sociedad, llamada Takama Investment. El objetivo es doble: por un lado tratar de localizar comunicaciones entre Luceño y San Chin Choon que acrediten o desmientan la versión aportada por el empresario español en el juzgado, ya que Luceño no ha aportado a lo largo de la investigación información alguna a este respecto, y después tratar de averiguar si fue en realidad el investigado y no el proveedor malayo quien está detrás del correo remitido al juez.